Un valioso apoyo ha recibido el máximo organismo de nuestro sistema judicial [uruguayo]1
Y, por provenir de quienes proviene, se puede suponer que no
se trata de una mera expresión de solidaridad sino que ese apoyo puede
materializarse incluso mediante el uso de las armas. Así es, amigo lector: el
nuevo apoyo viene de los militares retirados, quienes han asumido la defensa de
la institucionalidad y la independencia de los poderes. Ahora, los ministros de
la SCJ podrán dormir tranquilos, a salvo de eventuales asonadas protagonizadas
por grupos radicales e hinchas de Peñarol. Pero también se sentirán protegidos
de las presiones intolerables que se ejercen desde el Poder Ejecutivo, a cuyo
frente se hallan tenebrosos gobernantes totalitarios.
Me entero, por una nota breve aparecida en El Observador del pasado martes 18, de
que cuarenta militares retirados se concentraron a las puertas del Palacio
Piria para manifestar su apoyo a la corporación; durante 20 minutos, los
militares retirados expresaron su solidaridad pacíficamente y en silencio. Uno
de los participantes en la demostración, organizada por el Círculo Militar,
dijo que el objeto de la manifestación fue “apoyar la separación de poderes”.
Luego, reflexionó en voz alta: “En una república democrática, quizás, no fuera
necesario hacer un acto de esta naturaleza, pero dadas las particularidades
circunstanciales en las cuales un grupo de integrantes del Poder Ejecutivo
realizó una presión injustificada al venir acá a la SCJ, a hablar con los
ministros, eso es intolerable”.
Confieso que jamás imaginé que un militar pudiera tener
tanto sentido del humor. Porque mire que hay que tener tupé para presentarse
como abanderado de la institucionalidad, hablando de república, de democracia,
de separación de poderes y de presiones intolerables del poder político, siendo
que bajo el régimen de facto las autoridades –los camaradas de los militares
retirados y sus cómplices civiles– se encargaron concienzudamente de violar la
Constitución, de pisotear las instituciones, de cercenar la libertad y de
eliminar la democracia.
El principio de separación de los poderes fue olímpicamente
ignorado: el Consejo de Estado (parodia de parlamento cuyos integrantes eran
nombrados por el Ejecutivo) tenía la función de cumplir al pie de la letra los
dictados del Cosena, de la Junta de Generales en Jefe o del títere civil de
turno.
El Poder Judicial, por su parte, quedó sometido a la tutela
administrativa del Ministerio de Justicia. Y no solo eso, sino que la dictadura
sustrajo de la órbita de la Justicia ordinaria todas las causas penales contra
guerrilleros o simples opositores; y fueron los coroneles metidos a magistrados
de la “Justicia”
militar los encargados de encausar a los disidentes, en simulacros de juicio,
sin las mínimas garantías del proceso, dictando condenas draconianas y
tolerando sin inmutarse el horror de las condiciones de reclusión y las
torturas físicas y psicológicas a que eran sometidas las víctimas de la sevicia
de sus conmilitones. Para los opositores a la dictadura, el Código Penal no
existía, y las sentencias dictadas por los jueces militares se sustentaban en
las disposiciones del Código Militar, cuya aplicación –según la Constitución–
se reserva a los delitos militares y al caso de estado de guerra.
En fin, estos hoy celosos defensores de la institucionalidad
son los mismos que defienden el accionar de quienes otrora la avasallaron; vaya
voltereta.
No sé qué pensarán los ministros de la SCJ de este
inesperado apoyo de los militares retirados, ni cómo responderán a ese gesto
solidario. ¿No les habrá dado un cierto escozor?
A mí, confieso que me daría como una cierta vergüencilla
recibir muestras de solidaridad provenientes de uno de los clubes militares que
con mayor ahínco ha defendido las acciones de los terroristas de Estado.
Pero bueno, cada cual tiene la sensibilidad que Dios le dio,
y lo que para unos es un quemo, para otros resulta halagador. Sobre gustos no
hay nada escrito; o, como dicen los franceses, todos los gustos están en la
naturaleza.
Nota:
1 Julio Guillot es periodista uruguayo y trabaja
en el diario La República, de
Montevideo. Este domingo 23 de junio el diario publica su columna de opinión
con el título que, como el propio texto de Guillot, aquí reproducimos. Las
cortes a la cabeza de los aparatos judiciales, que en las dictaduras de la
segunda mitad del siglo XX, alabaron sin disimulos a éstas y sus propósitos,
ahora tanto en Argentina como en Uruguay coincidentemente con sus historias “los
supremos” se alinean con lo peor de nuestras sociedades. En Uruguay oponiéndose
a que accedan a la verdad y la justicia las víctimas del Plan Cóndor
(confabulación de las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay), y en Argentina “declarando inconstitucional” la participación
ciudadana en el control de las prácticas judiciales mediante la elección cívica
de una parte de los miembros del Consejo de la Magistratura, que por ley
habilitó el Congreso Nacional.
http://www.republica.com.uy/la-suprema-corte-tiene-quien-la-defienda/
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