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martes, 26 de febrero de 2013

Uruguay: dar vuelta la página



No pocos personeros e inclusive hasta personas sencillas de Uruguay, civiles o militares, estos activos, retirados y algunos hasta en prisión, vienen reclamando “dar vuelta la página” de la historia más o menos reciente del país, la de medio siglo hasta ahora. Algunos, incluso, apelando a un supuesto respeto por las instituciones “republicanas” y el Derecho. Debería dárseles la razón y efectivamente dar vuelta la página a las hipocresías y extorsiones de tales personeros y actores directos o partícipes necesarios de delitos de lesa humanidad: ya, ahora, sin esperar más.



En este país suramericano de hermosos pueblo y geografía frente al Atlántico Sur y al gran y marrón estuario, “Luego del fallo que declaró inconstitucional el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), el traslado de la jueza Mariana Mota de lo penal a lo civil [sic] y el fallo de este viernes sobre la ley de imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura [2011], los ministros de la SCJ [Suprema Corte de Justicia] incrementaron su seguridad personal”. Así lo ha informado al mediodía del sábado 23 de febrero el sitio en Internet de la radioemisora El Espectador, de Montevideo, agregando que: “El vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat confirmó que efectivamente hay un incremento de las medidas de seguridad, pero declinó dar detalles de quién la proporciona y también dónde se encuentra”1. Así, la duda que queda fuertemente establecida es si en todos sus aspectos esas “medidas” incrementadas son prestadas por el Cuerpo de Seguridad Judicial, un organismo específico de la Policía Nacional dependiente del Ministerio del Interior, es decir del Poder Ejecutivo con el que la referida SCJ aparece “enfrentada”, o si el organismo la contrató con personas o empresas particulares mercenarias (“Que percibe[n] un salario por su trabajo o una paga por sus servicios” DRAE).



¡Señor! ¡Sí señor!



En línea o acorde con los sucesos protagonizados por dicha Suprema Corte de Justicia y referidos antes, podemos imaginar a un rapadísimo y escultórico especialista del rubro y a la vez él mismo “vigilado on line”, cargado de sofisticados aparatos de detección y defensa, cuadrarse taconeando frente al supremo custodiado gritando “¡Señor! ¡Sí señor!”. Y si el mercenario no parlara la castilla haciéndolo nomás en el idioma universal de la sumisa prepotencia: ¡Sir! ¡Ies sir!



La calle, en rigor un pasaje, que parcialmente rodea en Montevideo a la plaza Cagancha, también llamada Libertad, y donde se afinca el Poder Judicial, lleva un nombre con dos adjetivos a los que perentoriamente, si no hay precisas, necesarias y justas retractaciones, deberá intercalárseles una conjunción copulativa para que coincida, en forma y contenido, con la consigna que para 1978 publicitara la dictadura cívico militar argentina (de la que también participaron jueces rasos y hasta supremos) para con ella pegotear autos y ómnibus durante el Campeonato Mundial de Fútbol: “… somos derechos y humanos” (decían aquellos crápulas y asesinos).



Dar vuelta la página de manera efectiva y en beneficio popular es terminar, no a la amañada manera del “olvido” con el que extorsionan los sobrevivientes socios orientales de los occidentales, es terminar de una vez y para siempre con el estereotipo político que exhiben los Batlle, Lacalle, Larrañaga o Sanguinetti.



Dictadura de la clase media



Pero para dar vuelta así la página de esta contemporaneidad es necesario entender que las oligarquías criollas suramericanas y sus aparatos estatales son una autoconstrucción socioeconómica y militar del siglo XIX plagada de hipocresías, cuyos subproductos comunes son las dependientes clases medias que en tanto el funcionamiento de la tan mentada “movilidad social” son a la vez sujetos y objetos de la misma.



Hace poco, en noviembre de 2012, el Banco Mundial dio a conocer su informe “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina”, en el que afirma que en la primera década del siglo (entre 2000 y 2009) la llamada clase media se duplicó, pasando de comprender 15 % de la sociedad a comprender 30 %. Según Augusto de la Torre, Economista en jefe del banco para América Latina y el Caribe: “Una sociedad con una clase media creciente es más propensa a reducir […] desigualdades […]. Está ampliamente aceptado que la clase media es una agente de estabilidad y prosperidad. En una región de ingreso medio como América Latina, una clase media más grande tiene repercusiones cruciales”.



La opinión citada es la de un técnico del organismo económico y financiero que otrora, entre 1970 y 2000 en América Latina, impulsó el más cruel neoliberalismo de mercado a través de las dictaduras y los gobiernos títeres y cautivos aunque con formalidades democráticas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ahora el Banco Mundial, en el informe aludido, con hipocresía, dice: “Durante décadas, la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media en América Latina y el Caribe (ALC) avanzaba a un ritmo muy lento, a medida que el bajo crecimiento y la persistente desigualdad frenaban el progreso. En los últimos diez años, sin embargo, la suerte de la región mejoró significativamente gracias a ciertos cambios de política pública que enfatizaron la prestación de programas sociales junto a la estabilidad económica”.



Para ver con mayor claridad las dichas autoconstrucciones oligárquicas me parece útil la lectura de dos trabajos recientes de docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y de la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén y Río Negro): Expansión de la frontera y ocupación del “nuevo sur” bonaerense: los partidos de Arenales y Ayacucho (Buenos Aires, 1820-1900), de Valeria D’Agostino,2 y de Enrique Hugo Mases, Estado y cuestión indígena. El destino final de los indios sometidos en el sur del territorio (1878-1930)3.



Los períodos investigados por estos académicos, D’Agostino muy joven, coinciden con la fundación de los Estados-nación en nuestro confín del mundo, que en las postrimerías del siglo XIX y en el país oriental, de la pluma del literato y político José Enrique Rodó, constituyó como modelo ciudadano al Ariel del drama shakesperiano La tempestad. Otro literato, actual presidente de la cubana y prestigiosa Casa de las Américas, Roberto Fernández Retamar, en su ensayo Calibán, al respecto escribe citando a Aníbal Ponce:



Mucho más agudas son las observaciones del argentino Aníbal Ponce en la obra de 1935 Humanismo burgués y humanismo proletario. El libro –que un estudioso del pensamiento del Che conjetura que debió haber ejercido influencia sobre él–4 consagra su tercer capítulo a «Ariel o la agonía de una obstinada ilusión». Al comentar La tempestad, dice Ponce: «en aquellos cuatro seres ya está toda la época: Próspero es el tirano ilustrado que el Renacimiento ama; Miranda, su linaje; Calibán, las masas sufridas [Ponce citará luego a Renan, pero no a Guéhenno]; Ariel, el genio del aire, sin ataduras con la vida». Ponce hace ver el carácter equívoco con que es presentado Calibán, carácter que revela «alguna enorme injusticia de parte de un dueño», y en Ariel ve al intelectual, atado de modo «menos pesado y rudo que el de Calibán, pero al servicio también» de Próspero. El análisis que realiza de la concepción del intelectual («mezcla de esclavo y mercenario») acuñada por el humanismo renacentista, concepción que «enseñó como nadie a desinteresarse de la acción y a aceptar el orden constituido», y es por ello hasta hoy, en los países burgueses, «el ideal educativo de las clases gobernantes», constituye uno de los más agudos ensayos que en nuestra América se hayan escrito sobre el tema.

  

Como así todavía estamos es necesario dar vuelta la página para cerrar la época, pero no ponerla en el olvido.



Notas:






4 Fernández Retamar, lo hace explícito en nota al pie propia, alude a Michael Löwy: La pensée de Che Guevara, París, 1970.