No pocos personeros e inclusive hasta
personas sencillas de Uruguay, civiles o militares, estos activos, retirados y algunos
hasta en prisión, vienen reclamando “dar vuelta la página” de la historia más o
menos reciente del país, la de medio siglo hasta ahora. Algunos, incluso,
apelando a un supuesto respeto por las instituciones “republicanas” y el
Derecho. Debería dárseles la razón y efectivamente dar vuelta la página a las
hipocresías y extorsiones de tales personeros y actores directos o partícipes
necesarios de delitos de lesa humanidad: ya, ahora, sin esperar más.
En este país suramericano de hermosos
pueblo y geografía frente al Atlántico Sur y al gran y marrón estuario, “Luego
del fallo que declaró inconstitucional el Impuesto a la Concentración de
Inmuebles Rurales (ICIR), el traslado de la jueza Mariana Mota
de lo penal a lo civil [sic] y el fallo de este viernes sobre la ley de
imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura [2011], los ministros de la SCJ [Suprema Corte de
Justicia] incrementaron su seguridad personal”. Así lo ha informado al mediodía
del sábado 23 de febrero el sitio en Internet de la radioemisora El Espectador,
de Montevideo, agregando que: “El vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat confirmó que efectivamente
hay un incremento de las medidas de seguridad, pero declinó dar detalles de
quién la proporciona y también dónde se encuentra”1. Así, la duda
que queda fuertemente establecida es si en todos sus aspectos esas “medidas”
incrementadas son prestadas por el Cuerpo de Seguridad Judicial, un organismo
específico de la
Policía Nacional dependiente del Ministerio del Interior, es
decir del Poder Ejecutivo con el que la referida SCJ aparece “enfrentada”, o si el
organismo la contrató con personas o empresas particulares mercenarias (“Que
percibe[n] un salario por su trabajo o una paga por sus servicios” DRAE).
¡Señor!
¡Sí señor!
En línea o acorde con los sucesos
protagonizados por dicha Suprema Corte de Justicia y referidos antes, podemos
imaginar a un rapadísimo y escultórico especialista del rubro y a la vez él
mismo “vigilado on line”, cargado de sofisticados
aparatos de detección y defensa, cuadrarse taconeando frente al supremo
custodiado gritando “¡Señor! ¡Sí señor!”. Y si el mercenario no parlara la
castilla haciéndolo nomás en el idioma universal de la sumisa prepotencia: ¡Sir! ¡Ies sir!
La calle, en rigor un pasaje, que
parcialmente rodea en Montevideo a la plaza Cagancha, también llamada Libertad,
y donde se afinca el Poder Judicial, lleva un nombre con dos adjetivos a los
que perentoriamente, si no hay precisas, necesarias y justas retractaciones,
deberá intercalárseles una conjunción copulativa para que coincida, en forma y
contenido, con la consigna que para 1978 publicitara la dictadura cívico
militar argentina (de la que también participaron jueces rasos y hasta
supremos) para con ella pegotear autos y ómnibus durante el Campeonato Mundial
de Fútbol: “… somos derechos y humanos” (decían aquellos crápulas y asesinos).
Dar vuelta la página de manera efectiva y
en beneficio popular es terminar, no a la amañada manera del “olvido” con el
que extorsionan los sobrevivientes socios orientales de los occidentales, es
terminar de una vez y para siempre con el estereotipo político que exhiben los Batlle,
Lacalle, Larrañaga o Sanguinetti.
Dictadura
de la clase media
Pero para dar vuelta así la página de
esta contemporaneidad es necesario entender que las oligarquías criollas
suramericanas y sus aparatos estatales son una autoconstrucción socioeconómica
y militar del siglo XIX plagada de hipocresías, cuyos subproductos comunes son
las dependientes clases medias que en tanto el funcionamiento de la tan mentada
“movilidad social” son a la vez sujetos y objetos de la misma.
Hace poco, en noviembre de 2012, el Banco
Mundial dio a conocer su informe “La movilidad económica y el crecimiento de la
clase media en América Latina”, en el que afirma que en la primera década del
siglo (entre 2000 y 2009) la llamada clase media se duplicó, pasando de
comprender 15 % de la sociedad a comprender 30 %. Según Augusto de la Torre, Economista en jefe
del banco para América Latina y el Caribe: “Una sociedad con una clase media
creciente es más propensa a reducir […] desigualdades […]. Está ampliamente
aceptado que la clase media es una agente de estabilidad y prosperidad. En una
región de ingreso medio como América Latina, una clase media más grande tiene
repercusiones cruciales”.
La opinión citada es la de un técnico del
organismo económico y financiero que otrora, entre 1970 y 2000 en América
Latina, impulsó el más cruel neoliberalismo de mercado a través de las
dictaduras y los gobiernos títeres y cautivos aunque con formalidades
democráticas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ahora el
Banco Mundial, en el informe aludido, con hipocresía, dice: “Durante décadas,
la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media en América Latina
y el Caribe (ALC) avanzaba a un ritmo muy lento, a medida que el bajo
crecimiento y la persistente desigualdad frenaban el progreso. En los últimos
diez años, sin embargo, la suerte de la región mejoró significativamente
gracias a ciertos cambios de política pública que enfatizaron la prestación de
programas sociales junto a la estabilidad económica”.
Para ver con mayor claridad las dichas
autoconstrucciones oligárquicas me parece útil la lectura de dos trabajos
recientes de docentes e investigadores de la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia
de Buenos Aires y de la
Universidad Nacional del Comahue (Neuquén y Río Negro): Expansión
de la frontera y ocupación del “nuevo sur” bonaerense: los partidos de Arenales
y Ayacucho (Buenos Aires, 1820-1900), de Valeria D’Agostino,2 y de Enrique Hugo Mases, Estado
y cuestión indígena. El destino final de los indios sometidos en el sur del
territorio (1878-1930)3.
Los períodos investigados por estos
académicos, D’Agostino muy joven, coinciden con la fundación de los
Estados-nación en nuestro confín del mundo, que en las postrimerías del siglo
XIX y en el país oriental, de la pluma del literato y político José Enrique Rodó,
constituyó como modelo ciudadano al Ariel del drama shakesperiano La tempestad.
Otro literato, actual presidente de la cubana y prestigiosa Casa de las
Américas, Roberto Fernández Retamar, en su ensayo Calibán, al respecto escribe citando
a Aníbal Ponce:
Mucho más agudas son las observaciones del argentino Aníbal
Ponce en la obra de 1935 Humanismo burgués y humanismo proletario. El libro –que
un estudioso del pensamiento del Che conjetura que debió haber ejercido
influencia sobre él–4 consagra su tercer capítulo a
«Ariel o la agonía de una obstinada ilusión». Al comentar La tempestad, dice Ponce:
«en aquellos cuatro seres ya está toda la época: Próspero es el tirano
ilustrado que el Renacimiento ama; Miranda, su linaje; Calibán, las masas
sufridas [Ponce citará luego a Renan, pero no a Guéhenno]; Ariel, el genio del
aire, sin ataduras con la vida». Ponce hace ver el carácter equívoco con que es
presentado Calibán, carácter que revela «alguna enorme injusticia de parte de
un dueño», y en Ariel ve al intelectual, atado de modo «menos pesado y rudo que
el de Calibán, pero al servicio también» de Próspero. El análisis que realiza
de la concepción del intelectual («mezcla de esclavo y mercenario») acuñada por
el humanismo renacentista, concepción que «enseñó como nadie a desinteresarse
de la acción y a aceptar el orden constituido», y es por ello hasta hoy, en los
países burgueses, «el ideal educativo de las clases gobernantes», constituye uno
de los más agudos ensayos que en nuestra América se hayan escrito sobre el
tema.
Como así todavía estamos es necesario dar
vuelta la página para cerrar la época, pero no ponerla en el olvido.
Notas:
4 Fernández Retamar, lo hace explícito en nota
al pie propia, alude a Michael Löwy: La pensée de Che Guevara, París, 1970.
No hay comentarios:
Publicar un comentario