Páginas vistas en total

sábado, 6 de abril de 2013

Fingimos tener paciencia, por Adriana Cabrera Esteve



Adriana es uruguaya y tiene, ella lo escribe, cincuenta y siete años. A los veinte, en 1976, siendo una muchacha, sufrió la desaparición forzada de su padre, Ary Cabrera, carpintero y trabajador bancario, secuestrado en Argentina por la cordinadora dictatorial. Yo podría ser hermano de las hijas de Ary, y lo soy en sentimiento popular y rioplatense. No me desaparecieron padres ni parientes directos aunque sí entrañables compañeros y la madre de una sobrina ahora de cercana edad a la de Adriana. Aquí este texto publicado inicialmente en su blog http://adrianacabreraesteve.wordpress.com/

Acabemos con la paciencia y sus ficciones…





Fingimos tener paciencia

Por Adriana Cabrera Esteve


La verdad es que esta situación en la que nos encontramos luego de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 nos hace acordar a la canción de Lenine, Paciencia, en la que afirma “la vida no para/ la vida es tan rara” y bastante antes,



Cuando todo el mundo
espera la cura del mal
Y la locura finge
que todo esto es normal
Yo finjo tener paciencia



Mi padre fue secuestrado en 1976, en ese entonces tenía 20 años, hoy tengo 57. Pasaron 37 años y, como Lenine, fingimos tener paciencia. Lo mismo ha sucedido con otros hijos, niños recién nacidos o pequeños cuando secuestraron a sus padres, ahora comienzan a ver pequeñas canas en el espejo, sólo para recordarles que la vida no para. El tiempo corre a favor de los criminales. Nosotros perdemos el tiempo que ellos ganan. Nuestros años pasan y seguimos lideando con diferentes formas de impunidad. Y lo más terrible, los años de los culpables de crímenes de lesa humanidad, también pasan y salvo un pequeño número de condenados, la gran mayoría están en libertad. También han pasado los años de Luz Ibarburu, Tota Quinteros, Violeta Malugani, María Salvia de Errandonea, Guillermo Sobrino y la lista es larga. Los vimos y nos vimos denunciar ante los organismos internacionales o coordinar con las madres argentinas, los vimos y nos vimos llevar las fotos de nuestros familiares a la Plaza Libertad, los vimos y nos vimos cargar la presencia de nuestros familiares a las concentraciones de los primeros de mayo o a las marchas de los 20 de mayo. ¿Qué queríamos? Lo que quiere cualquier ser humano al que le roban un ser querido: tenerlo de vuelta. Y cuando resultó que no era posible, denunciar sus secuestros, exigir justicia. Pero también vimos otras cosas. Vimos, más recientemente, hombres y mujeres que luego de años de silencio se animaron a contar y a denunciar lo sucedido en las cárceles de la dictadura. Durante décadas no habían podido hacerlo; cuando les fue posible, el plazo, según la SCJ, insólitamente había prescripto. ¿Qué sucedió con aquello de que al impedido no le corre término? ¿Qué tiene todo esto que ver con la obligación del Poder Judicial de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas?



La sentencia de la SCJ va en contra de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero más aún, va en contra del concepto mismo de crimen de lesa humanidad. Lo desconoce como si Uruguay no hubiera suscripto los tratados internacionales que lo obligan a tratar los crímenes cometidos desde el Estado como tales. Y se opone, sin duda a la Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que obliga al Estado uruguayo a reparar los crímenes de la dictadura y a actualizar su actuación y su legislación interna acorde a las normas internacionales de derecho.



El 23 de febrero, a través de un comunicado de prensa, Hijos Uruguay decía: “Debemos además expresar que no logramos salir de la sorpresa y el estupor que nos generan estos hechos, cuando creíamos que en nuestro país se comenzaban a avizorar ciertos avances respecto a nuestros históricos e insoslayables reclamos.



Avances que se traducían en un lento pero palpable aggiornamiento de nuestra jurisprudencia con el derecho internacional o en el paulatino cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, los resultados en los trabajos de excavaciones en los predios militares y la investigación histórica con el correspondiente acceso y difusión de parte de los archivos de la dictadura.



Cuando comenzaba a insinuarse un cambio cultural que buscaba desembarazarse de la impunidad como regla de juego y condición inalterable en el perverso juego de las relaciones sociales tuteladas por la memoria del horror.”



Entre los defensores de la teoría de los dos demonios y los defensores del terrorismo de Estado, quizá no debió sorprendernos que sigan existiendo en nuestro país quienes se inclinan a favor de los victimarios en lugar de defender a las víctimas. Quizá tampoco debió sorprendernos que haya quienes desconocen todos los avances de la humanidad en materia de derechos desde el Holocausto a la fecha. Por eso, creemos necesario apoyar la Declaración de la Institución de Derechos Humanos sobre administración de justicia y derechos humanos y exhortar al Poder Legislativo a comprometerse en la democratización del Poder Judicial, legislando para establecer un sistema claro y transparente de ingresos, nombramientos y ascensos de los magistrados y funcionarios, así como la creación de un Consejo Superior de la Magistratura. También exhortar a jueces y fiscales a cumplir con la Sentencia de la CIDDHH sin ceder a las presiones y amenazas implícitas en el traslado a un Juzgado Civil de la Jueza Mariana Mota. Por último, se hace imprescindible que el Presidente y sus ministros tengan una actitud enérgica, proactiva e inequívoca de compromiso con los derechos humanos tal cual lo establece el programa elegido por la ciudadanía al que se deben.