http://www.cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=2034
Respuesta del CELS a la ministra de Seguridad
19 de febrero de 2016
En declaraciones periodísticas la
ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió a nuestras críticas
al protocolo con el que las fuerzas de seguridad responderán a las
manifestaciones. Dijo: "El CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y
tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros
somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único
que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes.” Además,
Bullrich volvió a enviar un mensaje de tolerancia hacia la represión a
la murga en el Bajo Flores.
En la puesta en
vigencia del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del
Estado en manifestaciones públicas” están en juego aspectos esenciales
de la democracia y su aplicación afecta los derechos a la vida, a la
integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de
expresión. Por lo tanto, nos proponemos darle continuidad a este debate
iniciado, precisamente, porque hemos leído el Protocolo y porque, a
partir del trabajo que llevamos adelante, podemos dar cuenta de las
consecuencias que tendrá.
El gobierno nacional
considera que las protestas sociales deben ser abordadas como un
problema de seguridad y, por lo tanto, la primera respuesta del Estado a
los reclamos en la calle la darán las fuerzas de seguridad. En nuestro
país, el corte de calles y la ocupación de espacios públicos tienen una
larga tradición como método de lucha social. Lamentablemente, también
tenemos una larga historia de represiones a protestas sociales en las
que las fuerzas de seguridad asesinaron a muchos manifestantes o los
hirieron gravemente. Esa historia explica que distintas medidas tomadas
entre 2002 y 2011 prohibieran que los efectivos portaran armas de fuego y
establecieran que las balas de goma no pueden ser disparadas al cuerpo
de las personas para que desalojen un espacio.
El
nuevo protocolo no prohíbe la portación de armas de fuego de los
policías que pudieran entrar en contacto con manifestantes. Bullrich
pretendió aclarar esta omisión diciendo que los efectivos de seguridad
que se encuentren en la primera línea de la represión utilizarán “armas
no letales”. Sin embargo, no hay ni en el texto de la resolución ni en
las declaraciones de la ministra ninguna referencia a con qué criterios
se utilizarán estas armas ni qué controles habrá. Se trata de un cambio
de política alarmante ya que las llamadas “armas no letales”, entre
ellas las balas de goma, producen heridas graves y pueden matar, como
ocurrió en el caso del maestro Carlos Fuentealba en 2007.
Hemos visto las consecuencias de que las fuerzas de seguridad prioricen
el desalojo del espacio público por encima de la vida y la integridad
física: en diciembre de 2001, más de 35 personas fueron asesinadas en
todo el país, en 2010 dos personas fueron asesinadas en el Parque
Indoamericano, en 2013 decenas de personas fueron heridas en el desalojo
del Borda y de la sala Alberdi. En todas estas ocasiones el registro
fotográfico y audiovisual fue fundamental para denunciar e investigar
los hechos y las responsabilidades de los funcionarios. El nuevo
protocolo también restringe esta posibilidad al limitar la tarea de los
trabajadores de prensa en la cobertura de las protestas.
Como
señala Bullrich, hemos participado en la elaboración de los criterios
de actuación en manifestaciones públicas volcados en la resolución
210/2011. Ese protocolo es muy distinto a éste, ya que prohíbe el uso de
armas de fuego y de municiones letales y restringe el uso de balas de
goma. En los últimos años, estos criterios no siempre se aplicaron y en
todos estos casos hemos criticado los operativos violentos. Lo mismo
hemos hecho con los proyectos de ley de distintas fuerzas políticas que
se proponían establecer restricciones al ejercicio del derecho a la
protesta y que no establecían controles adecuados.
El
Protocolo refleja un cambio de enfoque que prioriza la represión de las
protestas sociales sin tomar ningún resguardo respecto a la integridad
física de las personas, criticando incluso que el gobierno anterior
sancionara a los efectivos que cometían abusos durante los operativos.
Este
cambio de enfoque también puede verse en las declaraciones de la
ministra sobre la represión por parte de la Gendarmería a la murga en el
Bajo Flores: un mes después de que efectivos de esa fuerza dispararon y
lastimaron a niños que participaban de una murga, la ministra
responsable de la conducción de esa fuerza todavía no condenó a ese
accionar. No solo eso, a la pregunta del periodista “¿Las fuerzas de
seguridad están entrenadas para resolver marchas sin exceso de
violencia, como pasó en la Villa 1-11-14?”, la ministra respondió “Vamos
a ver”.
Como bien ha dicho la ministra,
estamos frente a un cambio de paradigma. La protesta social y las
manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el
megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables
de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas
demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los
conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer
prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que
van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que
actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en
el que están en juego derechos fundamentales. No se trata de
obstrucciones caprichosas, ni de cuestiones retóricas. Se trata del
compromiso con la defensa de los derechos humanos y la vigencia de los
principios democráticos.
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