En los días que corren un nuevo conflicto enturbia las aguas
ya demasiado turbias del estuario Río de la Plata. El embajador
Bustillo, jefe del gabinete de la Cancillería uruguaya y presidente de la
delegación de su país en el ente binacional con competencia en el mantenimiento
y regulación de la navegación en el estuario (Comisión Administradora del Río
de la Plata), manifestó, aunque de manera confusa y contradictoria, un presunto
intento de soborno y de concretas amenazas en contra de su persona.
Dada la difusión de esa información en medios de prensa de
Montevideo se sucedieron acciones diplomáticas de ambos países, Uruguay y
Argentina, para procurar esclarecer la situación. En la República Oriental del Uruguay
tomó cartas su Tribunal de Cuentas. El órgano argentino similar, la Sindicatura General
de la Nación, no encontró razones de investigación, pero por denuncia de los
legisladores Graciela Ocaña (UDESO) y Manuel Garrido (UCR) el juez federal
argentino Claudio Bonadio investiga en Buenos Aires el presunto intento de
soborno trasnacional.1
En enero de 2008 los medios de prensa de Buenos Aires y
Montevideo difundieron que el entonces
canciller argentino Jorge Taiana había dispuesto una investigación
administrativa que derivó en judicial por la compra de automóviles de lujo por
diplomáticos destinados en Argentina mediante franquicias impositivas, que
luego los vendían a precios de mercado (es decir como si en la realidad
hubieran pagado los respectivos impuestos de importación). El embajador
Francisco Bustilllo, quien apareció difundiendo y luego negando la versión del
soborno de la empresa de dragado holandesa, y quien sucedió al embajador
Alberto Volonté al frente de la embajada de su país en Buenos Aires, apareció
vinculado por esas investigaciones.
El dos veces presidente de Uruguay (1985-1990 y 1995-2000) y alto dirigente del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, en declaraciones hoy, 6 de agosto de 2012, a la radioemisora de Buenos Aires Radio 10 reproducidas por el diario digital Infobae, manifestó que “es evidente que estamos en un nivel que no es acorde a los usos diplomáticos, que no es lo que estamos esperando de una relación Argentina-Uruguay, más franca, más de buscar solución. Realmente es muy lamentable”. Según el diario: “Respecto al pedido del canciller Héctor Timerman de suspender la inmunidad de Bustillo para que declare en una causa por «importación indebida de automóviles extranjeros» como condición para continuar las negociaciones del dragado del canal binacional, Sanguinetti defendió al funcionario uruguayo, a quien calificó de «persona correcta, siempre muy sobria, y un buen embajador». En un mismo sentido –continúa Infobae–, el gobierno de José Mujica respaldó la actuación de Bustillo, y medios uruguayos informaron que el apoyo se hará público a través de una respuesta oficial que se dará a conocer hoy”.2
El 9 de septiembre de 2010, hace ya dos años, el diario Clarín de Buenos Aires, con el título “Investigan a un alto diplomático uruguayo por la compra de dos autos”3, informó que el 3 de mayo de ese año, ante el juez en lo Penal Económico Jorge Brugo, la fiscal a cargo María Luz Rivas Diez firmó “un duro dictamen donde detalla paso a paso «las irregularidades» en la importación de los coches gestionadas con dos franquicias a nombre de Bustillo Bonasso”.
El párrafo completo de Clarín dice así: “En ese escrito entiende que se realizaron maniobras delictivas como «presentación de documentos falsos, el otorgamiento de patentes para autos que todavía no habían llegado al país y respecto de los que ni siquiera se habían emitido las facturas de venta de la empresa en el exterior». Llegó a esta conclusión tras analizar todos los papeles de la importación de los Porsche a través de las franquicias 154/07 y 155/07 tramitadas en forma simultánea ante Cancillería. La fiscal encontró que en los formularios se alteraron datos, incluido el tipo de auto que es cupé [sic] pero reescribieron sedan. Esto sería porque la circular diplomática 06/2000 prohíbe la importación de autos coupe [sic] y deportivos, y las convenciones internacionales especifican que estas ventajas impositivas son para el trabajo y no para beneficios personales. Fuentes del entorno de Bustillo Bonasso confirmaron a Clarín que «el funcionario está a disposición de la justicia y que hace un año dejó los autos en el país por su propia voluntad»”.
El 31 de enero de 2008, el reconocido periodista
montevideano Emiliano Cotelo (radio El
Espectador) entrevistó y transmitió, puso en el aire, al que fuera
embajador uruguayo en Argentina durante la presidencia en aquel país de Jorge
Batlle, Alberto Volonté. La edición textual de esa entrevista fue realizada por
el periodista Mauricio Erramuspe, quien por aquella fecha, hace ya más de
cuatro años, se desempeñaba como coordinador general de contenidos de la
radioemisora.4
Sobornos, representación de intereses comerciales antes que
nacionales y populares, aprovechamiento de prebendas de clase y condición
política y afición a los lujos son hechos y circunstancias comunes en las
sociedades subsumidas por la ideología capitalista. Entorpecen y contaminan de
falso nacionalismo las relaciones políticas en beneficio de los pueblos.
Estas derivaciones de los negocios diplomáticos, y de ellos
tanto de los tratos llanos como de los tramposos… ¿obedecerán, como se dice en
el vocabulario popular, a “empiojar” el desarrollo de nuevas relaciones en el
MERCOSUR? ¿Estarán las largas manos de la CIA en esto o solamente las sucias
manitas de sus prohijados?
Hemos hecho referencia a distintas fuentes, los diarios
argentinos Clarín e Infobae, y en lo que sigue a la
radioemisora montevideana El Espectador.
No son “kirchneristas” ni “mujiquistas” y mucho menos “de izquierda”. El
reportaje a Volonté es una excelente pieza periodística, especialmente en el
final. Vale agradecer públicamente a Emiliano Cotelo, quien lo realizó.
Transcripción de la
puesta en el aire de la entrevista a Alberto Volonté:
Emiliano Cotelo:
El artículo se publicó ayer en el diario La Nación de Buenos Aires. “En lo que
constituye una de las primeras pruebas del circuito de comercialización
irregular de autos diplomáticos, la Justicia recibirá en las próximas horas la
documentación de, por lo menos, un vehículo vendido a precio de mercado en una
concesionaria porteña por parte de una funcionaria extranjera que había
iniciado el trámite de importación libre de impuestos.”
“La Nación accedió a los papeles del Hummer H2, propiedad
del cantante Óscar “El Chaqueño” Palavecino, que pagó 112.000 dólares por el
todoterreno que pertenecía a la diplomática uruguaya Myriam Fraschini de
Pastori, que ya no cumple funciones en el país. En el recibo de venta figura la
dirección de la embajada de Uruguay, Las Heras 1906, y lo firma Ricardo
Manrique, de Manrique Automotores.”
“En el título del automotor consta que el Hummer fue
ingresado por el régimen de franquicias para diplomáticos. Como titular
anterior figura Fraschini de Pastori, esta vez con domicilio en Figueroa
Alcorta 3520, la residencia del embajador uruguayo.”
“La inscripción inicial en el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor del Hummer H2, patente FAN 008, coincide con la fecha
de titularización de Palavecino, el 16 de junio de 2005.”
“Fraschini de Pastori se desempeñaba entonces como ministra
consejera, según informó un empleado actual de la embajada uruguaya. Hoy está
radicada en Montevideo y cumple funciones en la cancillería.”
La Nación intentó ubicar al embajador uruguayo, Francisco
Bustillo Bonasso, pero no respondió a los numerosos mensajes dejados a su
secretaria y en su celular personal. En la casa de Fraschini, en Montevideo,
dijeron en una oportunidad que ella no estaba, luego atendió alguien que dijo
ser “Myriam”, pero cortó al enterarse del motivo de la llamada. Más tarde su
marido dijo que no iban a hablar por teléfono de este tema.
El juez Norberto Oyarbide envió a la cancillería, la semana
pasada, un listado de los funcionarios extranjeros involucrados para saber si
seguían en funciones; entre ellos figura Fraschini de Pastori. En el dictamen
del fiscal Luis Comparatore se menciona un supuesto acuerdo bilateral con
Uruguay que permitía la nacionalización libre a los tres meses de la
introducción del vehículo en el país, pero advierte sobre casos en los que no
se cumplió dicho plazo. De todos modos, en la cancillería no supieron dar
precisiones sobre si ese convenio realmente existía.
A propósito de este caso en particular, pero también sobre
qué pasó en general en esos años en la Embajada uruguaya en Buenos Aires en
materia de compra y venta de automóviles exonerados de impuestos, vamos a
entrevistar al ex embajador Alberto Volonté.
Doctor Volonté, usted dijo ayer, hablando en los
informativos de El Espectador, que “pone las manos en el fuego” por la
funcionaria mencionada en la nota de La Nación del día de ayer. Ella trabajó en
la embajada mientras usted era el jefe de la misión diplomática.
Alberto Volonté:
De hecho, no de derecho, era mi segunda. Es una funcionaria altamente
calificada, abogada de profesión, de una conducta intachable y de condiciones
que la distinguen sobre el cuerpo diplomático en general. Yo la distingo,
trabajé cuatro años con ella, sí pongo las manos en el fuego y, seguro, no me
voy a quemar.
Emiliano Cotelo:
La compraventa de este vehículo se hizo mientras usted era embajador; conoce
los detalles.
Alberto Volonté:
Por supuesto, los conozco todos.
Emiliano Cotelo:
¿Puede explicar por qué esa operación fue realizada legalmente?
Alberto Volonté:
Porque Uruguay y Argentina hace diez años, en 1997, firmaron cartas reversales
que tienen valor de tratado bilateral y que permiten que diplomáticos
argentinos en Uruguay y uruguayos en Argentina tengan un régimen diferente del
que tiene el resto de los diplomáticos acreditados. (En 1997 eran presidentes respectivamente de Uruguay y Argentina Julio
María Sanguinetti y Carlos Saúl Menem. Nota de G. E.)
Emiliano Cotelo:
En primer lugar, ¿cuál es el régimen general para los diplomáticos en
Argentina?
Alberto Volonté:
El régimen general habitual es el siguiente: cuando los diplomáticos llegan
tienen que tener en su poder los vehículos que adquieren aproximadamente cuatro
años antes de comercializarlos. En cambio, los argentinos en Uruguay y los
uruguayos en Argentina simplemente tienen que tenerlos dos años.
Emiliano Cotelo:
Si un funcionario diplomático uruguayo en Argentina compra un vehículo
importándolo con exoneraciones de impuestos, puede venderlo a los dos años.
Alberto Volonté:
Tiene que nacionalizarlo primero para venderlo después, son dos cosas
interesantes de explicar. Las cartas reversales prevén los derechos que tienen
los diplomáticos uruguayos en Argentina –y los argentinos en Uruguay– al
retirarse o al finalizar su misión, pueden importan un vehículo y en lugar de
tener que esperar dos años para venderlo lo pueden vender a los 90 días dentro
de su titularidad y propiedad.
Me explico mejor. Cualquier otro diplomático tiene que
esperar cuatro, a diferencia de los uruguayos que tienen que esperar dos, y
cuando finalizan la misión hay otro tratamiento en el reconocimiento de los
derechos, los otros diplomáticos tienen que esperar nueve meses entre que les
llega el automóvil y la nacionalización del mismo para después venderlo –que
son dos cosas distintas–. El ignorante que ve que un diplomático como la doctora Fraschini
vende su coche dentro de 90 días dice “se violó el plazo”, pero no se violó
ningún plazo, se cumplió el plazo previsto en un tratado bilateral con fuerza
no de ley sino por encima de la ley, de acuerdo con la Constitución argentina. Quiero
creer que es ignorancia y que se va a aclarar. Cuando esto sale a luz y se
refiere a la doctora
Fraschini, quien entre otras virtudes es una excelente
jurista y ha defendido a Uruguay en pleitos que se le han ganado a Argentina,
como por ejemplo en el tema de los neumáticos, yo que no soy suspicaz y que he
negado siempre, desde que la prensa me ha preguntado, si había un trasfondo
político en esto y creía que no, empiezo a temer, cuando involucran a esta funcionaria
de esta jerarquía y que además tiene esta actuación como abogada de los
derechos de documentos en La Haya, se me empiezan a crear dudas.
Emiliano Cotelo:
¿Tiene la sospecha de que hay una campaña contra esta diplomática en
particular?
Alberto Volonté:
No, no en particular, uno empieza a decir: “pero, caramba, la cancillería
argentina tiene todos los elementos –porque quedan todas las copias– de los
trámites que cumplió la doctora Myriam Fraschini, de la exactitud con que
ella ajustó su procedimiento a las cartas reversales. ¿Cómo, entonces, permite
que un funcionario diplomático uruguayo esté viviendo esta situación y estén
perjudicando no sólo la honorabilidad de ella sino al propio Uruguay, porque es
una funcionaria diplomática de Uruguay?
Emiliano Cotelo:
Usted decía que por la documentación que tiene y por lo que recuerda de la
compraventa, de la operación, se cumplió con los plazos establecidos en el
acuerdo bilateral entre Uruguay y Argentina para sus diplomáticos. Pero en la
nota de La Nación dice que “la inscripción inicial en el Registro Nacional de
la Propiedad del Automotor del Hummer H2, patente FAN 008, coincide con la
fecha de titularización de Palavecino, el 16 de junio de 2005”.
¿Cómo responde a este detalle?
Alberto Volonté:
Leí la nota de La Nación, la firma una chica. Creo que le falta experiencia y
no conoce mucho, porque usted también habrá visto que en esa misma nota duda de
la existencia del tratado entre Argentina y Uruguay. No abro juicio, duda de la
existencia de un tratado, habla de presuntos 90 días.
Emiliano Cotelo:
Da a entender que ni siquiera se cumplió con eso, que el vehículo ingresó para
ser comprado por su nuevo propietario.
Alberto Volonté:
Lo que ella confunde, quiere confundir o lo hace de buena fe pero por
ignorancia, es que la
ministra Fraschini va a la cancillería, presenta sus derechos
–primero los tiene que mostrar, hay una serie de requisitos–, le otorgan la
franquicia, importa el vehículo, y cuando el vehículo llega a Argentina hace el
trámite de aduanas, ingresa a territorio argentino y pasa a ser de propiedad de
la doctora
Fraschini. Está 90 días en su propiedad, por lo tanto el
coche es de ella, pero el coche no tiene nacionalidad argentina. Cumplidos los
90 días se hace un trámite primero para nacionalizar el coche, y cumplidos esos
trámites de nacionalización recién se pone a la venta. Se pone a la
venta como cualquier coche, de manera que lo puede comprar una automotora. En
ese momento la automotora compra el coche con todos los derechos reconocidos en
cuanto a la nacionalización, y la escrituración para el tercero que le compró
el coche a la automotora puede hacerse tiempo después. Por tanto los manejos de
las fechas desde el momento de la nacionalización al momento de la perfección
son trámites privados en los que no interviene la diplomática sino los
intermediarios.
Emiliano Cotelo:
Se lo pregunto porque las informaciones que han estado circulando estos días,
venidas de Buenos Aires, dicen que de la auditoría realizada por orden del
canciller argentino, Jorge Taiana, surge que el 18% de los 98 autos que están
investigándose ni siquiera tuvo un pedido de chapa diplomática. Entonces podría
pensarse que este fue uno de esos casos, que no hubo pedido de chapa
diplomática, que se vendió directamente al nuevo propietario.
Alberto Volonté:
No es el caso, pidió las chapas, el coche ingresó, quedó a nombre de la doctora Myriam Fraschini,
se le otorgaron las chapas diplomáticas a la doctora, la doctora antes de
venderlo y de nacionalizarlo le devolvió las chapas a la cancillería argentina.
Por eso digo que la cancillería argentina tiene los elementos en el caso de la doctora Myriam Fraschini,
como –estoy seguro– en el caso de todos los otros diplomáticos cuando yo era
embajador y los que están ahora bajo la órbita del embajador Bustillo, que
confío siguen haciendo las cosas con la misma legalidad y la misma rectitud.
Por tanto, el tema de las chapas es bien claro, me consta que se le dieron a la doctora Fraschini
las chapas y las puso en el vehículo. Lo que sucede es que hay una diferencia
entre nacionalización y comercialización, cuando se va a nacionalizar, el
diplomático –la
doctora Fraschini en este caso– tiene que devolver las
chapas, las retira, las devuelve a la cancillería y el coche queda nacionalizado
y en condiciones de venderse.
Emiliano Cotelo:
Más allá de que una transacción como esa se haya cumplido de acuerdo con el
marco legal vigente, un convenio bilateral entre Uruguay y Argentina, llegan
preguntas de los oyentes a propósito de por qué un funcionario diplomático
compraría un Hummer y por qué lo compraría tan pocos meses antes de terminar su
período, si en definitiva no se está ante una operación que se hace para
obtener una ganancia con la diferencia entre el precio del auto libre de impuestos
y el precio de mercado después.
Alberto Volonté:
Muy fácil de explicar. En primer lugar, dije al principio –tal vez el oyente
tomó la audición ya empezada– que en las notas reversales firmadas entre
Argentina y Uruguay se establecen dos momentos en la incorporación de los
vehículos con sistema de franquicias, al llegar los funcionarios diplomáticos
adquieren el coche y deben tenerlo por lo menos dos años, y después, cuando van
a finalizar su gestión, promedialmente cumplidos casi cinco años fuera del país,
se les reconoce el derecho a una franquicia final que les permite traer el
vehículo y tenerlo en su propiedad solo durante 90 días para después
nacionalizarlo y venderlo.
Emiliano Cotelo:
Pero ¿cuál es la diferencia, la ganancia que puede obtener un funcionario con
una compraventa de ese tipo?
Alberto Volonté:
No es una ganancia mayor, porque el vehículo siempre ingresa al mercado como
coche usado.
Emiliano Cotelo:
Pero parece que el dueño actual de este Hummer, Óscar “El Chaqueño” Palavecino,
lo compró por 112.000 dólares. ¿A qué precio ingresa sin los impuestos ese
Hummer en Argentina?
Alberto Volonté:
Entre la venta que realiza en este caso la doctora Fraschini
y el comprador hay un intermediario, no puedo saber lo que gana el
intermediario, ni tampoco puedo saber si el precio que figura es el correcto,
porque eso forma parte de lo que establece el intermediario con el comprador.
Esos coches, como el que compró la doctora Fraschini, estaban en precios aceptados
por la cancillería argentina, por tanto son precios adecuados a la plaza de
importación y que se venden por ser nacionales al precio de plaza y de mercado
de coche usado en el mercado argentino.
Emiliano Cotelo:
¿De qué orden es el precio de importación sin impuestos?
Alberto Volonté:
Anda alrededor de los 55.000 dólares.
Emiliano Cotelo:
De 55.000 a
112.000 hay una diferencia importante.
Alberto Volonté:
Usted tiene que ver cuánto gana el intermediario y cuánto se ajustó la operación. Pero
sin introducirme en la relación privada, legítima, de la doctora Myriam Fraschini,
lo que haya ganado, mucho o poco o perdido, como el coche lo compró con su
dinero y se amparó en un derecho, ella como usted, como yo, como los oyentes,
cuando compramos algo con nuestro dinero ejercemos un derecho que se nos
otorga, si tenemos una ganancia, sea pequeña o grande, la situación es justa y
legítima. No sea cosa que cuando se gana mucho las cosas dejan de ser buenas o
legítimas y cuando se gana poco son legítimas y buenas. No es el tema la
ganancia porque el sistema de franquicias se establece para compensar otras
situaciones que muchas veces a los diplomáticos les traen verdaderas pérdidas.
Emiliano Cotelo:
¿Por ejemplo?
Alberto Volonté:
Habitualmente, los coches que se traen, como otros bienes que se compran en uso
de estos beneficios, se aplican al trabajo que se realiza. El capital, que es
importante, tiene que salir del bolsillo del propio diplomático, el diplomático
tiene que hacer la inversión, si no tiene el dinero recurrir a un banco, pagar
intereses, etcétera, y aplicar ese beneficio a la tarea diplomática que tiene
una serie de requisitos de representación, de protocolo, de buen uso, de buena
presencia, etcétera, que van en beneficio no del diplomático sino del país.
Emiliano Cotelo:
Aparte del caso de esta funcionaria, usted en su período como embajador,
¿también compró y vendió automóviles de alto valor?
Alberto Volonté:
Por supuesto. Además en todas las embajadas del mundo, en las que están aquí y
fuera, se usan coches para mí de alto valor, porque coches de 50.000 dólares
son de alto valor. Al punto que cuando yo llegué y tenía que comprar dos
vehículos para ponerlos al servicio de la embajada, fui al Banco de la
República (BROU), sucursal Buenos Aires, y pedí el dinero prestado porque en
ese momento yo no tenía la capacidad para comprarlos. Así que sí, compré
vehículos de alto valor, porque es lo que corresponde.
Emiliano Cotelo:
¿Cómo fue en su caso concreto?
Alberto Volonté:
Como le acabo de contar.
Emiliano Cotelo:
¿Qué vehículos tenía la embajada cuando usted llegó?
Alberto Volonté:
Ninguno, las embajadas no tienen vehículos. En Argentina había una camioneta
Van Peugeot para transportar personas, porque el trabajo de la embajada
uruguaya en Argentina es muy especial, atiende permanentemente delegaciones que
llegan a Ezeiza, a Aeroparque, delegaciones deportivas, de agentes artísticos,
ni que hablar de políticos, diputados, senadores.
Emiliano Cotelo:
Había una Van, eso era todo.
Alberto Volonté:
Era lo que había.
Emiliano Cotelo:
¿Y qué fue lo que compró?
Alberto Volonté:
Lo que se compra habitualmente, dos Mercedes Benz, uno para el uso protocolar y
el otro para asistir a las delegaciones, las visitas de presidentes, ministros,
diputados, senadores.
Emiliano Cotelo:
¿Cuánto tiempo estuvieron esos autos en su poder?
Alberto Volonté:
Dos años.
Emiliano Cotelo:
¿Y después?
Alberto Volonté:
Los vendí porque tenía que empezar a pagarle al BROU. Y compré un Mercedes para
seguir cumpliendo las funciones correspondientes, lo tuve un año y cuando
estaba en el período de finalización de mi misión –incluso en ese momento no se
sabía bien si iba a continuar o si al terminar volvía a Uruguay– compré dos
vehículos, un Hummer y una Cayenne.
Emiliano Cotelo:
Usted también compró un Hummer, y además una Porsche Cayenne.
Alberto Volonté:
Los nacionalicé y los vendí. (Es
comprensible que los “nacionalizó” y vendió en Argentina. Nota de G. E.)
Emiliano Cotelo:
Por lo que usted cuenta, el embajador compra con dinero propio, obtenido de un
préstamo, los vehículos que después utiliza en el trabajo en la embajada. ¿Por
qué esos vehículos no los compra la propia embajada, no los compra la
cancillería uruguaya?
Alberto Volonté:
Porque la ley uruguaya en las normas presupuestales no prevé recursos para que los
embajadores compren los coches. Sobre eso no abro juicio. Pero sí digo que
todos los diplomáticos de Uruguay en Argentina tienen que comprar sus coches de
su bolsillo, con su dinero.
Emiliano Cotelo:
El oyente puede preguntarse por qué, si existen esos beneficios, la posibilidad
de comprar el vehículo sin impuestos y luego venderlo en determinado plazo en
el mercado, esa operación, con la eventual ganancia, no la hace el Estado
uruguayo.
Alberto Volonté:
Es algo a tener en cuenta. Que entonces Uruguay modifique la ley, invierta en
coches, les dé el uso que corresponda, después los venda y si hay ganancia, que
la disfrute. No
hay que hacer cuentas tan alegres, porque después de usar dos años un coche, de
invertir en su mantenimiento, en un seguro que es altísimo, cuando lo va a
vender la diferencia entre el precio de compra y el de venta es bastante
escasa. Y si lo compró financiado seguramente no hay ganancia porque se le fue
en el costo financiero. Tal vez eso tuvo en cuenta el gobierno uruguayo –y a mi
juicio hizo bien– en su momento, porque esto no tiene dos, ni diez, ni veinte,
ni treinta años, desde tiempos inmemoriales cada diplomático compra los coches
de su bolsillo. La dignidad y responsabilidad de un diplomático lo hacen
comprar coches dignos, porque son los coches con los que tiene que actuar en su
actividad de representación del país.
Emiliano Cotelo:
Desde la audiencia le preguntan si sigue vigente en cancillería una vieja norma
que pone un tope de 30.000 dólares para la compra de autos por diplomáticos.
Alberto Volonté:
Sí, pero es el vehículo que todos los diplomáticos del mundo tienen derecho a
ingresar a Uruguay. Hay que distinguir dos cosas, durante toda esta charla
estuvimos hablando de los vehículos de los diplomáticos que se venden dentro
del país donde se cumple la función.
Independientemente de eso, todos los diplomáticos, agregados
militares, etcétera, tienen derecho, cuando vuelven al país, a traer un
vehículo. Esa norma sigue vigente y ese vehículo no puede valer más de 30.000
dólares. Pero se trata del vehículo que los diplomáticos traen del exterior e
ingresan a Uruguay.
Emiliano Cotelo: ¿Usted
ya estuvo en comunicación con la cancillería uruguaya a propósito de toda esta
situación?
Alberto Volonté:
Por supuesto, he estado en contacto permanente, por un lado con la vicecanciller Belela
Herrera, he estado con el jefe de gabinete del canciller
Gargano, Federico Gomensoro, e incluso he cambiado, a través del embajador
Gomensoro, ideas con el propio canciller Gargano. Me honra decir que tenemos
todo el respaldo. Por mi parte ofrecí –y ese ofrecimiento sigue en pie– a la
cancillería toda la documentación y los antecedentes que he traído para
demostrar la escrupulosidad con que actuaron la embajada de Uruguay en
Argentina y sus funcionarios, en este caso la doctora Myriam Fraschini.
Notas:
1 http://www.lanacion.com.ar/1493203-la-oposicion-entregara-el-informe-al-juez-bonadio
“El informe del Tribunal de Cuentas uruguayo sobre las obras en el Río de Plata
se incorporará a la causa que investiga en la Argentina un presunto intento de
soborno transnacional: los diputados Graciela Ocaña (Udeso) y Manuel Garrido
(UCR) dijeron a LA NACION que lo presentarán en el expediente en las próximas
horas. La causa, a cargo del juez federal Claudio Bonadio, investiga si el
diplomático Roberto García Moritán intermedió para que la empresa Boskalis,
a cargo de las obras de dragado, le ofreciera una coima el ex embajador
uruguayo en Buenos Aires Francisco Bustillo. El supuesto objetivo era lograr
que Riovía (de Boskalis) se quedara con las obras de profundización del dragado
del canal Martín García. Bustillo era el presidente de la delegación uruguaya en
la Comisión
Administradora del Río de la Plata (CARP), el organismo a
cargo de la licitación. «Vamos a entregar el nuevo documento porque el informe
de Uruguay dice que los argentinos demoraron el proceso y que entre la
Argentina y la empresa se acordó políticamente un precio superior al que
pretendía Uruguay», anunció Ocaña. Sin perjuicio de que critica el accionar de
los argentinos, el informe sostiene que el precio no resultó irrazonable.”
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