La doctora en
antropología Sabina Frederic es docente e investigadora universitaria, fue Subsecretaria a cargo de los institutos de
formación profesional en el Ministerio de Defensa de la Nación, y colaboradora
externa en la misma temática del Ministerio de Seguridad en tanto investigadora
del Conicet en la Universidad Nacional de Quilmes, cuando esos
ministerios tuvieron a su frente a la abogada Nilda Garré (presidencias de
Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner). Frederic es autora o
coautora también de muchos artículos y libros1, como Buenos vecinos, malos políticos: moralidad y política
en Buenos Aires, Prometeo, Buenos Aires, 2004, trabajo en el que
con la autora colaboré como editor.
En el artículo que transcribimos –publicado
originalmente y en formato digital por Revista
Anfibia, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), conurbano oeste
de la Provincia de Buenos Aires–, Frederic «analiza el respaldo del Gobierno al policía que mató por
la espalda a un delincuente y se pregunta si la falsa dicotomía entre
punitivismo vs. garantismo no hace prevalecer la idea de venganza por sobre la
de justicia», dice la presentación que la revista hace del mismo. G.E.
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| El "caso Chocobar", de la mano del Gobierno, llevó a una confrontación cde "imágenes" con Eugenio Raúl Zaffaroni. La captura de pantalla de Twitter prtenece a la publicación original del artículo por Revista Anfibia. |
La policía también va al muere
por Sabina Frederic
¿Será el respaldo del gobierno de Macri al policía Chocobar, procesado
por “exceso en la legítima defensa”, solo señal de apego al punitivismo y
confrontación política con el garantismo? ¿O se trata en rigor de una
impugnación a la ley y la administración de justicia? ¿No hay en el gesto
presidencial una exaltación de la venganza que implica el homicidio de un joven
a manos de otro? Sí hay algo claro es que no hay ley vigente en Argentina, ni
en buena parte del mundo occidental, que ampare la actuación de Luis Chocobar
como funcionario policial.
Estamos en presencia de un manifiesto del poder ejecutivo nacional de
descreimiento y rechazo a la justicia, a ese cúmulo de acuerdos escritos
convalidados por rigurosos procedimientos oficializados que nos regulan, aunque
personalmente puedan disgustarnos. Al margen del derecho penal, proponer que la
policía no es culpable en un enfrentamiento, como dijo Patricia Bullrich, es
respaldar la conducta vengativa y revanchista, el “ojo por ojo” como régimen
policial. Perseguir a un ladrón que hirió a un turista para rematarlo por la
espalda cuando ya estaba caído y no representaba una amenaza, es venganza. Y la
venganza viene cargando la atmósfera del clima de época, alimentando una
cosmovisión que quienes nos gobiernan en Argentina no han perdido oportunidad
para subrayar. Recordemos la prisión preventiva dictada y sostenida solo a funcionarios
políticos del anterior gobierno, y el escarnio contenido en esas imágenes
especialmente tomadas durante el momento de su detención, para el goce
mediático de una parte la audiencia.
Macri y Bullrich conocían los detalles del expediente judicial mediante
el cual el juez procesó y embargó al policía Luis Chocobar. También habían
visto el video. Y aun así, recibieron al policía. Estaban plenamente
convencidos de que era importante apoyar su conducta y desafiar lo que el Jefe
de Gabinete denominó el “prejuzgamiento de la justicia”. Se refería a que la
justicia al detener y embargar a Chocobar, velaba por los derechos del
delincuente, en este caso asesinado, y no por los del policía. Si tomamos en
serio la afirmación, por qué no hacerlo, el funcionario en cuestión (y el
Gobierno) consideran que hay paridad entre la persona del delincuente y la
persona del policía. Y la hay, son humanos, eran vecinos de la Boca, jóvenes.
Pero el policía está investido por el Estado, actúa en nombre de este y ejerce
una fuerza delegada, es decir una fuerza que no le es propia. Esta condición
diferencial lo somete a numerosas y rígidas obligaciones impuestas a los
integrantes de una institución del poder ejecutivo nacional según las leyes
vigentes.
En fin, como todo acto de venganza, la propuesta es dejar fuera de juego
la actuación judicial. “Cambió la doctrina, la Policía no es culpable en un
enfrentamiento”, dijo Bullrich. Y agregó que es algo que “los jueces no
entienden” y que terminaría en una reforma del código penal. Las imágenes del
video niegan un enfrentamiento y el eufemismo nos retrotrae a los años de
plomo. Así, el gobierno reivindica el derecho del policía a ejecutar
extrajudicialmente y empuja a todas y todos los uniformados a ejercer esa
fuerza delegada en casos de flagrancia como este.
El homicidio se convierte en el castigo merecido por el delincuente. Las
persecuciones y tiroteos en plena ciudad quedarán justificados, aunque en la
correría se hiera a ciudadanos “de a pie”. Como ocurrió cinco días después del
caso Chocobar en la zona de Tribunales y en la misma jornada en que Bullrich
redobló su apuesta. La Policía de la Ciudad se sintió “libre” o “alentada” a
faltar al protocolo de actuación urbana que pondera daños y prohíbe la
persecución en zonas de concentración de personas. ¿Justifica el robo a una
joyería dejar tres personas heridas, entre ellas el delincuente, e instalar el
pánico en la ciudad?
Pero los golpes de efecto a los que nos tiene acostumbrado este gobierno
no son señales evanescentes, se inscriben en una cosmovisión que los precede y
a la vez, subrayan, profundizan y adornan. Basta ver las reacciones en las
redes sociales luego del encuentro de Macri y Chocobar para constatar el
numeroso público que aplaudió y defendió el gesto presidencial, y quiere ir por
más: es el goce de algunos en identificar y condenar a los que no merecen la
vida y para quienes la cárcel es poca condena. Es el goce de excluir a los no
elegidos al reino de lo no humano hasta provocar su deceso, que les garantizará
que no volverán a tocar el patrimonio ni el cuerpo de quienes lo supieron
conseguir con esfuerzo y/o sabiduría. A la defensa del patrimonio de la víctima
de un robo como al ataque de quien desespera por obtenerlo a cualquier precio,
los une el valor simbólico que instala la profunda desigualdad.
La política de la venganza es parte del clima de época y de un proceso
social de individuación y desconfianza interpersonal. Pero no es igual en todas
partes, asistimos a profundas incertidumbres por derrumbe de idearios y
proyectos colectivos que enlacen el pasado con el presente y el futuro. El
gobierno anterior consiguió introducir a un porcentaje de la ciudadanía en un
proyecto, mientras el otro se sostenía en su rechazo acérrimo. Este gobierno,
al contrario, no produce un proyecto con pasado, presente y futuro, no tiene
tradición, se alimenta de la desconfianza, la individuación y la revancha,
mientras troca proyecto soberano por “cambio”, “creencias” y “doctrinas” del
equipo de gobierno.
Vengadores o policías
Chocobar dejó de comunicarse por Twitter y reza sin poder regresar a su
casa. Bullrich declama un cambio de doctrina que proteja a Chocobar de la
sanción legal. Pero él teme una represalia, ella no, claro. Ella sabe que por
más protección local que exista al tipo de acciones de “ejecución
extrajudicial” que el derecho humanitario internacional condena, la lógica de
la venganza no recaerá sino sobre los policías. Los policías saben muy bien que
no se puede volver a casa cuando se conoce el domicilio del funcionario que
mató a un delincuente. Chocobar deberá esconderse mientras no esté detenido,
por su seguridad y la de su familia.
La propuesta de exterminar al delincuente y proteger al policía para
darle mayor eficiencia al “combate el delito” también actúa como una ideología
de Estado. La lógica de la vendetta en ausencia de justicia está sostenida en
ciclos interminables de homicidios que envuelven a las partes afectadas. Esta
es la misma trama de venganzas que permite entender los homicidios entre bandas
rivales que disputan negocios ilegales, inhabilitados para recurrir a la
justicia y dirimir un conflicto. El honor, la reputación no están ausentes de
la búsqueda de venganza, se ganan a través de ella. Así se alimenta el mundo
simbólico de ciertos grupos.
La historia de la humanidad está plagada de épocas y escenarios donde
imperó la venganza. Se cobró cientos de vidas y está demostrado que no fue
posible sin la presencia del Estado. Estamos más familiarizados con el fenómeno
por historias que nos llegan de otros territorios y envolvieron la dinámica
social de algunas regiones en Brasil, México, Chicago o Nueva York. Como
demostró Michel Misse para Brasil la policía militar es parte activa de la
revancha. Es que la espiral de violencia que implica la lógica de la
venganza no sucede entre dos personas: aunque eso parezca a simple vista,
implica necesariamente a los colectivos de los que la víctima y el victimario
ocasional se sientan miembros (bandas narco, familias mafiosas, policías,
empresarios o funcionarios).
Ahora bien, nada más lejos de la “nueva doctrina” que la enseñanza
impartida a las policías en la Argentina. Ni en el curso más breve como aquel
con el que egresaron 16.000 Policías Locales de las más de 50 escuelas de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 2014 y 2016; ni en la instrucción
más sofisticada de las tropas de elite (Grupo Halcón, GEOF, Albatros o
Alacranes) se al imparte. Esta dinámica que quiere imponer el gobierno aclamado
por el goce desenfrenado -siempre que no tengan que ensuciarse las manos claro
está- de quienes defienden la conducta de Chocobar, está en las antípodas de
las declamaciones de una policía profesional. La propia política de formación,
reentrenamiento y capacitación de la gestión de Bullrich tiene profundas
continuidades con la gestión anterior: sigue orientada al conocimiento profundo
de la ley, los derechos humanos y el uso proporcional y racional de la fuerza.
Además, hay muchos uniformados que rechazan ese respaldo a la conducta
apartada de la ley2 como ocurrió en los operativos contra los
mapuches en la Patagonia y en la represión de diciembre en la Ciudad de Buenos
Aires. Hubo integrantes de la policía y de la gendarmería que frenaron el
descontrol de abajo y las órdenes políticas desmedidas de arriba.
La sobreactuación protectora de nuestros actuales gobernantes a las
fuerzas policiales debería poner a los uniformados en alerta. Este apoyo
anudado en la venganza es un camino hacia el descarte de sus integrantes. Total
entrarán otros jóvenes a las policías y fuerzas de seguridad, buscando alejarse
de quienes eran como ellos cuando no contaban con un destino auspicioso. La
policía es desde hace un tiempo la vía privilegiada de los sectores bajos y
medios bajos para acceder al empleo público, a una carrera sin riesgo al
despido, un horizonte y un ámbito de pertenencia y reconocimiento social. Los
riesgos son otros y en el reino de la venganza correrán peor suerte los y las
uniformados/as. No conviene hacerles creer que el honor se gana matando
delincuentes, porque ese reconocimiento les llegará a muchos después de muertos.
Notas:
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