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| Martínez, López Accotto y Mangas |
Nota de
opinión publicada el 2 de mayo de 2016 por el diario Página/12
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-298315-2016-05-02.html
Hace apenas un rato –antes de incorporar la presente
nota de opinión de López Accotto, Martínez y Mangas en el blog– consultó mi
opinión sobre el gobierno actual en Argentina una empresa consultora. La
encuesta tenía preguntas con un mix de respuestas ya configuradas y también
abiertas: expresé, así, que calificaba como muy malo y perjudicial al gobierno,
y puse de manifiesto mi caracterización de éste como virreinato en concordancia
con la hecha en enero pasado por Eugenio Raúl Zaffaroni, actual juez de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las reflexiones de los docentes e
investigadores de la UNGS, hacen más explícito el cuadro. G.E.
A cuatro meses del inicio del ejercicio fiscal, las universidades
nacionales están frente a un apremio presupuestario y financiero que, de no
mediar decisiones políticas claras del gobierno de Mauricio Macri para revertir
tal situación, pueden convertir esta cuestión en un hecho de relevancia
política e institucional similar a lo ocurrido en 2001 cuando el gobierno de De
la Rúa anunció un brutal ajuste sobre el sistema universitario.
El presupuesto nacional para 2016, aprobado por el gobierno anterior,
preveía 51.946 millones de pesos para las universidades públicas. Ese
presupuesto fue sancionado en un escenario donde se proyectaba una inflación
anual del 14,5 por ciento y un valor del dólar promedio anual de 10,60 y de
11,20 pesos para diciembre de 2016.
El principal gasto del presupuesto universitario se concentra en el
rubro “salarios”, que alcanza en el conjunto del sistema más del 80 por ciento
del total de los recursos. El porcentaje restante se utiliza para “gastos de
funcionamiento” que cubren la adquisición de insumos y bienes de consumo,
servicios, equipamiento y los sistemas de becas.
La situación de premura se da por la combinación de, al menos, tres
factores:
1) Las proyecciones macroeconómicas con las que se aprobó el presupuesto
2016, fueron tiradas por la borda al devaluar 50 por ciento y acumular en el
primer cuatrimestre una inflación del 20 por ciento.
2) El brutal incremento en las tarifas de los servicios públicos, que
alcanzan entre 300 y 500 por ciento.
3) Del total de crédito presupuestario aprobado para gastos de
funcionamiento, las autoridades de la Secretaria de Políticas Universitarias (a
cargo del radical Albor Cantard), realizaron una poda en las remesas
financieras, enviando menos de la mitad de los fondos que se le deberían haber
transferido a las casas de altos estudios siguiendo una secuencia lógica
mensual.
A lo anterior se suma que el ministro de Educación, Esteban Bullrich,
ofreció a los docentes un aumento de 15 por ciento a partir de mayo y otro
porcentaje similar en diciembre (no acumulativo). Es evidente, que la primera
cuota no alcanza ni siquiera a cubrir el aumento de precios del primer
cuatrimestre. Peor aún está el personal no docente que todavía no inició las
conversaciones paritarias.
El panorama asume una mayor complejidad por la falta de certezas sobre
lo que ocurrirá con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley
de Presupuesto 2016. Allí se prevé un incremento de 3200 millones de pesos para
reforzar los gastos de funcionamiento, la infraestructura, los planes para el
apoyo a las carreras y los hospitales universitarios. Para esa ampliación está
facultado el Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Hasta ahora no lo ha hecho, ni hay
señales concretas de que ese refuerzo sea una prioridad del Gobierno.
En igual sentido, el haber dado de baja, con una promesa vaga de
revisión en un plazo no definido, la totalidad de los convenios entre
administración pública nacional y las universidades nacionales, va en la misma
línea de desfinanciamiento a las casas de altos estudios.
Hasta el año pasado, e ininterrumpidamente desde 2005, la educación
superior había logrado un avance muy significativo. El vastísimo conjunto de
políticas públicas en esa materia tuvo su correlato con un incremento fenomenal
del presupuesto universitario y del salario de los trabajadores del sistema. El
gasto en educación universitaria pública, antes de los gobiernos kirchneristas,
oscilaba entre 0,40 y 0,50 por ciento del PBI. En 2015 alcanzó el 1 por ciento
del PBI. Dicho incremento se dio además con un sesgo redistributivo,
disminuyendo las brechas territoriales, de género y entre los distintos deciles
de la población, según sus niveles de ingresos, tal como lo muestra un reciente
informe de los investigadores Germán Pinazo, Diego Ventrici, Roxana Cuevas y
Rubén Nigita del Centro de Estudios Políticos, Económicos, Culturales y
Sociales (Cepecs).
Desde hace un par de semanas, la comunidad universitaria, que abarca a
casi dos millones de personas (entre estudiantes, docentes y no docentes), ha
realizado asambleas, movilizaciones y paros. No busca sostener ningún
privilegio ni continuar ninguna fiesta. Solamente garantizar un “derecho humano
universal”, como definió a la educación superior, en 2008, la Conferencia
Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe de las Naciones
Unidas. Lo que pretende, al menos, es no retroceder quince años.
* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General
Sarmiento (Los Polvorines, Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires).
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