Alerta, alerta, alerta que camina... Militarización en la crisis suramericana y rivalidades populares argentinas

(Esta nota, con nuestra firma en tanto corresponsal, fue publicada en Surmedia, y luego por La Fogata digital, en los primeros días de septiembre de 2002.)

El viernes pasado la voluntad superó al viento gélido que sobrevino al veranito de agosto, y hubo decenas de actos y marchas en todo el país reclamando “que se vayan todos”. También se fue perfilando más nítidamente la militarización de la crisis –incluyendo las gestiones para dar inmunidad diplomática a tropas estadounidenses que acamparían en el país–, significativo indicador de "no nos vamos nada". La Asociación Americana de Juristas analiza la anunciada posibilidad de que el gobierno argentino otorgue inmunidad diplomática a militares estadounidenses. En medio de esta situación se agitan rivalidades populares.

Una estimación objetiva posibilita cuantificar en entre treinta y cuarenta mil las personas que se movilizaron en todo el país, de norte a sur y de este a oeste, en decenas de concentraciones, actos, cortes de carreteras y avenidas, escraches y marchas. La cantidad podría haber sido mayor de no haber sido diezmada esa voluntad –de enfrentar al establishment y al frío que se derramó en buena parte del territorio– por la amplificación que se hace de rivalidades populares. Pobladores del Gran Buenos Aires, incluyendo localidades suburbanas y los barrios de la capital argentina, confluyeron desde sus movilizaciones, actos y cortes en diferentes lugares, hacia la concentración frente al Congreso Nacional. Una hora y media después de las 18, hora que se había establecido en las convocatorias, más de la mitad de las quince mil que se estima hasta allí habían llegado, se desprendieron y marcharon a la Plaza de Mayo: fueron agrupaciones piqueteras, muchas asambleas populares y los partidos y agrupaciones de izquierda. Al respecto Surmedia tiene publicados desde la semana pasada, además de comentarios, los documentos de la Coordinadora Aníbal Verón y el Movimiento Teresa Rodríguez.

La controversia entre quienes por la Avenida de Mayo avanzaron hacia la plaza histórica y quienes limitaron su manifestación frente al edificio del Congreso no es trivial, y hace no ya a la cuantificación sino a la calificación del reclamo. Aun partiendo de una consigna común y cuya espontánea autoría es patrimonio popular, la diferencia es si se trata de solicitarle a la “clase política” un renunciamiento y llamado a una convención constituyente para que caduquen sus mandatos y se baraje de nuevo, o si se trata de construir una asamblea del pueblo que da por finiquitada una etapa, y libre y soberanamente reconstituye la república y sus formas y maneras de ser. Vista así la controversia es importante y saludable, es un necesario proceso de búsqueda y descarte de lastre, de contrapeso muerto, perimido. Las explicaciones críticas que brindaron, entre otras organizaciones, la Aníbal Verón y el Movimiento Teresa Rodríguez, no tuvieron tanta prensa como para habilitar creer que acotaron la participación popular, ésa que concurre por fuera de las organizaciones, entre amigos, vecinos y familiares, y que en las recientemente pasadas oportunidades del 24 de marzo o el 9 de julio fue numerosísima. Lo que frena es la desconfianza que se multiplica cuando en torno a la cuestión aparece una retórica desmedida.

Alerta con la militarización

El viernes pasado, mientras recién se desmontaban los piquetes y movilizaciones en la periferia del Gran Buenos Aires, una llamada telefónica a esta redacción de Surmedia del director de una escuela secundaria distante 40 kilómetros del obelisco porteño inquirió si había noticias de estado de sitio. La inquietud había surgido entre estudiantes y educadores, y probablemente estaba disparada por el anuncio de la firma en la capital de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata ese mismo día, del convenio de complementación entre las policías federal y bonaerense, en conjunto con la Prefectura Naval y la Gendarmería. Estos cuerpos tienen, de cuando dependían respectivamente de la Marina y al Ejército, una estructura y un estilo “más” militar; la Gendarmería, por caso, todavía comparte en Campo de Mayo instalaciones y también estilo de indumentaria e instrucción con el Ejército, desde cuando fue el órgano armado creado por el Estado para la vigilancia y el combate defensivo de frontera. Ahora, desde hace dos décadas de manera cada vez más precisa, se lo ha concentrado –con gran parafernalia que los asemeja a escuadrones de robocops– frente a las fronteras sociales interiores.

El vació que dejan en el perímetro territorial lo cubriría la tecnología, se dijo en algún momento cuando en la década de1990 se procedió a achicar y “perfeccionar” la estructura militar, pero ahora circulan rumores de que podría llenarse con boinas verdes o marines estadounidenses. Más adelante, por qué no, podrán adentrarse más todavía. La cancillería argentina, dirigida por el inefable Carlos Ruckauf, habilitó en estos días un procedimiento para otorgar “inmunidad diplomática” a estos destacamentos “técnicos” (en principio sería una compañía de 200 hombres armados con lo más moderno en equipos de guerra, incluyendo conexión satelital para cada uno).

Aquel encuentro en Montevideo

El año pasado en Montevideo hubo un misterioso encuentro entre jefes militares de EE. UU., Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina, que tuvo muy escasa repercusión periodística salvo a través de agencias alternativas y medios independientes. Luego en Chile trascendió que en documentos de la Conferencia de Ejércitos Americanos se hacía previsión sobre conflictos “étnicos” en la región patagónica andina con colectividades mapuches (y por qué no habrán hecho previsiones similares para los altiplanos boliviano y peruano, o los chacos y mesetas paraguayas, brasileñas o argentinas). Pasado el 11 de septiembre del que en estos días se cumple el primer aniversario, en Brasil se difundieron noticias respecto a operaciones “contraterroristas” conjuntas –contenidas en el Plan Colombia, un continente muy amplio– que incluirían a fuerzas sudamericanas y estadounidenses.

La publicación digital Misiones On Line, de la provincia homónima, viene hace meses alertando sobre acciones militares cada vez más complejas en ese territorio. Misiones tiene, por un lado, un famoso enclave de triple frontera con Paraguay y Brasil en el que se dice “pasan” cosas y, por otro, un medio ambiente ideal para la “aclimatación”, adoctrinamiento y práctica de contingentes militares. La publicación había advertido sobre preparativos en instalaciones militares para recibir mayores contingentes, y que “técnicos” del Ejército de EE. UU. ya estaban –cubiertos por un acuerdo de colaboración con el gobierno de esa provincia–, haciendo relevamientos y estudios sobre el dengue y otras enfermedades tropicales. En el cierre del reciente Foro Social Argentino, el 25 de agosto, uno de los participantes oriundo de esta norteña provincia mesopotámica relató al respecto: “...nos encontramos en el Parque Nacional Iguazú con militares yankees combatiendo al Dengue armados con pesadas ametralladoras”. Ahora la publicación digital, en la edición del pasado sábado 31, informa que se presume que los técnicos “armados con pesadas ametralladoras” podrían también haber experimentado vacunas inoculando población rural, cosa que no estaría autorizada por el convenio y que un legislador local, Carlos Báez, está investigando.

 
“Violan la soberanía, la autodeterminación y la integración latinoamericana”

 
Otra vez Misiones On Line y ahora ya varios diarios han puesto en evidencia este fin de semana pasado las proyectadas operaciones militares que se denominan “Ejercicio Combinado Anfibio” y “Ejercicio Fluvial VI”. Una organización continental que reúne abogados, la Asociación Americana de Juristas, está analizando críticamente y en profundidad la exigencia de inmunidad para las tropas estadounidense, es decir que no puedan ser juzgados en Argentina ni extraditados de Estados Unidos por la comisión de delitos a requerimiento del Tribunal Penal Internacional. Para satisfacer esa exigencia el gobierno de Eduardo Duhalde podría otorgar “estatus diplomático” al contingente militar en calidad de “personal técnico – administrativo”. Paralelamente, a través de los mensajes 1581 y 1582, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso autorización para el ingreso de esas tropas en el marco del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Beinusz Szmukler, abogado argentino presidente de la citada Asociación Americana de Juristas, manifestó a Surmedia que “todo esto constituye un mamarracho jurídico. Se trata de disfrazar de mecanógrafos a soldados. La incongruencia burlesca es manifiesta, ya que el ‘personal técnico - administrativo’ no necesita autorización del Congreso para el ingreso al país. En consecuencia las presuntas garantías son, a mi criterio, nulas de nulidad absoluta, inoponibles a la justicia argentina. Además –expresó el jurista– esos ejercicios conjuntos tienen por objetivo el entrenamiento de tropas argentinas para integrarse a comandos de acción rápida, bajo dirección estadounidense, que actúen en conflictos internos de cualquier país de la región, incluido el propio. Es imprescindible que el Congreso deniegue la autorización pedida, por violatoria de la soberanía nacional, el derecho de autodeterminación, y la integración latinoamericana”.

La inmunidad –argumentaron en cambio fuentes de la Cancillería a la agencia ANSA– está amparada en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. “Ese status –destaca el diario La Nación de ayer– les garantiza inmunidad diplomática, algo que, de acuerdo con allegados al presidente Duhalde, no es extraño. ‘Las tropas siempre se rigen por las leyes de su país de origen. Si uno de sus miembros comete un delito puede ser detenido en el país donde desarrolla su tarea, pero debe ser juzgado por la justicia militar de su país’, destacó la fuente oficial.”

 
Mientras tanto se agitan las discrepancias populares

Un reconocido periodista argentino, Horacio Verbitsky, por TV y en un diario volvió a referirse a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo aludiendo a sus declaraciones en torno a los documentos desclasificados que el gobierno de EE. UU. entregó, por la vía del canciller Ruckauf, a organismos de derechos humanos. Los comentarios del periodista tocan un tema sumamente sensible y en debate en el amplio espacio popular argentino compartido por asambleístas, organismos de derechos humanos, piqueteros y partidos de izquierda. Personalizar controversias en ese espacio provoca ruidos que traban y perjudican el debate de ideas y la imprescindible unidad para enfrentar situaciones difíciles, cambiantes y plenas de peligros.

Circulan y circularán correos ahora como cuando el primer round de intercambios protagonizados en oportunidad de los análisis sobre el suceso del 11 de septiembre de 2001. En aquel momento el historiador y escritor Osvaldo Bayer intervino para poner juicio, expresó la idea –se la cita de memoria nomás–, de que “los intelectuales están obligados a tener criterio en la defensa de sus tesis, pero respetando el papel que juegan quienes ponen toda su consecuencia vital en la lucha, y que no son intelectuales”. Lo contrario, más todavía si tiene tufillo a soberbia e ironía, juega mal. Un colaborador habitual de Surmedia, Hugo Alberto de Pedro, también participa de la nueva polémica.

Gervasio Espinosa (septiembre de 2002)

Posdata:

Aquel primer round de intercambios sucedió a los pocos días de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, cuando tres aviones se estrellaron contra las entonces existentes “torres gemelas”. Hebe de Bonafini y otros miembros destacados de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, equivocándose, dijeron algo así como que la organización Al Qaeda y su jefe Bin Laden eran revolucionarios. Verbitsky les retrucó de mala manera calificando a la casa de estudios como “academia” de barrio. Ver http://www.pagina12.com.ar/2001/01-10/01-10-10/PAG19.HTM