Dos recientes casos ocurridos entre la cordillera de Los
Andes y una línea de continuidad dada por el río Uruguay, el gran estuario Del
Plata y el océano Atlántico (para ambos casos no se ha querido referir a esta geografía
como territorio argentino en resguardo de una mitad de su población que hace de
la identidad nacional un mérito).
Uno de ellos sucedió en el ámbito del Tribunal Oral Federal
Nº 4 con sede en la CABA, nunca mejor empleado el acrónimo de pésimo gusto para
llamar a la, según la
Constitución Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este
tribunal, compuesto por los “magistrados” Néstor Guillermo Costabel, Enrique
Pose y Patricia Mallo consideró que no había mérito para condenar a Domingo
Felipe Cavallo por los daños infligidos al país y a su pueblo en las operaciones
financieras que dieron en llamarse “megacanje de deuda”, poco antes del
estallido de la miseria de los años 2001 y 2002. La fiscal de Estado, tan de
Estado como los referidos “magistrados”, había pedido una condena de solamente
tres años de cárcel, que no es de cumplimiento obligatorio, argumentando que
era suficiente con el escarnio social sobre el cordobés lanzado al ruedo de las
triquiñuelas por la
Fundación Mediterránea de Arcor, y estrenado en la “función
pública” entre 1976 y 1983 de la mano del célebre bandolero y torturador José
Alfredo Martínez de Hoz y sus asociados. Joe,
como significativamente era apodado, descendía en línea directa de un fuerte
comerciante español y porteño que coordinó la financiación del genocidio de los
pueblos originarios de las campiñas bonaerense y patagónica (la “Campaña del Desierto”
del general Julio Argentino Roca) para arrebatarles la tierra y consolidar el
capitalismo agropecuario en el siglo XIX.
El periodista Miguel Bonasso, en Página/12 del 24 de marzo del año 2000 –en una edición dedicada al
recordar la nefasta fecha de 1976–, afirmó que:
Domingo
Cavallo colaboró con el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz a lo
largo de la etapa más represiva de la dictadura militar que comandaba el
teniente general Jorge Rafael Videla. Durante años, Cavallo cultivó la imagen
de un técnico que se había asociado al Proceso recién en la fase final que
condujo el general Reynaldo Bignone, y que lo hizo ignorando que había miles de
desaparecidos. Una somera revisión de la revista trimestral Estudios, órgano de la Fundación Mediterránea
que dirigía el propio Cavallo, revela que en los años 1979 y 1980 […] realizó
una trascendente investigación sobre tarifas públicas para el número dos de
“Joe” Martínez de Hoz, el entonces secretario de Estado de Coordinación y
Programación Económica, doctor Guillermo Walter Klein. Un discurso de Cavallo
ante Klein, reproducido por Estudios,
revela también que no se limitó a lo técnico sino que compartía los
lineamientos ideológicos de la doctrina de seguridad nacional que fundamentó el
terrorismo de Estado aplicado por los militares: “Se trata de contribuir de
manera inteligente a reducir a un mínimo las contradicciones del sistema social
que los ‘enemigos’ de nuestra cultura se especializan en aprovechar conforme a
su bien explicitada praxis política para destruir a las sociedades libres”. (El
destacado es nuestro, el decisivo vocablo “enemigos” le pertenece plenamente a Cavallo.)1
El otro caso sucede en una ciudad y geografía desde otrora
llamada “la docta” por sus antiguas casas de altos estudios originalmente
regenteadas por la Compañía de Jesús, mucho antes de nuestra ya bicentenaria ruptura
con la dependencia colonial de España, y en la que creció el apenas recién
referido Dominguito nacido en 1946 (un joven brillante en 1976: apenas treinta
años, la edad que entonces tenían tantos asesinados y desaparecidos).
La
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), una institución académica
del Estado argentino, cuna, además, del célebre movimiento de Reforma
Universitaria de 1918 que se expandió por toda América, tiene una señal de
televisión digital informativa –Córdoba
en Noticias, CBA24N– que forma parte del complejo radiotelevisivo
universitario que comprende también a Canal 10 de TV y Radio Universidad.
La empresa de distribución de señales de TV por cable que
funciona en casi todo el territorio referido en el párrafo inicial, Cablevisión
–históricamente vinculada a otra “Compañía de compañías”, de la que forma parte
el diario Clarín–, por reclamo de la propia Universidad
fue apercibida judicialmente de que debía incluir a
CBA24N en su “grilla” de distribución. Cablevisión lo hizo,
pero sobreimprimiendo un cartel donde dice que lo hace “porque fue obligada”.
La UNC denunció el cartel de censura y un Juez Federal (Alejandro Sánchez
Freytes) intimó ahora a la “distribuidora” a quitarlo porque interfiere la
emisión, habrá que ver qué pasa. Otro dato curioso es que la empresa dueña de
los cables y empeñada en tal censura distribuyó CBA24N solamente entre sus
abonados del servicio básico, pero no entre los que pagan por señal digital de
alta resolución (con decodificador). Deben suponer su ejecutivos que a sus
clientes “top” no les interesa la
información seria y fidedigna. Son partidarios, es evidente, de la “democracia
de primera” que promocionan los mercaderes de mentiras, de pulsiones de
destitución popular y pánico social.
Esta mentada “justicia”, con minúsculas y comillas, tiene un
síndrome de nacimiento. Nacida o “criada” del establishment son muy pocos sus
miembros dispuestos a abandonar privilegios y repudiar la filiación. Como
muestra véase el caso de un cortesano destacado que el pasado 2 de octubre y
muy suelto de cuerpo manifestó públicamente en la VI Conferencia Nacional
de Jueces, en Mar del Plata:
“Todavía
estamos esperando políticas de Estado claras, coordinadas y concretas contra el
narcotráfico”. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti,
pidió hoy que el Estado dé un “mensaje claro” respecto a la despenalización del
consumo de drogas.
“No
se puede decir «tienen prohibido fumar» y después decir que se puede consumir
cocaína en este lugar; suena contradictorio”, aseguró.2
¿Quién, según Lorenzetti, dijo “se puede consumir cocaína en
este lugar”? Con seguridad que no lo dijo nadie con funciones en la atención de
la drogodependencia.
Lorenzetti lo afirmó mañosa y provocativamente. Su conducta,
así, es tan tendenciosa como las del juez distrital de Nueva York Thomas Griesa.
Que no se ofenda ahora…
Solamente otro juez del mismo tribunal superior, y que ya
anunció que se retira a fin de año para pasar a actuar en la docencia
universitaria del conurbano bonaerense (¡lo bien que hace!), Raúl Zaffaroni,
fue explícito aludiendo a «la necesidad de reforzar la política “asistencial”
de tratamiento a quienes sufren una adicción, “distinguiéndola nítidamente” de
lo que es la “represión del narcotráfico”», y señaló:
La
no punición del consumidor es algo que sostengo desde hace treinta años; es
absurdo, lo único que hace es derivar esfuerzos del control del narcotráfico,
que es adonde tendría que ir.
Notas:
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