En las provincias argentinas de Córdoba, Buenos Aires, Santa
Fe, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Río Negro y Tierra del Fuego, y
probablemente en otras más de manera incipiente, se han producido ceses de
prestación del servicio policial bajo el argumento de reclamos salariales y, de
manera que parece asociada a ese cese del cumplimiento de funciones de
prevención, una seguidilla de asaltos y saqueos de comercios no solamente de
expendio de alimentos.
En tales circunstancias, en Concordia, ciudad del norte
entrerriano, en la noche del pasado domingo 8 de diciembre, según la
información dada por el gobernador Urribarri, un joven murió electrocutado al intentar
desmontar un equipo eléctrico con el aparente objetivo de robarlo.
Otras informaciones expresan que en los saqueos, al menos en
las ciudades de Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata, se han visto participando a
personas que llegaban en vehículos más o menos nuevos, y en los que cargaban
objetos costosos.
Muy sumariamente destacaremos algunas circunstancias y
valoraciones, y entre ellas las que en los últimos tiempos se han hecho sobre
el llamado desarrollo humano: el Banco Mundial, la CEPAL (Comisión Económica
para América Latina y el Caribe), y la Secretaría General
Iberoamericana han destacado como índice halagüeño el crecimiento de la llamada
clase media latinoamericana y, consecuentemente, pareciera, la disminución de
la pobreza.
Al Banco Mundial se lo conoce bien, tanto como al Fondo
Monetario Internacional. La
CEPAL es un organismo de la Organización de las
Naciones Unidas creado por ésta en 1948, y la Secretaría
Iberoamericana –cuyo titular es el contador español-uruguayo
Enrique Iglesias–, responde a la orientación de la Conferencia
Iberoamericana creada en 1991 por los Gobiernos de los
Estados de América y Europa de lengua española y portuguesa (claro que
impulsado por el entonces nuevo Reino de España). Ninguna de las organizaciones
referidas ha cuestionado el modelo de la sociedad de mercado, es decir la
economía que gira alrededor del consumo de mercancías y del poder financiero.
Cuando destacan como halagüeño el crecimiento de la clase
media suramericana expresan un juicio de valor cuantitativo: aumentó el consumo
de mercancías, la sociedad de mercado funciona, se venden más automóviles,
motos, electrodomésticos y, entre otras cosas, discos compactos, prendas de
vestir, etc. No refieren a que simultáneamente se resquebrajan solidaridades,
se reactivan chovinismos y proliferan las matanzas mafiosas.
Cualitativamente la clase media tiene como objeto de
existencia y fin práctico lo que indica su apelativo, media entre dos clases
que no han dejado de ser antagónicas: la de los propietarios de los bienes de
producción y la de los trabajadores. Pero no media para resolver
contradicciones como suelen pensar quienes orgullosamente se inscriben como sus
miembros, sino para fortalecer la
NO resolución, para fortalecer el status quo.
Los policías y las Fuerzas Armadas son exponentes de las
clases medias suramericanas y se forman así desde antes de las independencias
políticas de los imperios coloniales europeos. Por eso siempre han actuado en
defensa de la tan mentada como registrada “propiedad privada”. Nuestros pueblos
originarios no practicaban ese tipo de propiedad, por eso fueron masacrados.
Las consecuentes dictaduras de tropa armada que asolaron
nuestros países siempre llegaron para restaurar el orden de los propietarios,
nunca para consolidar los reclamos de los desposeídos.
Que ahora reaparezcan los “auto-acuertelamientos”
policiales, las solidaridades delincuenciales y la rapiña “clasemediera” no es
un fenómeno que pudiera ser considerado como inesperado. Cuando el
derrocamiento en Argentina de Juan Perón en 1955 la clase media tuvo su papel
señero, y las Fuerzas Armadas evitaron que las masas giraran hacia la izquierda.
En la década de 1970 se dedicaron a acabar con meticulosidad esa posibilidad.
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