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viernes, 10 de abril de 2015

Estados Unidos contra América Latina, por Raúl Zibechi*



alai amlatina, 10.4.2015



La Cumbre de las Américas debía estar marcada por la presencia simultánea de Barack Obama y Raúl Castro como símbolo del fin de más de medio siglo de enfrentamiento. Pero irrumpió “el caso Venezuela” para recordar que el viejo tío, aun debilitado y temeroso de potencias de creciente poderío, como China, no pierde las mañas.
 

En la política exterior de Washington llegó el momento “de destitución”1 de los gobiernos progresistas que le resultan más incómodos. Los caminos para ello serán muy variados, aunque parece por el momento descartado que se repitan operaciones tan abiertas como las recientes contra Manuel Zelaya y Fernando Lugo, en Honduras y Paraguay, o el más lejano intento de golpe contra Hugo Chávez de 2002 (incluyendo la “designación” previa de un “presidente” bendecido en Washington). La enormemente mayoritaria reacción latinoamericana a la declaración de Barack Obama de que Venezuela es una amenaza a la seguridad de su país habría llevado a que la superpotencia se incline, en este caso, por tomar caminos laterales, usando a algunos Gobiernos que para la opinión pública suenan como progresistas como punta de lanza contra Caracas. Quizá algo de eso persiga Obama al pedir una reunión bilateral con sus pares de Costa Rica, Chile y Uruguay durante la cumbre.
 

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, por lo pronto, acaba de destituir a su embajador en Caracas, Federico Picado, por decir que «en Venezuela hay una amplia libertad de prensa», lo que el diplomático demostró enseñando los diarios antichavistas que se venden en los quioscos (Tiempo, 26.3.2015). «En los puestos de venta me encuentro con periódicos y revistas cuyos contenidos expresan todo el arco iris posible de posiciones políticas e ideológicas», había dicho Picado cuando le preguntaron su opinión acerca de la “dictadura chavista”.
 

«En Costa Rica hay una norma que prohíbe al personal emitir opiniones sobre temas de relaciones internacionales o asuntos internos del país receptor que no hayan sido previamente consultadas. Es una norma que afecta a todos los funcionarios del servicio exterior, y con ella se trata de evitar que se ponga al país en situaciones incómodas», dijo el canciller Manuel González al justificar la destitución del embajador. Al mismo tiempo, González acusaba a Rusia de desestabilizar América Central por su venta de armas a Nicaragua (La Nación, 27.3.2015): alineamiento, le dicen. Algo de este tipo es probable que Obama busque al reunirse esta semana en Panamá con la chilena Michelle Bachelet y el uruguayo Tabaré Vázquez. Las declaraciones del canciller Rodolfo Nin Novoa indican, al menos, que en tierras orientales el camino está abonado.
 
Romper el cerco
 

Pero lo cierto es que la superpotencia está aislada en cuestiones centrales, en gran medida como consecuencia del tironeo interno entre republicanos y demócratas que neutraliza cualquier proyecto común para adecuarse a la nueva realidad. Nueva realidad que muestra que en “su patio trasero” Estados Unidos cuenta con una competencia inesperada apenas unos pocos años atrás: la de la República Popular China. Esa parálisis está facilitando el éxito de las iniciativas chinas en esta región. Sin embargo, demócratas y republicanos coinciden en un punto: América Latina es la zona del planeta más importante para la supervivencia de Estados Unidos como superpotencia. Y para ello se hace esencial mantenerla como coto exclusivo, sin injerencias extracontinentales y bloqueando la posibilidad de que varios países del área trabajen en una misma dirección, o sea: impidiendo cualquier manifestación de independencia.
 

Como recuerda José Luis Fiori, profesor de Economía Política Internacional en la Universidad Federal de Río de Janeiro, las sanciones estadounidenses a Venezuela están ligadas a “un movimiento profundo, casi telúrico, cada vez más religioso, fanático y agresivo en la sociedad, pero con una repercusión cada vez más mesiánica e intervencionista, en el campo de la política exterior de Estados Unidos” (Carta Maior, 7.1,2014).
 
China, China, China…
 

«El mes pasado puede ser recordado como el momento en que Estados Unidos perdió su papel como garante del sistema económico global», escribió Lawrence Summers una semana atrás [en el Financial Times], secretario del Tesoro entre 1999 y 2001 y asesor económico del presidente Obama entre 2009 y 2010 (The Washington Post, 5.3.2015). Summers se refería al fracaso de Washington en su intento de convencer a sus aliados más tradicionales de que no se unieran al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII) promovido por China.
 

El éxito chino en las relaciones internacionales no deja de sorprender tanto por la rapidez de sus avances como por su contundencia. La creación del BAII representa la más potente irrupción del país asiático en el mundo. Los anuncios de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Australia y Brasil de que se unirán a esta institución, que se estima puede llegar a sustituir el papel del FMI y el Banco Mundial, sorprendieron a Washington y son una muestra de la creciente influencia de la potencia emergente.
 

A través del nuevo banco, China invita al mundo a invertir en los corredores económicos trasnacionales que unirán Asia y Europa a través de una amplia red de conectividad financiera y de negocios. Los miembros fundadores del banco son 45 países asiáticos –China, India, Singapur e Indonesia entre ellos–, pero, a diferencia de las instituciones creadas en Bretton Woods, los votos de cada uno de ellos son proporcionales a su PBI. «Está emergiendo una arquitectura financiera global influenciada por China», sostiene el think tank Consejo Indio de Relaciones Globales (Gateway House, India, 1.4.2015). «La infraestructura es a China en el siglo XXI lo que el comercio fue a Estados Unidos en el siglo XX», agrega.
 

La incorporación de Gran Bretaña al banco asiático levantó fuertes críticas de la Casa Blanca, quizá porque fue el primer país aliado en hacerlo. Pero a esa deserción siguieron otras. Hasta Israel, un aliado incondicional de Washington, decidió incorporarse al BAII. «Su adhesión permitirá a Tel Aviv la integración de las compañías israelíes en diferentes proyectos de infraestructura financiados por el banco asiático», dice el comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel (Russia Today, 4.4.2015).
 

En paralelo, el avance de la internacionalización del yuan resulta imparable. El economista Ariel Noyola recuerda que «hace apenas cuatro años, un pequeño grupo de 900 instituciones bancarias realizaban operaciones en yuanes. A finales de 2014, el número aumentó a más de 10 mil entidades» (Russia Today, 31.3.2015). La presidenta del FMI, Christine Lagarde, anunció a fines de marzo la inclusión del yuan en los “derechos especiales de giro” (activos de reserva internacional creados en la década de 1960 para complementar las reservas de los bancos centrales), de los que esa moneda estaba excluida por el veto que ejercía Estados Unidos.
 

En consecuencia, China avanza de modo incontenible en todos los frentes, arrastrando aliados, agujereando la arquitectura financiera global, desbaratando planes largamente pergeñados. Pero cuando Pekín ingresa con fuerza en “el patio trasero”, la cosa se complica. China anunció planes para invertir 250.000 millones de dólares en la próxima década en América Latina. Estados Unidos tiembla.
 
Zona de exclusión
 

La penúltima edición de Military Review, publicación que refleja los puntos de vista del Pentágono, contiene un largo artículo titulado “La aparición de China en las Américas”2. El trabajo, redactado por Evan Ellis, profesor en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército estadounidense, analiza los impactos que la presencia china tiene para los intereses de su país.
 

En primer lugar sostiene que el ostensible aumento del comercio y de las inversiones chinas «está transformando la infraestructura física» de la región con obras que tienen «implicaciones estratégicas», como los corredores bioceánicos, la ampliación y modernización de puertos y la construcción de «un segundo canal a través de Nicaragua y la potencial carretera o “canal seco” y enlaces ferroviarios propuestos por Honduras, Guatemala y Colombia».
 

En segundo lugar, las viejas instituciones o instancias políticas regionales como la OEA o la propia Cumbre de las Américas han ido perdiendo importancia en beneficio de la Unasur o la CELAC, organismos «que expresamente excluyen a Estados Unidos». En paralelo, la revista apunta que el éxito económico de China «ha socavado los argumentos de Estados Unidos en cuanto a que la democracia al estilo occidental y los mercados libres son las mejores vías para el desarrollo y la prosperidad».
 

En el tercero, el análisis de Military Review considera que «la seguridad de Estados Unidos se ve afectada por el financiamiento, inversión y comercio de China con regímenes que buscan la independencia de los sistemas occidentales penales y de responsabilidad contractual, tal como ha ocurrido en diferentes grados con los países del ALBA». China puede usar las infraestructuras que construye contra Estados Unidos para presionar a los países a fin de que le nieguen a la superpotencia el «acceso a bases, recursos, inteligencia o apoyo político».
 

Ahora, razona el Pentágono, la influencia de Estados Unidos en la región está siendo socavada por «la disponibilidad de China como una alternativa al mercado de exportación, fuente de préstamos e inversión» (Military Review, enero - febrero de 2015).
 

El detalle está en la palabra “alternativa”. A diferencia de lo que sucedía en las décadas de 1960 y 1970, ahora los gobiernos disidentes del imperio pueden recurrir a otros países para resolver sus problemas.
 
Asegurar su patio trasero
 

El año pasado los bancos chinos prestaron a los países latinoamericanos más dinero que, sumados, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Por países, Venezuela fue el mayor receptor de préstamos chinos, y también uno de los mayores destinos de la inversión del gigante asiático en la zona, sobre todo para las explotaciones petroleras y la creación de infraestructura.
 

En Argentina la petrolera china Sinopec acaba de firmar un acuerdo de colaboración con YPF, explota el yacimiento de Vaca Muerta y participa en la expansión de redes ferroviarias y del metro de Buenos Aires. En Brasil, Sinopec se hizo con el 30 % de la portuguesa Galp y el 40 % de la española Repsol. Se calcula que China domina ya un tercio del sector minero peruano, con fuerte presencia en la extracción de cobre. «En toda la región las compañías chinas desarrollan proyectos de telecomunicaciones, automoción, agricultura, construcción y sectores energéticos, lo que extiende la influencia de Pekín, y no sólo a nivel económico» (Russia Today, 6.4.2015).
 

El brasileño Fiori estima que se está asistiendo a una «revalorización geopolítica y geoeconómica del Caribe y de América del Sur como tableros relevantes de la competencia global entre Estados Unidos y China, y de la competencia regional de estos dos países con Brasil» (Carta Maior, 25.12.2014).
 

Para avalar esa afirmación esgrime el trabajo del principal geoestratega estadounidense, Nicholas Spykman. Más de la mitad de la obra de Spykman America’s Strategy in World Politics, publicada en 1942, está dedicada al papel que debe jugar la potencia en América Latina y en particular en Suramérica. El teórico divide la región en dos zonas: una “mediterránea”, que incluye a México, Centroamérica, el Caribe, Colombia y Venezuela, en la que la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada, una suerte de “mar cerrado” cuyas llaves pertenecen a Washington.
 

Por otro lado aparece la zona de influencia de los grandes estados del sur (Argentina, Brasil y Chile). Spykman apunta que si estos países se unieran para contrabalancear la hegemonía estadounidense, «deben ser respondidos mediante la guerra» (Valor, 29.1.2014).
 

En los últimos años los países que impulsaron el Mercosur ampliado y la Unasur, básicamente Brasil, Argentina y Venezuela, entraron en la “línea de tiro” de Estados Unidos, que no puede aceptar que un proyecto convencional de integración económica (como fue el Mercosur en sus inicios) se transforme en un bloque político liderado por Brasil “con el objetivo de impedir toda intervención externa en América del Sur”.
 

La alianza de Brasil con China, India y Rusia en los Brics, y de Argentina y Venezuela con China y Rusia es otra línea roja para Washington. Que esas alianzas no pasen a mayores es un objetivo central de la política estadounidense. Máxime cuando sobre todo Brasil, pero también Argentina y Venezuela, se involucraron en un conflicto lejano, como el de Oriente Medio, condenando la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza en agosto y setiembre de 2014 y tomando distancia del bloqueo a Irán (Carta Maior). Cortarles las alas, de eso se trata.
 

Notas:

* Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada. Integrante del Consejo de ALAI. El texto publicado aquí fue revisado en su estilo, G. E.
1 El autor escribió “destituyente”, un neologismo de uso frecuente y que parece significar que se daña o derrumba lo constituido. Para el caso creemos que es mejor escribir “momento de destitución” aludiendo a que quienes lo promueven quieren “separar a alguien del cargo que ejerce”. En rigor en casos así estamos frente a hechos cabalmente subversivos, que procuran «trastornar, revolver, destruir, especialmente en lo moral» proyectos políticos populares. En décadas pasadas el concepto fue empleado por la derecha política y la prensa funcional a ella, vaya paradoja, subvertidamente.
2 Military Review, publicada por US Army Combined Arms Center (Usacac), Fort Leavenworth, enero-febrero 2015, pp. 66-78.


TISA: la banalización del mal, por Antonio Elías*



alai amlatina, 9.4.2015 



El ingreso de Uruguay a las negociaciones del TISA (Trade in Services Agreement) requiere varias puntualizaciones, dado que el proceso de discusión pública que se ha iniciado sobre el tema carece en gran medida de una sólida fundamentación.
 

La primera, nada menor, es que para los demás países miembros de dicha negociación el secreto rige para los términos en que se negocia, no para ocultar su condición de miembros. En el gobierno del presidente José Mujica la “reserva” o el “hermetismo” se llevaron a tales extremos que todo el proceso de incorporación a esas negociaciones era desconocida por connotados dirigentes del Frente Amplio y por el actual presidente de la República. Ambas cosas de extrema gravedad: la primera, porque la fuerza política tiene definiciones precisas en contra de este tipo de acuerdos, y el caso es una imposición de hechos consumados al margen de discusiones orgánicas que deberían haberse realizado en el Frente Amplio; la segunda porque existió un proceso de transición entre los equipos de gobierno, el saliente y el entrante, en el que debería haber sido informado el Dr. Tabaré Vázquez.
 

Pero no todo es responsabilidad del gobierno anterior: el tema fue difundido en la prensa en julio del año pasado, el canciller Luis Almagro reconoció la existencia de estas negociaciones y connotados dirigentes frenteamplistas fueron entrevistados al respecto, por lo que no sería aventurado decir que hay muchos que comparten, al menos por omisión, las responsabilidades del inconsulto ingreso al TISA.  De la misma forma debe decirse que también fueron omisos en informar al Tabaré Vázquez los integrantes del actual gabinete que conocían y aprobaron el ingreso al TISA.
 

En las actuales circunstancias –cuando según dirigentes del PIT-CNT el Presidente va a analizar en profundidad el tema antes de tomar posición– vale la pena recordar que fue el propio Dr. Tabaré Vázquez quién dio la orden de suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en su primer gobierno.
 

La segunda puntualización que corresponde hacer, a la que hemos denominado “banalización del mal”, es que se pretende convencer de que el ingreso a las negociaciones del TISA no exige ningún tipo de condiciones y se puede salir de las mismas fácilmente.
 

Antes fue el canciller Luis Almagro quién dijo que las negociaciones tienen como objetivo «establecer un régimen de comercio más amplio, flexible y predecible, lo suficientemente claro para no impedir que cada gobierno ejerza su propia soberanía para regular ciertos sectores», destacando que «Uruguay puede aceptar o no la fórmula a la que se llegue» (La Diaria, 17.7.2014).
 

Ahora es el canciller Rodolfo Nin Novoa quién dice que, «Lo primero que hay que hacer es juntar la información, sentarse a analizarla con cabeza abierta y pensar que Uruguay es un país que cada vez tiene más perfil de servicios», que va a «respetar y defender los monopolios que tiene el país, como por ejemplo la telefonía básica, la refinación de petróleo o el suministro de agua potable» y que, «antes de un eventual acuerdo TISA  habrá que consultar al Frente Amplio y a los demás partidos»  (6.4.2014).
 

Así, se pretende restar importancia a la participación de Uruguay como miembro pleno (no con categoría de observador) en una negociación multilateral que exige la aceptación de los acuerdos ya alcanzados y el compromiso de “buena fe” de aceptar los resultados de las negociaciones subsiguientes. Con lo cual solamente habrá que discutir cuando se llegue a la firma del tratado como si la dirección y objetivo de las negociaciones fuera irrelevante. 
 

Lo expuesto por el ex canciller y por el actual se contrapone con lo que sostienen el PIT-CNT y REDES en una nota dirigida el 6 de febrero de 2015 al canciller Almagro: «es ilusorio pensar que Uruguay podrá incidir mayormente en las negociaciones del TISA, menos aun cuando se le exige como condición de ingreso a las negociaciones que acepte (sin siquiera haberlos visto, estudiado y evaluado) los textos ya aprobados por los miembros actuales del TISA (como consta en innumerables comunicaciones de la misión permanente de Uruguay ante la OMC a la cancillería a lo largo de 2014)».
 

Plantean, además, que el ingreso fue aceptado sosteniendo que «lo ya aprobado coincide con lo acordado en el marco del GATS, del cual Uruguay forma parte». Lo cual cuestiona porque «tal como se establece en forma explícita en los objetivos del TISA en el documento que se le presento a la misión permanente de Uruguay ante la OMC (4.12.2012) buscan alcanzar un acuerdo GATS plus… avanzar mucho más allá del GATS en diversas áreas y se diferencia del GATS en varios aspectos importantes para los trabajadores, el pueblo uruguayo y toda la nación, no tenidos en cuenta en esa evaluación ligera». 
 

La tercera, la participación en esta negociación implica ignorar que Uruguay es básicamente exportador de bienes de origen agropecuario y ha compartido el reclamo de los países del tercer mundo  para que se eliminen los subsidios que otorgan los Estados Unidos y la Unión Europea a la producción de dichos bienes, lo cual ha sido una condición sine qua non, para negociar la liberalización del mercado de servicios.  
 

En ese marco parece absurdo que Uruguay, cuyas exportaciones de bienes y servicios en 2014 están compuestas en un 76,4 % por bienes, la mayor parte de origen agrícola, esté abriendo su mercado de servicios a los países centrales. Téngase en cuenta, además, que la mayor parte de los servicios que exportamos como “Transporte” (4,5 %) y “Viajes” (12,9 %) no se verán favorecidos por este acuerdo. El sector que sería eventualmente beneficiado por el ingreso a los mercados de los países miembros del TISA es “Otros Servicios” (6,3 %), el cual tiene tres componentes principales: “Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios” (2,5 %), “Servicios de Informática” (2 %) y “Servicios financieros, excluyendo seguros” (1 %).  El primero de los cuales se realiza en buena medida desde las zonas francas donde tienen muy importantes beneficios fiscales.
 

Los riesgos de este tipo de acuerdos son bastante obvios: las empresas nacionales de servicios que producen para el mercado interno van a tener que competir con empresas con enormes economías de escala y posiciones dominantes a nivel mundial. Esto afectará principalmente a las  empresas públicas que tienen monopolios o compiten con marcos regulatorios que las protegen (ver Apéndice 1).
 

Los promotores del TISA buscan ampliar los espacios de acumulación para el capital transnacional desplazando a las empresas del sector público. En ese sentido uno de los objetivos fundamentales son las telecomunicaciones, donde podemos identificar las tres áreas principales dónde se encuentra ANTEL: la telefonía fija (que va a “defender y proteger” el canciller Nin Novoa), cuyo monopolio legal se ve desbordado por los avances tecnológicos (celulares, Skype, WhatsApp, Viber, etc.); la telefonía móvil, un mercado en competencia con dos empresas transnacionales (Movistar y Claro) que exige múltiples inversiones para mantener la paridad tecnológica; y la transmisión de datos y contenidos que es el sector más dinámico de las telecomunicaciones y está en competencia con servicios inalámbricos, pero ANTEL mantiene un monopolio, en base a las autorizaciones y licencias expedidas por el Poder Ejecutivo, en la transmisión de datos por cable y fibra óptica.
 

Téngase en cuenta que si el mercado de datos por vía terrestre entrara en competencia y evolucionara como el de la telefonía móvil, el proceso sería el siguiente: 1) empresas transnacionales que ingresan al mercado compiten reduciendo precios; 2) al bajar los costos para las familias se incorporan nuevos clientes al mercado; 3) la participación relativa de la empresa pública (EP) en el nuevo mercado se reduce; 4) el mercado llega a la saturación y la EP pierde participación en términos relativos y absolutos; 5) las transnacionales pasan a tener el control del mercado y fijan los precios.
Abrir a las empresas multinacionales nuevos sectores de las telecomunicaciones implica destruir fuentes genuinas de empleo, anular la posibilidad de creación de contenidos nacionales, y reducir las oportunidades de desarrollo tecnológico. En definitiva, compromete la propia autonomía de Uruguay en un sector esencial y estratégico para su soberanía.



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Apéndice 1: 
El blindaje institucional de la liberación de servicios
 

Los principales objetivos que buscan los países centrales son: a) libre acceso a los mercados para sus empresas, sin limitaciones de ningún tipo; b) trato nacional, sus empresas tendrían un trato igual que las empresas nacionales sin ninguna forma de discriminación; c) trato de nación más favorecida, el máximo beneficio que se otorgue a cualquier nación se le debe otorgar a los miembros de este acuerdo.
 

Para lograr que esos objetivos se cumplan y no retrocedan tienen tres “blindajes”:
 

UNO: el statu quo que «congelaría los actuales niveles de liberalización de la economía en todos los ámbitos»a. Esto bloquearía la posibilidad de que un gobierno presente o futuro pueda volver atrás lo ya liberalizado. 
 

DOS: las “disposiciones de trinquete”, que implica que «cualquier cambio o enmienda a una medida nacional relacionada con los servicios que en la actualidad no se ajusta a las obligaciones del acuerdo se realice en una dirección a una mayor conformidad con el acuerdo, no menos»b. Esto significa que solo se pueden hacer cambios en dirección a mayores niveles de liberalización reduciendo cada vez más la soberanía nacional. Si un gobierno favorable al capital toma medidas que eliminan regulaciones y liberan mercados, un Gobierno posterior que defienda los intereses de los trabajadores, un desarrollo económico con fuerte participación del Estado y la protección de empresas nacionales medianas o pequeñas no podría modificarlo.
 

TRES: arreglo de diferencias, la Unión Europea y los Estados Unidos proponen que «el tribunal (panel) debe tener la necesaria formación y solvencia referida a los servicios financieros en controversia»c. Lo que implica que las condiciones que se establezcan serán reguladas y arbitradas, como en todos los acuerdos internacionales, por tribunales propios, excluyendo así las competencias y las legislaciones de cada país.  
 

CUATRO: todos los mercados existentes son parte del acuerdo, salvo que sean excluidos del tratado a texto expreso por una “lista negativa”, lo que implica que todo nuevo mercado que se genere por avances tecnológicos o por cualquier otra razón queda bajo las reglas del TISA.
 

CINCO: el texto básico del TISA excluye los servicios suministrados «en ejercicio de facultades gubernamentales» del ámbito de aplicación del acuerdo, pero los servicios prestados en el ejercicio de dichas facultades están estrictamente definidos como «todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios»d. Lo que implica que la mayor parte de los servicios públicos quedarían incluidos en la liberalización del TISA.



Notas del apéndice 1:

a Véase Scott Sinclair y Hadrian Mertins-Kirkwood, “El acuerdo para el comercio de servicios y la agenda corporativa”, http://www.world-psi.org/es/informe-especial-de-la-isp-el-tisa-frente-los-servicios-publicos
b Ibídem.

c Ibídem.

d Trade in Services Agreement (TISA), Financial Services Annex, WikiLeaks release: 19 de junio de 2014, p. 16. https://wikileaks.org/tisa-financial/
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En cuarto lugar, la participación en las negociaciones del TISA entra en franca contradicción con las definiciones programáticas del Frente Amplio en lo que tiene que ver con su política de inserción internacional (ver Recuadro Dos). Es muy explícita la definición del MERCOSUR como “plataforma de la regional de la inserción internacional” y que “las negociaciones comerciales de inserción internacional deberán plantearse desde la Agenda Externa del MERCOSUR”. 


También es muy claro y preciso el rechazo a tratados de libre comercio “en los términos y las condiciones de  los que EEUU ha firmado con Perú… referidos a normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios, barreras técnicas al comercio, etc., tampoco son aceptables introducidos en otros acuerdos tipo TIFA o similares”.   
 

Por otro lado debe destacarse que en el programa para el actual período de gobierno se sostiene que “sin perjuicio de las facultades de la CIACEX (Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior) y de otros organismos de coordinación interministerial, se habilitarán mecanismos de consulta con los agentes económicos y organizaciones sociales involucradas”, lo que claramente no ocurrió en el caso del TISA.


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Apéndice 2
El programa del FA 2010-2014 definía:
 

«47. Reconociendo al MERCOSUR como la plataforma regional de la inserción internacional del país, se asume que los acuerdos comerciales con otros países y bloques de naciones deben procurar diversificar el comercio exterior, la integración sur-sur y el fortalecimiento del bloque en el plano internacional. Estos deben procesarse sin afectar los márgenes de maniobra del país en sectores que pueden ser claves para una estrategia de país productivo como las Compras Gubernamentales, los Servicios o los derechos de Propiedad Intelectual.
 

«48. Un tratado de libre comercio en los términos y con las condiciones de los que EE. UU. ha firmado con Perú o ha propuesto a Colombia es incompatible con las necesidades y los objetivos del desarrollo nacional. Tales términos y condiciones, referidos a normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios, barreras técnicas al comercio, etc., tampoco son aceptables introducidos en otros acuerdos tipo TIFA o similares.»
 

Véase en: www.frenteamplio.org.uy/index.php?Q=download&ID=1044
 
Por su parte en el programa 2015-2020 se sostiene:
 

«Cualquier abordaje de negociación tendiente a suscribir tratados bilaterales o multilaterales comerciales deberá garantizar las necesidades y los objetivos del desarrollo nacional. Los términos en que se acepte negociar áreas tales como normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios o barreras técnicas al comercio, no deberán perjudicar el desarrollo sustentable del país, sus fuentes laborales ni su potestad de aplicar políticas públicas para alcanzarlo. Particularmente, no se deberá afectar la estrategia de integración que se viene llevando a cabo, en especial nuestra pertenencia prioritaria al MERCOSUR.
 

«Las negociaciones comerciales de inserción internacional deberán plantearse desde la Agenda Externa del MERCOSUR. Al respecto, se procurará que la misma sea amplia y diversificada en cuanto a países y producción exportable, impulsando Uruguay la profundización de los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) con los países de Latinoamérica y el Caribe.»
 

Véase en: www.vertiente.org.uy/webnew/documentos/Bases_FA_2015-2020.pdf
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Notas:

*Antonio Elías es uruguayo, director del Instituto de Estudios Sindicales “Universindo Rodríguez” (INESUR), y miembro de la Red de Economistas de Izquierda de Uruguay  (REDIU). Este artículo fue inicialmente publicado en el semanario Voces, Montevideo
Publicado en el Semanario “Voces”, Montevideo, el 9 de abril de 2015. Véase http://www.voces.com.uy/ La presente publicación del artículo fue especialmente cuidada en su texto. G. E.

miércoles, 8 de abril de 2015

Uruguay contra Venezuela: ¿otra vez el “Estado tapón”?, por Raúl Zibechi*



alai amlatina, 8.4.2015



“La prisión de opositores es preocupante”, dijo el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa. “Es enormemente preocupante. Sobre todo para un país que vivió las mismas condiciones que están viviendo parte de los venezolanos ahora, hace más de 30 años, y tuvimos que salir al mundo a pedir ayuda. Porque los derechos humanos es la única materia en la cual el argumento de la no injerencia en asuntos internas de un país no es válida” (El Observador, 7 de abril de 2015).

Las declaraciones del canciller uruguayo se producen horas antes de la Cumbre de las Américas en Panamá y confirman el hondo viraje de la política externa del gobierno de Tabaré Vázquez que asumió el cargo hace apenas un mes. Peor: de algún modo compara la situación en Venezuela con la dictadura militar uruguaya.

Llama la atención que el Gobierno uruguayo enfoque sus críticas hacia Venezuela y pase por alto las miles de violaciones de los derechos humanos que se producen en México, incluyendo asesinatos y desapariciones. Sorprende que esas afirmaciones del canciller se produzcan cuando Estados Unidos emprende una fuerte campaña contra
Venezuela y no se dice nada al respecto.

En rigor, no es la primera vez que el gobierno de Vázquez se enfrenta con otros gobiernos progresistas de la región. En 2011 reconoció que durante su primera gestión (2005-2010) durante el conflicto con Argentina por la instalación de la papelera Botnia en Fray Bentos pidió apoyo a Estados Unidos (en concreto a Condoleezza Rice, entonces secretaria de Estado, ante una eventual guerra entre vecinos).

Pero fue bastante más lejos en un intercambio con Hugo Chávez, cuando Vázquez quería firmar un TLC con Washington. Según el propio presidente uruguayo, le dijo a Chávez que Uruguay estaba dispuesto a declararle la guerra a Estados Unidos si Venezuela dejaba de venderle petróleo a ese país. Vázquez recordó que Chávez le dijo “Tabaré, vas a firmar un tratado de libre comercio con el imperio...”. “Sí, si es favorable para Uruguay, sí. ¿Tú no le vendés petróleo a Estados Unidos? Si vos no le vendés más petróleo, yo le declaro la guerra a Estados Unidos”, afirmó ante las risas de la platea. “Le quiero vender carne, lana, tierra, arena... lo que pueda porque es trabajo para nuestra gente”, señaló Vázquez.1

La conversación refleja un modo de ver el mundo que se ha vuelto hegemónico en buena parte del mundo. Una lógica que dice que todo lo que genere empleo es necesario para el bienestar de la población. Pero esa lógica no sólo es engañosa sino que puede llevar a situaciones en las que el único proyecto del país sea vender, ganar dinero, tener ingresos. Deja de haber proyectos de largo plazo, como la integración regional.

La actitud del Gobierno uruguayo es doblemente problemática. En primer lugar, ignora que vivimos una transición hacia un mundo unipolar, en la cual habrá aún más conflictos que ahora, y cada quién deberá tomar partido. Es posible que, por puro pragmatismo, este gobierno ya haya elegido que su lugar en el mundo es junto a los Estados Unidos. Sería bueno saberlo.

En segundo lugar, pueden y deben formularse críticas a Venezuela. Pero cuando un país que vive un proceso complejo de cambios, es agredido por la principal potencia del mundo, es obligatorio ponerse del lado del agredido. Gobiernos conservadores como el de Juan Manuel Santos no han dudado en hacerlo. Por eso lo que está haciendo el canciller Nin Novoa, con indudable apoyo del presidente Vázquez, suena a ignominia.

La peor hipótesis sería que Uruguay haya optado por volver a jugar el papel de “Estado tapón” que le asignó la corona británica cuando apoyó la independencia, con el objetivo declarado de “poner un algodón entre dos cristales”, como dijera Lord John Ponsonby cuando gestionó el nacimiento del país en 1830 evitando la continuación de las guerras entre Brasil y Argentina. Pero detrás de la creación de un nuevo país, estaba el interés de la nueva potencia hegemónica, Inglaterra, de asegurar la navegación de los ríos para facilitar el comercio, la principal arma en su expansión imperial.

Sería penoso que casi dos siglos después, el país juegue a dividir a la región, a ser usado como punta de lanza contra el Mercosur y, muy en particular, contra Argentina y Brasil.


Notas:

* Raúl Zibechi es periodista uruguayo, escribe en Brecha (Montevideo) y La Jornada (México) e integra el Consejo de ALAI. URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/168777
1 Las declaraciones completas en
http://www.180.com.uy/articulo/21990_Vazquez-pidio-ayuda-a-Bush-por-posible-guerra-con-Argentina

domingo, 5 de abril de 2015

Una Vigil insulta a Lucía Topolansky


La montevideana porteña Mercedes Vigil, novelista y miembro de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, quizá, con gesto de sutil desagrado, arrimó un perfumado pañuelito a las fosas de su empolvada nariz para decir lo que dijo. No se animó, pareciera, como señoras de su clase lo hacen con la Presidenta argentina, a denostar a Lucía Topolansky –senadora, candidata a intendente de la capital uruguaya y compañera de vida del también senador y ex presidente José Mujica– nominándola hembra equina, tal se hace en barrios “bien” de Buenos Aires y sus aledaños, como por caso algunos countries y Punta del Este. No, simplemente dijo que es «una de las mujeres menos aseada que he conocido».1



La señora Vigil, la de la foto, en un reportaje de Revista V12 Club Privado (?) manifestó que la suya es una familia de literatos:



Creo que hay mucho genético, desde que hubo un Vigil en estas tierras siempre tuvo algo que decir con la palabra escrita. Constancio Vigil, Carlos y Daniel Martínez Vigil fundaron entre otras la revista Literaria, la Alborada [sic]. Mi abuelo y mi bisabuelo eran abogados y políticos, pero también escribían de todo porque sentían la necesidad de contar cosas. Yo lo hago desde chica con poesía, cuentos cortos y novela histórica desde hace 15 años [sic].2



Constancio Cecilio Vigil, quizá su bisabuelo, nació políticamente blanco, en Rocha, Uruguay, durante 1878, hijo de un periodista, editor y político del Partido Nacional. Sus primos de San José de Mayo militaban en el Partido Colorado. En Montevideo, muy joven, es cofundador de la revista Alborada, y con veinte años de edad es un acérrimo crítico de la intervención estadounidense en el proceso de la independencia cubana de España. Como tantos jóvenes intelectuales de la época, en una banda como en otra del gran estuario Del Plata, la “madurez” los devolvería a naturales posiciones reaccionarias, como sucedió con el argentino Leopoldo Lugones3.



Cuando en 1903 Constancio Cecilio se traslada a Buenos Aires para desenvolver lejos del liberalismo cultural de José Batlle y Ordóñez una prolífica actividad de escritor y empresario, autor de anecdótica literatura moral para niñas y niños y simultáneamente fundador de la Editorial Atlántida. A la variedad de publicaciones periódicas que editaba y que cubrían el espectro social de las capas medias (entre otras Mundo Argentino, La Chacra, Para Ti y El Gráfico), sumó en 1919 a Billiken. El momento no era anodino: desde hacía un año un fenómeno histórico mundial conmocionaba a los trabajadores: la revolución bolchevique. Ésta y otras acciones de Vigil concomitantes con su proyecto político-confesional fueron las que hicieron que el recordado Papa Pío XII le confiriera la llamada Cruz Lateranense.



En un  reportaje que en 2002 le hiciera Manuel Barrero al guionista de historietas y estudioso de ese género Carlos Trillo, éste manifestó sobre Billiken su experiencia ocurrida treinta años después de su creación, promediando el siglo XX:



 En los [años] cincuenta era la revista de mayor circulación de la Argentina y su tirada superaba los quinientos mil ejemplares. Vigil era un señor reaccionario que escribía máximas de vida para los niños, bastante horribles, vistas desde el ahora. Pero su publicación tenía, para nosotros, el encanto de la aventura: largos relatos, historietas, un humor ingenuo y entrañable, nos atrapaba semana a semana. Se podrían decir cosas espantosas acerca de la ideología de este antiguo y aún existente semanario. Pero nos acercaba a la lectura de algunos viejos clásicos de –por ejemplo– Gastón Leroux, a las historietas norteamericanas (Billiken fue el primer editor de Superman en la Argentina), a los relatos de Fola y Vidal Dávila, sucesores seguramente de los personajes de Rudolph Dirks y otros viejos maestros.4


Un nieto del fundador, con su mismo nombre y apellido pero nacido en Buenos Aires en 1936 –probablemente tío, cercano o lejano, de la montevideana Mercedes nacida en 1957– en 1954 asume la conducción de los emprendimientos del abuelo recién fallecido, entre ellos también de Billiken

El papel de la revista durante la dictadura cívico militar que en 1976 iniciaran José “Joe” Martínez de Hoz, otro heredero famoso,5 Rafael Videla y Emilio Massera, fue abordada por Paula Guitelman, licenciada en Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, en su libro La infancia en dictadura, Buenos Aires, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2006.


Entrevistada por el suplemento “Radar”, del diario Página/12, Guitelman explica que 


«Las revistas para adultos de la editorial mostraban una posición totalmente funcional a la dictadura; a mí me interesaba saber qué pasaba con la revista infantil, si aparecía o no en Billiken alguna alusión al golpe militar. Lo primero que me sorprendió fue la omisión total de la dictadura. No sólo porque no aparece mencionada en ningún lado sino también porque resulta raro que en un revista que recurría permanentemente a cronologías tales como “Qué fue lo más importante que pasó en el año 1976” o “en 1977”, el 24 de marzo no apareciera y en cambio sí se celebrara el centenario del nacimiento de Constancio C. Vigil (fundador de la revista) o los premios de Nadia Comaneci».


La autora califica a la revista, explica Página/12:


«autorreferencial, moralizante, dueña de una euforia cientificista casi profética, obsesivamente higienista y hasta racista; en fin, un perfecto compendio del peor sentido común argentino. ¿Operación macabra o la mayor sutileza en el arte de la coerción infantil? Guitelman prefiere evitar el juicio: “Cualquiera puede ver estas notas, todo estaba ahí. Y cualquier padre puede haber comprado las figuritas del 25 de Mayo para su hijo sin advertir que en los detalles más pequeños se estaba legitimando la idea de autoridad, obediencia y disciplina. Por eso me interesó la revista: era la entrada a una vida cotidiana que se continuaba más allá del miedo”».6


“Otro” Mercedes


Refiere Eduardo Anguita en su libro Grandes hermanos. Alianzas y negocios ocultos de los dueños de la información:


Los Vigil se alinearon con la dictadura de Videla y sacaron [la revista] Somos a su medida. El destape de la represión y la censura nuevamente encontraron a Atlántida del lado del cambio, aunque desgastada y con importantes pérdidas en los balances desde 1987. La llegada del menemismo encontró a los primos Aníbal y Constancio Vigil al frente de la editorial.



La licencia de Canal 11 y de una red de diez canales del interior [de Argentina] fue otorgada a Atlántida Comunicación, un consorcio en el cual Editorial Atlántida tenía una participación accionaria no mayoritaria. El consorcio era un conglomerado donde había empresarios del interior con tradición en televisión –como el santafecino Pedro Simoncini– y otros que le sumaban alcurnia y brillo al menemismo. Es el caso de Avelino Porto, rector de la [privada] Universidad de Belgrano y [entonces] futuro ministro de Bienestar Social, o el de Santiago Soldatti, de Comercial del Plata, ligado a los nuevos negocios del Citicorp y de Telefónica. El consorcio bautizó al 11 como Telefé y enseguida se encontraron con problemas.



Tanto Aníbal como Constancio Vigil participaban en el directorio. Al poco tiempo se supo que el Mercedes Benz de Constancio, que jugaba al golf con Menem, formaba parte del lote de coches de ricos y famosos comprados sin pagar impuestos. Gozaban del régimen de excepción para conductores minusválidos, poniendo el coche a nombre de algún discapacitado que les firmaba un permiso de conducción a cambio de algún dinero. En el caso de Constancio se trataba de un ascensorista del edificio de Atlántida. El escándalo lo apartó del directorio de Telefé, aunque no de la editorial.7

                                   

Lo mío ahora, deseo ponerlo suficientemente en claro, no es animadversión por la tan “clasista” como grosera Mercedes Vigil y sus parientes. Para nada, solos se cuecen.



Notas:

1 Véase, y luego no se vea nunca más… http://mercedesvigil.blogspot.com.ar/2015/03/respuesta-por-mis-silencios.html En este artículo, Mercedes Vigil, quien en 2010 fue declarada Ciudadana Ilustre por la Junta Departamental de Montevideo, dice que no desea escribir de actualidad «porque todo es muy bizarro»: «Reitero, estamos patas para arriba y si no baste con observar como la favorita para ocuparse – entre otras cosas– de la limpieza de nuestra sucia capital a una de las mujeres menos aseada que he conocido. »


3 Leopoldo Lugones nace en la Provincia de Córdoba en 1874, apenas cuatro años antes que Vigil. Ya veinteañero se casa y tiene un hijo, “Polo”, y con mujer y aquél se trasladan a Buenos Aires. Allí tanto traba relación con un grupo de literatos socialistas en el que están Alberto Gerchunoff, Manuel Baldomero Ugarte y Roberto Payró como con Mariano de Vedia, quien le presenta a Julio Argentino Roca, por entonces Presidente de la nación, concluida la campaña de genocidio de pueblos originarios y exitosamente promovido el capitalismo agropecuario. Lugones transita el socialismo, vira hacia el liberalismo y llega al fascismo. Su “pecado de juventud” fue, probablemente, editar junto con José Ingenieros, la revista La Montaña (1897, véase http://labrokenface.com/la-montana-el-periodico-revolucionario-de-lugones-e-ingenieros/), en la que se urgía a la revolución obrera y se parodiaba a “poetas burgueses”. El único hijo del autor de La guerra gaucha (1905), con su mismo nombre y apellido, en 1930 es nombrado Comisario Inspector de la Policía de la Capital por el dictador José Félix Uriburu. Ocho años después, a los sesenta y cuatro de edad, Lugones padre se suicida ingiriendo una mezcla de cianuro y whisky.


5 “Joe” Martínez de Hoz, quien falleció en 2013, fue nieto de José Toribio Martínez de Hoz, fundador de la Sociedad Rural Argentina y especial beneficiario del antes referido genocidio aborigen conocido como “Campaña del Desierto”, al que apoyó política y económicamente: por lo que recibió en compensación 2.500.000 hectáreas de campo. Véase Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina, Editorial Norma, Buenos Aires, 2004.


7 Eduardo Anguita, Grandes hermanos. Alianzas y negocios ocultos de los dueños de la información, Editorial Colihue, Buenos Aires, 2002. Pp. 66/67




Alieto Guadagni. Durante su gestión en Energía perjudicó a YPF y la producción de hidrocarburos*



El ex secretario de Energía de la dictadura militar y del gobierno de Eduardo Duhalde, se destacó por tomar medidas en deterioro de YPF, y por profundizar la falta de extracción, procesamiento y producción de hidrocarburos en Argentina, que el actual gobierno nacional logró revertir en los últimos años, según expertos del CONICET.


Así concluye un artículo del experto Ignacio Sabbatella1, miembro del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que analiza el paso de Guadagni por el área energética durante la última dictadura cívico militar, y cuando Eduardo Duhalde ocupó el Poder Ejecutivo, en 2002.

Sabbatella destacó que durante la primera gestión, de julio de 1982 a diciembre de 1983, Guadagni «fue artífice de la renegociación de contratos con las empresas de capital nacional que habían accedido a la explotación de áreas productivas de YPF por licitación pública desde 1977, bajo la denominada privatización periférica de la petrolera estatal».



Guadagni, afirmó, «fue artífice de la renegociación de contratos con las empresas de capital nacional que habían accedido a la explotación de áreas productivas de YPF bajo la denominada privatización periférica de la petrolera estatal».


Al respecto, el investigador del CONICET indicó que «firmas como Pérez Companc, Bridas, Techint, Pluspetrol y Astra se habían hecho de un negocio sumamente rentable y de escaso riesgo, ya que todas las áreas tenían reservas comprobadas e infraestructura adecuada para su explotación a partir de inversiones previas de YPF».

 

Además, subrayó que «los contratos establecían que el petróleo que extrajeran los contratistas debía ser adquirido por la empresa estatal a un precio que generalmente excedía el costo de explotación que YPF tenía en otras áreas de similares características».
 

«Como si fuera poco, los contratistas obtuvieron condiciones aún más ventajosas cuando renovaron los contratos en marzo de 1983, durante la gestión de Guadagni», afirmó Sabbatella.
 

Según consta en un informe realizado por los investigadores del CONICET Esteban Serrani2 y Ana Castellani3, las nuevas pautas de contratación que beneficiaron a las contratistas privadas incluían «el establecimiento de un nuevo nivel de producción básica, sustancialmente menor al volumen de extracción que las empresas mantenían antes de la renegociación».
 

También permitían «la fijación de precios más elevados para la producción básica, que significó un aumento promedio del orden del 86,4 por ciento».
La renegociación conducida por Guadagni asimismo posibilitó «la condonación de las multas por incumplimiento en la producción básica comprometida originariamente en los contratos, por un total aproximado de 40 millones de dólares».

 

«De manera que su primera etapa al frente de la Secretaría de Energía no sólo es condenable por haber tenido lugar durante la peor dictadura que asoló a nuestro país, sino también porque bajo su gestión se aprobaron condiciones contractuales que deterioraban aún más el patrimonio de YPF en beneficio de un puñado de grupos económicos, al mismo tiempo cómplices de esa dictadura», puntualizó Sabbatella.



Su primera etapa al frente de la Secretaría de Energía no sólo es condenable por haber tenido lugar durante la peor dictadura, sino también porque bajo su gestión se aprobaron condiciones contractuales que deterioraban aún más el patrimonio de YPF


En cuanto a la segunda etapa, que fue de marzo a julio de 2002 [durante la grave crisis desatada al final del gobierno de De La Rúa y durante el provisional de Eduardo Duhalde, ex vicepresidente de Carlos Menem], precisó que «la extracción de crudo se redujo 0,8%, pero la exportación aumentó 1,9 en relación al mismo período del año anterior, pese a la preocupación oficial por limitar las ventas externas». Además, remarcó que «la extracción de gas natural disminuyó más bruscamente, un 9,4%; y la relación de exportaciones sobre extracción aumentó de 12 a 13 por ciento».

 

En materia de refinación, destacó que se produjo «una caída importante de la producción», y añadió que «el procesamiento de crudo retrocedió 7,3%; la elaboración de gasoil, 11,4; y la de nafta súper, 15,2 por ciento».



Notas (G.E.):

* Ante la difusión por medios de prensa tanto de Buenos Aires como de otras ciudades suramericanas de comentarios críticos sobre el desenvolvimiento de la política económica argentina hechos por Alieto Guadagni, se reproduce este despacho distribuido por la agencia Télam (13.5.2014, véase en http://www.telam.com.ar/accesible/notas/201405/62934-alieto-guadagni-ypf-hidrocarburos-ex-secretario-de-energia.html)

1 Ignacio Sabbatella es licenciado en Ciencia Política, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente es becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Coautor del libro Historia de una privatización: cómo y por qué perdimos YPF, publicado por Capital Intelectual en diciembre de 2012, y autor de numerosos artículos presentados en eventos y revistas científicas. En noviembre de 2013 se doctoró con la tesis titulada “¿Commodities o bienes estratégicos para el crecimiento económico? La ecología política del petróleo y gas en la etapa posneoliberal”, con la calificación “Sobresaliente summa cum laude y recomendación de publicación”. Mientras que su tesis de maestría “La ecología política de la privatización de YPF: mercantilización de los hidrocarburos y valoraciones alternativas (1989-2001)” fue aprobada con mención especial y recomendación de publicación en noviembre de 2011. Entre 2006 y 2007 se desempeñó como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación. Entre 2005 y 2012 fue docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

2 Esteban Serrani es doctor en Ciencias Sociales, investigador docente en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA), experto en los procesos de privatización neoliberales en América Latina durante la década de 1990  y autor de artículos y libros sobre la cuestión, entre ellos Historia de una privatización…, junto con Sabbatella y Mariano Barrera (véase http://www.eldiplo.org/biblioteca/historia-de-una-privatizacion/).

3 Ana Castellani, por su parte, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), licenciada y profesora en Sociología por la misma universidad y magíster en Sociología Económica  por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) en conjunto con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Docente de la  UBA, Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en “Estado y grandes agentes económicos. Incidencia de los ámbitos privilegiados de acumulación en el perfil de la cúpula empresaria”.

Glifosato non santo II (a propósito de Patrick Moore)



Hace pocos días adherí con mi firma y dirección electrónica al reclamo de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE)* al Gobierno de Argentina para que se prohíba el uso del herbicida glifosato en las plantaciones masivas del negocio agroalimentario. Ayer me llegó un aviso del servidor de correos indicando que tal reclamo no se había podido entregar a sus destinatarios.

Lamentable situación. Pareciera que se filtra y deniega lo que no se debería y se facilita –aun sin quererlo, queremos pensar–, lo que nos hace daño como sociedad y país: la contaminación del ámbito humano o también la proliferación de servicios y aparatos privados de seguridad (que efectivamente nos privan de seguridad a las mayorías), o el descontrol de servicios policiales estatales que con sus vehículos atropellan gente porque marchan sin luces y de contramano, como en Villa Luzuriaga, intimidan a jóvenes estudiantes de una Escuela Industrial en San Miguel, y roban e intimidan (a mano armada) en José C. Paz, todo lo consignado en territorio de la Provincia de Buenos Aires…

El reclamo de la RENACE:

Estimados señores
 
Sra. Presidenta de la Nación,
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
 
Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ing. Agr. Carlos Casamiquela
 
Sr. Ministro de Ciencia y Tecnología
Dr. José Lino Barañao
 
Sr. Ministro de Salud
Dr. Daniel Gustavo Gollán
 
La reciente publicación de la OMS del informe sobre el Glifosato que expone que “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)” y por otra parte el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas” viene a confirmar lo que desde hace más de una década vienen denunciando comunidades, organizaciones sociales, médicos e investigadores de todo el país.
 
De esta manera este documento viene a terminar con el cerco de silencio con el que se ha pretendido acallar las voces de las víctimas de un modelo de agricultura criminal que se ha impuesto de manera masiva en la mayor parte de nuestra región agrícola.
 
La respuesta de los investigadores del IARC a los intentos de Monsanto de descalificar sus voces han sido contundentes: “la inclusión del glifosato se ha tomado luego de numerosos estudios y la evidencia apuntaba claramente en ese sentido”. Nos preguntamos '¿hay evidencia de que el glifosato causa cáncer?' y la respuesta es 'probablemente'", explicó el coordinador del grupo de científicos que compiló la lista, Aaron Blair.
 
A diferencia de los argumentos de Monsanto que no son científicos por estar basados en estudios realizados sin independencia de criterio de las mismas empresas y ser confidenciales, el último estudio de la IARC "sólo considera los informes que han sido publicados o aceptados para su publicación en la literatura científica disponible abiertamente", así como "datos de los informes gubernamentales que están a disposición del público".
 
Las investigaciones de Andrés Carrasco dadas a conocer en el año 2009 fueron claras anunciando lo que hoy reconoce el IARC y su compromiso desde ese momento para denunciar al glifosato y al modelo de agronegocio que lo imponen son un ejemplo que hoy debe ser revalorizado a la luz de esta nueva clasificación para el herbicida estrella de Monsanto.
 
Estas investigaciones vinieron a dar luz y voz a las Madres de Ituzaingó y a todos los pueblos fumigados que desde una década atrás vienen denunciando los impactos dramáticos en sus vidas con mapeos, estadísticas populares, casos concretos y una lucha que no cejó a pesar de la sordera intencional de los funcionarios de turno a nivel local, provincial y nacional.
 
El glifosato se comercializa desde hace más de 20 años por la multinacional Monsanto bajo la marca Roundup y su uso se incrementó significativamente a raíz de la imposición de cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón, que en nuestro país abarcan más de 24 millones de hectáreas y cuya producción está indisolublemente ligada a su empleo. En el año 2014, según datos de la misma industria, en el territorio argentino se utilizaron más de 200 millones de litros de glifosato lo que ha tenido un impacto masivo sobre millones de personas.
 
Esta misma semana se ha dado a conocer un un estudio epidemiológico realizado por la Universidad de Córdoba en la localidad de Monte Maíz, donde había una alta concentración de acopios de cereales y pesticidas que determinó que la población tenía una incidencia cinco veces mayor de casos de cáncer que el común.
 
Nuestra posición es muy clara: no se trata de sustituir al glifosato por otros herbicidas (como de hecho ya se está planteando hacer Monsanto con los herbicidas dicamba o el 2,4 D). Lo que necesitamos es replantear radicalmente el modelo de agricultura basado en monocultivos, transgénicos y agrotóxicos para iniciar una transición hacia una producción agroecológica basada en las economías locales y orientada hacia la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo.
 
Por todos esos daños que produce el sistema agroalimentario actual, y todo lo bueno que nos traerá el sistema que proponemos, peticionamos:
 
- La inmediata prohibición del Glifosato para su uso agrícola y urbano en todo el territorio de la República Argentina en aplicación del Principio Precautorio.
 
- La ampliación y consolidación del debate e implementación de la transición hacia otra agricultura sobre la base de la producción agroecológica, la Soberanía Alimentaria y la inclusión social.
 
Esperamos su pronta respuesta y nos ponemos a disposición para aportar toda la bibliografía y registro de casos que sustentan esta solicitud.
 
--
Gervasio Espinosa

 
Nota:

Glifosato non santo I. Patrick Moore



Patrick Moore, un lobista de Monsanto, en una entrevista con el Canal+ francés, afirma que el glifosato, ingrediente utilizado en herbicidas como el Roundup (nombre comercial con el que lo produce esa empresa), no está detrás del incremento de las tasas de cáncer en Argentina. «Usted puede tomar casi un litro y no le hará daño», insistió Moore.
Entonces el entrevistador le ofrece un vaso del pesticida, a lo que Moore le contesta que «Estaría feliz, sé que no me dañaría, pero no». Pero cuando el entrevistador insiste en que tome un sorbo Moore contesta que no es “estúpido”.

El interlocutor vuelve a preguntar si es peligroso para la salud, a lo que el lobista contesta que el producto «no hace daño a los humanos». Dice, además, que muchos intentan suicidarse tomándolo, pero que siempre fallan. Cuando entonces el entrevistador insiste nuevamente en que tome del vaso, Moore le dice «que no es idiota» y exige que terminen la entrevista. 

Lo más impactante es que antes de convertirse en lobista de organizaciones vinculadas a la energía nuclear y de ingeniería genética, Moore, biólogo de carrera, fue ecologista de Greenpeace.

Recientemente la Organización Mundial de la Salud anunció que el glifosato está clasificado como un probable carcinógeno para los seres humanos. La declaración se basa en análisis realizados en varios países.1  

En 1994 el Dr. Patrick Moore escribió en el canadiense The Vancouver:

Hace más de veinte años yo fui uno de la docena de activistas que fundaron Greenpeace en el sótano de la United Church, en la calle 49 y Oak, en Vancouver. La guerra de Vietnam estaba en su apogeo y el holocausto nuclear parecía cada día más cercano. Nosotros unimos a la paz, la ecología, y un talento para la comunicación mediática y nos lanzamos a construir la organización activista ambiental más grande del mundo. Para 1986, Greenpeace estaba establecida en 26 países y tenía un ingreso cien millones de dólares anuales.

En 1986, el grueso de la sociedad occidental estaba ocupada adoptando la agenda ecologista que era considerada radical sólo quince años antes. Para 1989, Chernobyl, el Exxon Valdez, la amenaza del calentamiento global, y el agujero de ozono habían establecido el debate.

Mientras que previamente el movimiento ecologista se encontró puertas afueras del poder, ahora estaba invitado a la mesa alrededor del mundo. Para los ecologistas, acostumbrados a la política de la confrontación, esta nueva era de aceptación imponía un gran reto.

Después de quince años en el frente, liderando las campañas de Greenpeace y manejando los dolores de una organización joven, yo decidí seguir adelante. Había una serie de razones; una familia joven que necesitaba de mi con mayor frecuencia, abundancia de voluntarios para tomar mi puesto, y la necesidad de añadirle una nueva dimensión a la vida. Pero la razón más perentoria fue la sensación de que nuestra misión, por lo menos de la manera en que yo la entendía, estaba cumplida en gran manera.2

Notas: