(Columna de opinión publicada originalmente en La Diaria, Montevideo, Uruguay, el viernes 1º de febrero de 2013, que se reproduce con pequeños cambios y autorización expresa de su autor.)
Hace poco más de siete años, más precisamente el 15 de enero
de 2006, tres organizaciones de Bella Unión1 ocupaban 32 hectáreas
improductivas del Instituto Nacional de Colonización (INC). La medida de la
Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), el Sindicato de Obreros de
Calnu (Soca) y la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de
Bella Unión (APAARBU) levantó polvareda. No sólo porque fue la “primera”
ocupación de tierras en nuestro país, sino porque ocurrió nueve meses después
de asumido el primer gobierno progresista y semanas antes del lanzamiento del
proyecto ALUR (Alcoholes del Uruguay S.A.)2, “buque insignia” del Frente
Amplio en dicha localidad.
El entonces ministro de Ganadería, José Mujica, le reclamó a
los trabajadores: “No pongan palos en la rueda”. Más allá del necesario debate
sobre la legalidad o ilegalidad de estas medidas es interesante analizar
aquella ocupación a la luz de sus “resultados concretos”, y contrastarla con el
contexto de tenencia y distribución de la tierra que terminó de evidenciar el
Censo General Agropecuario de 2011 (ver nota “Secreto a voces”, en http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/1/verde-todavia/).
La ocupación provocó que el Estado estableciera espacios de
negociación para atender las demandas de los trabajadores en los que se
concretaron varias conquistas. En 2006, la recién creada ALUR arrendó un campo
de 400 hectáreas
para luego subarrendarlas en fracciones de 10 hectáreas a 39
trabajadores de las organizaciones ocupantes. Durante 2007, el Instituto Nacional
de Colonización acordó con las organizaciones ceder las 32 hectáreas ocupadas
a una cooperativa de trabajadores donde, además, se instaló un Centro de
Formación Popular con apoyo de la Universidad de la República, y se conformó
una Comisión de Políticas de Tierras.
En el marco de esta comisión, integrantes de la UTAA
accedieron a una fracción de 170 hectáreas, y luego negociaron durante casi
dos años el ingreso a 2.000
hectáreas que el referido INC compró para satisfacer la
demanda de los trabajadores. Estas 2.000 hectáreas se
convirtieron en 2010 en la Colonia “Raúl Sendic Antonaccio”, a la que
accedieron más de 50 trabajadores que durante las últimas tres zafras de caña
obtuvieron los mejores índices productivos de la zona. Más cerca en el
tiempo, luego de que la UTAA presentara al INC un proyecto productivo para 100
familias más y resolviera volver a ocupar tierras en enero de 2012, el
Instituto compró 2.900
hectáreas para atender su reclamo.
Más allá de las inevitables dificultades para los nuevos
colonos y de la fuerte dependencia con la industria, la movilización de los
trabajadores de Bella Unión resultó una vía efectiva para el acceso a la tierra
y para intentar superar condiciones de vida signadas por la pobreza, la llamada
zafralidad (el corte de caña dura
como máximo cinco meses), y el trabajo precario y mal remunerado.
Un segundo aspecto destacable es la aparición de la
ocupación de tierras como medida de lucha. Más allá de que esta modalidad quedó
prácticamente restringida a esta zona del país (salvo un caso en Kiyú en 2008)3,
los trabajadores de Bella Unión protagonizaron otras cuatro ocupaciones de
tierras generando reacciones contradictorias por parte del Estado.
Por un lado, éste respondió con entrega de tierras en los
casos antes reseñados, lo que podría oficiar como una suerte de “legitimación”
de las ocupaciones, pero por otro lado aprobó en abril de 2007 la Ley 18.116,
que modificó el Código Penal facilitando los procesos penales por usurpaciones
de fincas y predios, cuestionando penalmente la medida de ocupación.
Esta aparente contradicción también refleja el modelo de
desarrollo rural al que apuesta el gobierno del F.A. Mientras genera las
condiciones y las garantías para que el capital transnacional motorice la
economía vía inversión directa, implementa políticas compensatorias para la
producción familiar y los asalariados rurales que intentan suavizar las aristas
más excluyentes del modelo. El accionar del INC y la situación de la tenencia y
distribución de la tierra en Uruguay son evidentes al respecto. Durante los
primeros seis años de gobierno (2005-2010), el INC adquirió 45.000 hectáreas,
mientras que las operaciones de compraventa y de arrendamiento de tierras
promovidas por las políticas gubernamentales ascendieron, en la compra venta, a
3,72 millones de hectáreas y 4,85 millones de hectáreas arrendadas. Más claro:
por cada hectárea colonizada se vendieron 83 hectáreas y se
arrendaron 108.
Por eso, y más allá de saludar que el INC entregó tierras
después de 30 años de no hacerlo, el escenario sigue siendo adverso para los
más de diez mil campesinos aspirantes a tierra, ya sean asalariados rurales que
aspiran ganar niveles de autonomía y dignidad o productores familiares que
quieren asegurarse la tenencia de la tierra y mejorar su escala, fundamental,
entre otras cosas, para heredar el campo a sus hijos.
Quienes pensamos que los intereses de las mayorías pasan por
ganar soberanía e igualdad a caballo de la movilización popular, la trayectoria
trazada por los trabajadores de Bella Unión muestra un camino posible. Si el
problema para “profundizar los cambios” –según el senador frenteamplista
Ernesto Agazzi, en un reciente reportaje– es la desfavorable correlación de
fuerzas (la debilidad de los trabajadores rurales) y la ausencia de propuestas
concretas, más que aislar políticamente la crítica al modelo de desarrollo
rural, acusar a los trabajadores de “poner palos en la rueda” y criminalizar
sus formas de protesta, habría que sostener y legitimar sus iniciativas
haciendo de la crítica una oportunidad para incrementar las adhesiones a un
proyecto transformador. Esto si lo que se quiere es, efectivamente, torcer la
realidad a favor de los más desposeídos. ¿O acaso hay otra forma de modificar
la correlación de fuerzas para avanzar en la democratización y apropiación de
la riqueza nacional que no sea un incremento sostenido de la participación
popular que desborde la institucionalidad vigente?
Notas
* Gabriel Oyhantçabal (28 años), es Ingeniero Agrónomo
egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR) y ha
participado en numerosos encuentros científicos y de extensión social como así
también publicado trabajos relacionados con el desarrollo económico y social
rural y con los trastornos de la nueva colonización con la implantación del
negocio agrario transnacional y la siembra intensiva de la soja transgénica.
1 Ciudad y su periferia rural ubicada en el
vértice noroeste del Departamento de Artigas (norte de Uruguay), recibe ese
nombre dado que se encuentra en la unión de los ríos Cuareim y Uruguay,
teniendo en las orillas cercanas a las ciudades de Monte Caseros (Corrientes,
Argentina) y de Barra del Cuareim (Río Grande del Sur, Brasil).
2 Empresa estatal en el régimen de derecho
privado subsidiaria de la ANCAP (Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland).
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