El autor nació en La Habana,
Cuba, hace 46 años. Es Analista de relaciones internacionales y Profesor
de lengua portuguesa, Máster en Administración de Negocios y Licenciado en
Relaciones Políticas Internacionales y Derecho. Ha trabajado en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Cuba, en el Instituto Superior de Relaciones
Internacionales y en el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre los Estados
Unidos de la Universidad de La Habana. Cumplió misiones diplomáticas en Estados
Unidos y Brasil, así como en diversos eventos multilaterales en América Latina
y el Caribe. Ha publicado Estados Unidos
en la postguerra fría (Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1995), y ensayos
y artículos en publicaciones periódicas especializadas. Actualmente se
desempeña en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) Raúl
Roa García, como profesor de lengua portuguesa en la Universidad de las Artes
(ISA) y es coordinador académico de la Red Cubana de Investigaciones sobre
Relaciones Internacionales (RedInt), http://redint.isri.cu/
El presente artículo fue distribuido por la Agencia Latinoamericana de Información,
ALAI, con sede en Quito, Ecuador. (G.E.)
Vivimos una época caracterizada por la aceleración de los
cambios económicos, sociales y políticos a nivel global, en la que asombrosos y
prometedores avances científicos y tecnológicos coexisten con una desigualdad
indignante y la permanente amenaza del fin de la vida civilizada en el planeta,
ya sea como resultado de un súbito apocalipsis nuclear o de un gradual pero
inexorable cambio climático con efectos catastróficos y cuya existencia es cada
vez más innegable.
Las nuevas tecnologías y los medios de comunicación
pueden servir tanto para empoderar como para someter más a los pueblos y a los
individuos. Vastas porciones de la población latinoamericana y caribeña,
carentes de una adecuada educación que promueva el pensamiento dignificante y
emancipador, son víctimas cotidianas del totalitarismo mediático alienante y
promotor de un modo de vista materialista y hedonista a ultranza.
Pese a los significativos avances alcanzados por los
gobiernos revolucionarios y reformistas antineoliberales durante las dos
últimas décadas, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual
del mundo y la pobreza sobrepasa bochornosamente los 175 millones de
habitantes. La reciente involución en esta materia es notoria en países de gran
peso a nivel continental. Una gran mayoría de la población latinoamericana y
caribeña tampoco puede ejercer el derecho básico de acceder a servicios de
salud integrales y de calidad.
El orden internacional basado en una sola superpotencia
parecería estar dando paso a una configuración más amplia y diversificada de
centros de poder. Este proceso de restructuración del poder mundial agudiza las
contradicciones y las disputas entre las principales potencias, conformando un
contexto que presenta tanto oportunidades como renovadas amenazas para nuestra
región, pero los países latinoamericanos y caribeños son más espectadores que
actores en este reordenamiento del sistema de relaciones internacionales, dadas
sus graves limitaciones en los más diversos recursos de poder nacional.
A corto y mediano plazo, los Estados Unidos seguirán
siendo la única nación con capacidad para desplegar su poderío de manera
efectiva a escala global y de manera multidimensional. A su superioridad
militar suman una supremacía sin paralelo en los ámbitos ideológico y cultural
que representa un bastión fundamental y cada vez más importante para el
sostenimiento, la reproducción y la recreación de su hegemonía sobre los países
de América Latina y el Caribe. En todas las corrientes de pensamiento
existentes dentro del establishment de política exterior de los Estados Unidos
se considera como indispensable y se da por sentado el mantenimiento de la
hegemonía de ese país en el continente americano.
La intensificación de las relaciones con potencias
extracontinentales es de gran importancia estratégica en sí misma y contribuye
a contrarrestar y erosionar gradualmente dicha hegemonía que se pretende
perpetuar y que ya ha durado demasiado. No obstante, es preciso tener
conciencia de que esos nexos, en situaciones límites, no constituirán una
garantía frente a la agresión imperial. Para Estados Unidos, América Latina y
el Caribe son y seguirán siendo “su patio trasero”. En cambio, para otras
grandes potencias en ascenso nuestra región es muy importante pero no
representa una zona geográfica vital. La seguridad de los países
latinoamericanos y caribeños solo puede garantizarse con sistemas de defensa
nacional multidimensionales, asimétricos y con un profundo arraigo popular.
Los gobiernos populares de la región enfrentan la
renovada agresión de los enemigos de siempre de la justicia social: el
imperialismo y las oligarquías criollas cada vez más divorciadas de cualquier
proyecto nacional o de alcance latinoamericano.
La situación anteriormente descrita plantea, como nunca
antes, la necesidad de que las fuerzas políticas y sociales patrióticas y
antihegemónicas de América Latina y el Caribe emprendan un proceso acelerado de
unión emancipadora, estableciendo como una meta estratégica explícita la
unificación política y la constitución de un polo de poder internacional
propio. La actual coyuntura internacional y su probable evolución en las
próximas décadas demandan que los esfuerzos unitarios pasen decididamente de lo
declarativo a las acciones concretas.
La constitución de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue posible gracias a la coincidencia
temporal de una pléyade de líderes extraordinarios al frente de una masa
crítica de gobiernos de nuestra región. Como tal, representa un espacio
multilateral que debe ser defendido y fortalecido, y que pudiera ser el germen
de una construcción institucional unitaria mucho más ambiciosa que fomente el
establecimiento de relaciones estratégicas de mutuo beneficio y en pie de
igualdad con el resto del mundo.
El Sistema Interamericano, con su núcleo en la infame
Organización de Estados Americanos (OEA), es incompatible con el proceso de
unidad regional y tendría que ser reconstituido desde sus cimientos. Si bien
está en el interés de América Latina y el Caribe contar con un régimen
jurídico-institucional multilateral que en alguna medida contribuya a
contrarrestar la propensión de los Estados Unidos a actuar de manera unilateral
y violentando el derecho internacional, dicho marco regulatorio tendría que ser
reconstituido sobre bases radicalmente diferentes y respetuosas de la soberanía
de los países latinoamericanos y caribeños, así como no tener su sede en
Washington.
Por su parte, corresponde a la Alianza Bolivariana para
las Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)
profundizar su actuación como la punta de lanza de la unidad latinoamericana y
caribeña, avanzando al máximo en la medida de las posibilidades de sus Estados
miembros y logrando resultados que sirvan de ejemplo e incentivo al resto de
los pueblos de la región.
Se requiere así de un proceso unificador que se apoye en
el acervo de esfuerzos y concertaciones integracionistas construidos hasta el
presente y en el trabajo de los expertos técnicos comprometidos políticamente
con la unidad regional, pero libre de visiones y vicios tecnocráticos que sólo
retardarían los avances y resultados que los pueblos latinoamericanos y
caribeños demandan cada vez con más urgencia.
De esta manera, el proceso unitario debería convertirse
en el eje movilizador para acometer proyectos y acciones concretas en los
ámbitos económico, social, político y cultural con la finalidad de construir
una gran nación latinoamericana y caribeña respetada por el resto del mundo,
con un Estado de nuevo tipo –que ya se vislumbra en algunas de nuestras naciones
– firmemente apoyado en el conjunto de
las fuerzas políticas y sociales patrióticas de la región, defensor de la
soberanía, articulador del desarrollo económico con justicia social, protector
de los recursos naturales y de la sostenibilidad ambiental, y promotor permanente
de la fortaleza cultural y de la profundización del poder popular como
garantías de defensa última frente a la agresión imperialista y de sus aliados
oligárquicos. Sólo de esa manera se podrá impedir la consumación del designio
hegemónico de la elite gobernante estadounidense.
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