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jueves, 30 de junio de 2016

En Argentina es “ley” el desmantelamiento de la seguridad social



En el sitio de internet del denominado “Honorable Senado de la República Argentina” (http://www.senado.gov.ar/senadores/listados/listaSenadoRes) encontrarán los lectores los rostros, correos electrónicos y teléfonos de quienes figuran en la nómina clasificada más abajo: muy pocos parlamentarios dignos, solamente once contra cincuenta y seis que no tuvieron respeto por sí mismos y menos por la dignidad popular al haber aprobado una ley que hará como que blanquea sólo parte de las millonarias acreencias de quienes las ocultaron esperando al virrey mesías, y pone en potencial riesgo el sistema de seguridad social argentino. Los miembros de la lista más numerosa creen que todos somos de su misma condición, pero no es así: en oportunidad próxima veremos la diferencia entre res-pública y cosa privada.



Lo que ha pasado es grave. Lo posibilitó una mayoría poblacional inexistente como categoría sociológica o política pero que se cree “educada” y expresa así su ilusión de “movilidad social y progreso”; en la cruda realidad un grupo ética y moralmente degradado al que en el vocabulario del establishment ideológico al servicio de la clase  dominante se denomina “clase media”.



Incluso perteneciendo a distintas clasificaciones y calificaciones profesionales, los trabajadores conscientes de nuestro papel en la sociedad sabemos que no son las diferentes capacidades de compra ni los saberes adquiridos las peculiaridades que convierten a las personas de una familia o grupo social en “clase” distinta. La clase antagónica de nosotros los trabajadores es la que concentra y “gestiona” la propiedad de los medios de producción, del mercadeo y de la formación de opinión pública, la que mediando los bajos salarios y la constitución de oligopolios se apropia de una parte sustancial del valor que el trabajo agrega a las mercancías. Los meros “dueños” de un taller o fábrica pequeños, los chacareros o los trabajadores cuentapropistas, los profesionales, docentes, académicos e investigadores científicos también pertenecen a la clase trabajadora aunque muchísimas veces no sean conscientes de que es así.



Este momento de aprobación de la llamada “ley ómnibus” es un punto de inflexión en la declinación de los derechos populares históricamente conculcados por la oligarquía agraria, industrial y financiera y sus tecnólogos, a la que en la nueva etapa mundial y latinoamericana se han superpuesto los súper gerentes reconvertidos en sabios orgánicos del gran capital que cooptan el aparato cultural de masas y a políticos profesionales mercenarios.



Como espejo de esa declinación más temprano que tarde se impondrá otra curva, pero ascendente, de desarrollo de la lucha popular. Es lo que en el final de su artículo “El lumpencapitalismo” plantea Jorge Beinstein.1



No puede obviarse pensar en un escenario distinto al ocurrido en el Senado argentino en la noche del pasado miércoles. Si veinticinco parlamentarios votados en las listas del Frente por la Victoria no hubieran traicionado el voto que los ungió y adherido a la propuesta del oficialismo macrista, sumándose como correspondía a los once senadores “éticos” que más abajo se identifican, y además se hubiera hecho presente el “ausente” gran cineasta de Sur (1988)2, habrían sumado treinta y siete votos en contra frente a treinta y uno a favor del proyecto oficial. Ello habría significado una declinación opuesta y favorable al campo popular, de la grave falla tienen que hacerse cargo no pocos dirigentes de dedos en ve.



Al final se reproduce como apéndice, para evitar dirigir a los lectores al sitio del diario Página/12 donde hoy 30 de junio se publicó originalmente, el preciso artículo “El destino oculto del ómnibus fantasma”, del periodista Raúl Dellatorre.3



Once senadoras y senadores honorables, conscientes y respetuosos de los derechos populares votaron en contra… Nueve mujeres y dos varones:

Almirón, Ana Claudia (Corrientes, FpV); Crexell, Carmen Lucía (Neuquén, MPN); Fernández Sagasti, Anabel (Mendoza, FpV); Fuentes, Marcelo Jorge (Neuquén, FpV); García, Virginia María (Santa Cruz, FpV); Giménez, Sandra Daniela (Misiones, FRC); Godoy, Ruperto Eduardo (San Juan, FpV); González, Nancy Susana (Chubut, FpV); Labado, María Esther (Santa Cruz, FpV); Pilatti Vergara, María Inés (Chaco, FpV); y Sacnun, María de los Ángeles (Santa Fe, FpV).



Cincuenta y seis mercenarias y mercenarios votaron a favor… De ellos veinticinco traidores del voto y los derechos populares:

Abad Medina, Juan Manuel (Prov. Buenos Aires, FpV); Aguilar, Eduardo Alberto (Chaco, FpV); Aguirre, Hilda Clelia (La Rioja, FPR); Alperovich, José Jorge (Tucumán, FpV); Barrionuevo, Walter Basilio (Jujuy, FpV); Basualdo, Roberto Gustavo (San Juan, CP); Blas, Inés Imelda (Catamarca, FpV); Boyadjian, Miriam Ruth (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, MPF); Braillard Proccard, Néstor Pedro (Corrientes, EC); Cabral, Salvador (Misiones, FRC); Caserio, Carlos Alberto (Córdoba, AUC); Castillo, Oscar Aníbal (Catamarca, FCS); Catalán Magni, Julio César (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, FpV); Cobos, Julio César Cleto (Mendoza, AC); De Angeli, Alfredo Luis (Entre Ríos, AUER); De la Rosa, María Graciela (Formosa, FpV); Durango, Norma Haydee (La Pampa, FpV-PP); Elías de Pérez, Silvia Beatriz (Tucumán, AC); Espínola, Carlos Mauricio (Corrientes, FpV); Fellner, Liliana Beatriz (Jujuy, FpV); Fiore Viñuales, María Cristina del Valle (Salta, FpV); Giacoppo, Silvia del Rosario (Jujuy, UCR); Guastavino, Pedro Guillermo Ángel (Entre Ríos, FpV); Irrazábal, Juan Manuel (Misiones, FpV); Itúrrez de Cappellini, Ada Rosa del Valle (Santiago el Estero, FCS); Kunath, Sigrid Elisabeth (Entre Ríos, FpV); Linares, Jaime (Prov. Buenos Aires, FAP); Lovera, Daniel Aníbal (La Pampa, FpV-PP); Luenzo, Alfredo Héctor (Chubut, ChST); Luna, Mirtha María Teresita (La Rioja, FpVR); Marino, Juan Carlos (La Pampa, AC); Martínez, Alfredo Anselmo (Santa Cruz, UCR);  Martínez, Ernesto Félix (Córdoba, AC); Mayans, José Miguel Ángel (Formosa, FpV); Mera, Dalmacio Enrique (Catamarca, FpV); Mirkin, Beatriz Graciela (Tucumán, FpV); Montenegro, Gerardo Antenor (Santiago del Estero, FP); Negre de Alonso, Liliana Teresita (San Luis, ACF); Odarda, María Magdalena (Río Negro, AFP); Ojeda, José Anatolio (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, FpV); Pais, Juan Mario (Chubut, FpV); Pereyra, Guillermo Juan (Neuquén, MPN); Perotti, Omar Ángel (Santa Fe, FpV); Pérsico, Daniel Raúl (San Luis, FpV); Petkoff Naidenoff, Luis Carlos (Formosa, UCR); Picheto, Miguel Ángel (Río Negro, FpV); Pinedo, Federico (Ciudad Buenos Aires, AC); Reutemann, Carlos Alberto (Santa Fe, AC); Riofrío, Marina Raquel (San Juan, FpV); Rodríguez Machado, Laura Elena (Córdona, AC); Rodríguez Saa, Adolfo (San Luis, CF); Rozas, Ángel (Chaco, UCh); Urtubey, Rodolfo Julio (Salta, FpV); Varela, María (Ciudad Buenos Aires, AC); Verasay, Pamela Fernanda (Mendoza, AC); Zamora, Gerardo (Santiago del Estero, FCS).



Cinco no supieron ni contestaron (ausentes en la votación, quizá enfermos…):

García Larraburu, Silvina Marcela (Río Negro, FpV); Leguizamón, María Laura (Prov. Buenos Aires; FpV); Menem, Carlos Saúl (La Rioja, FPR); Romero, Juan Carlos (Salta, FPS); y Solanas, Fernando Ezequiel (Ciudad de Buenos Aires, AU), no sabemos si es que se ausentó o que se abstuvo a la hora de votar. Fue en su momento un muy buen cineasta, una pena…


"El destino oculto del ómnibus fantasma",
por Raúl Dellatorre:
 
El gobierno de Cambiemos logró imponer un paquete de reformas impositivas y previsionales a través de un sólo instrumento, una ley ómnibus que logró el apoyo de dos bloques opositores con un mínimo sacrificio sobre el objetivo de máxima, el proyecto original. Los beneficios serán mucho más restringidos de lo que se promete, y los costos ocultos demasiado importantes. Sobran argumentos para sostener que la llamada “ley de reparación histórica previsional” puede herir de muerte al sistema de seguridad social.



A través de un solo proyecto, el poder ejecutivo logró hacer pasar por el Congreso un blanqueo de capitales, un régimen de regularización de deudas tributarias, la eliminación gravámenes a los activos de las personas de mayor patrimonio (Bienes Personales) y de las empresas que los poseen pero no los aplican a la actividad productiva (Ganancia Mínima Presunta), la privatización encubierta de participaciones accionarias en poder de Anses y la legitimación de los acuerdos firmados con los gobernadores para la restitución paulatina del 15 por ciento de la coparticipación que se le asignaba a Anses. Todo ello, bajo el paraguas de una reforma previsional que, con el argumento de pagar “una deuda histórica”, reformulará el cálculo de haberes y cancelación de juicios en beneficio de una minoría y poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema.



La mayoría de esas reformas no habrían logrado aprobación en el Congreso si llegaban por separado. La eliminación de impuestos sobre los activos es retrógrada. El blanqueo de capitales favorecerá a quienes fugaron u ocultaron sus activos líquidos, sin ni siquiera obligar a repatriarlos. A la luz de los nombres involucrados en los Panama Papers, hay quien la califica como “autoamnnistía”.



Lo más preocupante, sin embargo, es lo que hay oculto detrás de la reforma previsional. El sistema de cancelación de juicios promete el pago del 50 por ciento de la deuda a los beneficiarios con sentencia firme o en trámite (a éstos, con quita) al contado, que representará un desembolso de unos cien mil millones de pesos este año, según especialistas en economía fiscal. Los ajustes de haberes a quienes le asiste el derecho pero no hicieron demanda insumiría otros 85 mil millones anuales, según estimación del gobierno.



El dinero saldría de los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del blanqueo, lo que a todas luces no alcanza. Eso deja abierto dos caminos: el endeudamiento o la liquidación de activos del FGS. El Gobierno echará mano a ambos, debilitando el sistema. Y aún queda otro paso: la ley votada preserva la existencia de “un régimen público y de reparto”, pero no le da carácter único y exclusivo. El régimen mixto, con la opción por un sistema de capitalización, es el objeto del deseo que tentará a los aportantes más ricos, la “crema” del sistema previsional. Otra forma de vaciarlo a mediano plazo.



Notas:


3 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/303020-78262-2016-06-30.html

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