NO A LA VENTA DE
ACCIONES EN EMPRESAS EN PODER DE LA ANSES
Son 90 mil millones de pesos en acciones, que en el último
bimestre tuvieron un fuerte crecimiento que aportó 21.299 millones de pesos al
Fondo de Garantía de Sustentabilidad:
Tras el negociado que realizaron las Administradoras Privadas de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) a partir de la década de 1990, el Estado
Nacional recuperó en 2008 para el sistema jubilatorio solidario las
"inversiones" mediante la compra de acciones en empresas que aquellas
“Administradoras” habían realizado con nuestros aportes en tanto trabajadores
argentinos. Esas acciones, por un monto de aproximadamente 90.000 millones de
pesos argentinos rinden utilidades que engrosan nuestra seguridad social.
Venderlas, como se ha informado que lo pretenden las autoridades nacionales
perjudica a los beneficiarios actuales y futuros de la ANSES.
La
ANSES avanza con el plan de venta de la participación del Estado en empresas
privadas a través de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS). El Gobierno quiere vender esos activos y destinar los fondos
recolectados “para planes sociales o para dar alguna contención”, dijo ayer el
titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, aunque se especula que el organismo
utilizará el dinero para pagar los juicios ganados por jubilados en los últimos
años. Son unos 90 mil millones de pesos en acciones, que en el último bimestre
tuvieron un fuerte crecimiento que aportó 21.299 millones de pesos al FGS. El
macrismo, que primero dijo que quería liquidar esos activos pero luego lo negó,
se enfrenta a un escollo político para llevar adelante su estrategia ya que la
venta de esas acciones exige una mayoría parlamentaria especial. Las acciones
de empresas con participación estatal ayer registraron fuertes pérdidas en la bolsa
luego de que se conociera este proyecto (ver aparte). El FGS se conformó
principalmente a partir de bonos y acciones que tenían las AFJP. Esos activos
eran préstamos que las empresas otorgaban al Estado y a las empresas privadas
con el dinero de la capitalización individual aportado mensualmente por los
trabajadores activos. Con la nacionalización del sistema previsional, el flujo
de ingresos de la seguridad social compuesto por los aportes y contribuciones,
junto al stock de activos, pasó al Estado. Este último se convirtió en el FGS,
que constituye un “reaseguro” para el sistema. Según el último informe del
organismo, con datos hasta octubre, el FGS equivale a más de 612 mil millones
de pesos.
Hace
tiempo que en el macrismo circula la idea de deshacerse de parte del FGS. En
octubre de 2014 el actual ministro de Producción, Francisco Cabrera, señalaba
en el encuentro empresarial de IDEA que en la Fundación Pensar, think tank del PRO, estudiaban la
posibilidad de “vender en bloque las acciones de empresas del FGS a fondos de
pensión internacionales, que podrían elegir colocar directores con el objetivo
de maximizar el valor de las compañías”. En febrero, Emilio Basavilbaso,
titular de la ANSES declaró que “lo que estamos viendo es que el valor de las
sociedades va a crecer. El equipo de Hacienda y el Presidente están trabajando
para salir del cerrojo que no nos permite generar más inversiones. Cuando esto
se solucione se va a permitir el crecimiento, así que sería una mala decisión
vender las posiciones accionarias que tiene el fondo. Queremos reasegurar este
fondo de jubilados, que es como una reserva que tenemos”.
Basavilbaso
admitió ahora que “estamos pensando si tiene sentido que la ANSES tenga
acciones en tantas empresas o si hace más sentido que ese dinero se utilice
para planes sociales o para dar alguna contención”. En el organismo evalúan que
el dinero de la venta de las acciones se utilice para cancelar las sentencias
firmes de jubilados contra el organismo. Son litigios ganados por jubilados con
haberes altos, que se vieron perjudicados con el retraso de los [años 19]90 y
el re-cálculo de haberes luego de 2001-02. El kirchnerismo optó por privilegiar
la suba de la jubilación mínima y la inclusión jubilatoria a través de las
moratorias. Según la ley de Presupuesto, la ANSES prevé pagar este año 12.500
millones de pesos en sentencias para saldar 50 mil juicios. Se estima que hay
unos 300 mil litigios en desarrollo con perspectivas negativas.*
Las
acciones de empresas privadas en manos de la ANSES sumaban 82.710 millones de
pesos en octubre de 2015. Fue el capítulo que mejor desempeño del FGS, con un
crecimiento interbimestral del 34,7 por ciento, es decir que acumuló ganancias
por 21.299 millones de pesos. El 60 por ciento de la cartera del FGS
corresponde a cinco empresas. El Estado tenía en octubre 15.573 millones de
pesos en acciones del Banco Macro (el 31 por ciento del total de la firma),
12.907 millones de pesos de Telecom Argentina (25 por ciento de la empresa),
9.680 millones del Grupo Financiero Galicia (20 por ciento de la compañía),
9161 millones de pesos de Siderar (26 por ciento de la siderúrgica) y 4465
millones del BBVA Banco Francés (7,9 por ciento). También hay participación en
empresas como Edenor, Pampa Energía, Mirgor, Molinos Río de la Plata, Solvay
Indupa, Banco Patagonia, Aluar, Grupo Clarín, Metrovías, Metrogas, Quickfood,
Banco Hipotecario e IRSA.
La
participación de las ANSES en las empresas privadas es un punto que genera
irritación en el establishment, porque le permite al Estado intervenir en
decisiones corporativas o al menos tener acceso privilegiado a la información.
La venta de esas acciones es una de las banderas de la Asociación Empresaria
Argentina (AEA), dominada por Clarín, Techint y Arcor. Alertado sobre la
insistencia empresaria y la voluntad macrista, el año pasado el kirchnerismo
logró la sanción de una ley que estableció que cualquier venta de esas acciones
no puede ser una decisión unilateral del Ejecutivo sino que requiere una
mayoría especial del Congreso, lo que constituye un escollo para el plan del
Gobierno.
Si fracasa esta juntada de firmas será porque no se tuvo
coraje personal ni colectivo de enfrentar organizadamente a una banda
delincuencial que pretende arrasar Nuestra América. La responsabilidad no será
de nosotros. Digo claramente que no será de nosotros dos, o de los pocos o
muchos que pongamos nuestras caras y la firma…
Ansina es…
Nota importante:
* El desbarajuste del
sistema jubilatorio argentino es de vieja data. Se inició en los años 1960. Las
crisis políticas derivadas de la prepotencia de las clases adineradas, las
dictaduras y turbios negociados en perjuicio de los trabajadores y sectores
sociales populares y en perjuicio del Estado, dieron como resultado que
cuantiosas sumas de recursos producto del trabajo argentino fueran fugadas a
paraísos fiscales. Los que ejercen virtualmente de facto la administración
nacional, habiendo engañado a parte importante de la sociedad, vienen a repetir
las mismas prácticas de antaño.
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