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jueves, 11 de abril de 2013

En mi país, que tristeza, la pobreza y el rencor (de Adagio en mi país, Alfredo Zitarrosa)



Quizá Zitarrosa, cuando en 1972 puso nombre a la canción, pensó en las dos acepciones de la expresión adagio. La que refiere a un modo musical de movimiento lento, y la que a una breve sentencia moral.



Eso, quizá, pensó Zitarrosa. En ese año y en 1973 se desató un drama categórico en las filas del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y se produjo la famosa “bordaberrización” del Gobierno uruguayo: la auto-ruptura de su “constitucionalidad” y la adscripción a los lineamientos del Plan Cóndor de coordinación represiva proimperialista junto con Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner y Henry Alfred Kissinger (EE. UU.). Dos años antes de esta conjunción criminal contraria a los intereses de las mayorías populares de Sudamérica, y que también eclosionaría en Argentina en 1976, socialistas, democristianos y comunistas uruguayos acompañados por grupos políticos menores y algunas personalidades –entre ellas dos generales del Ejército, Seregni y Licandro–, habían fundado la coalición Frente Amplio.



El Movimiento Tupamaro surgió a mediados de la década de 1960 más como organización militar de autodefensa de masas cuando una nueva izquierda emergía en la línea de la entonces reciente Revolución Cubana y los aparatos represivos oficiales y paraoficiales del subcontinente se ensañaba contra ella. Se había iniciado, con la aparición de esa “nueva izquierda”, un proceso complejo de actualización ideológica que, así como dio fundamento a los grupos armados también lo dio a las coaliciones “amplias”, y que recién cuarenta años después tras más rupturas y fusiones comienza a ser cimiento de más trascendentes proyectos contemporáneos (recién en 1989, y con el nombre de Movimiento de Participación Popular –MPP– que incluía a otras agrupaciones que luego se desprendieron, como el Partido por la Victoria del Pueblo, el MLN-T se incorpora al Frente Amplio).



La Revolución Cubana, sin ninguna duda, siguió siendo, lo es ahora, eje articulador de esa actualización ideológica que necesariamente se hizo permanente y que como mandato histórico vuelve a incidir, pero en un escalón superior al de la emancipación política de Europa en el siglo XIX, en todos los pueblos y casi en todos los gobiernos de América latina y el Caribe: la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).



El drama desatado entre 1972 y 1973 en las filas del MLN Tupamaros tuvo, se ha afirmado, un protagonista principal, Héctor Amodio Pérez, quien, si viviera, contaría con 76 años de edad. Ahora, una presunta carta de este Pérez proveniente de España (según el matasellos postal), o de Argentina si se atiende a un domicilio que aparece como remitente, llegó en sendas copias a por lo menos dos medios periodísticos de Montevideo: La Diaria y El País.



La primera de las publicaciones, con el título de “Sin saber quién ni por qué. La presunta carta de Amodio Pérez” y la firma de su director Marcelo Pereira, se limita a informar que efectivamente recibió esa misiva pero que no pudo constatar su verosimilitud. No fue idéntica la conducta de El País, diario que si bien indica que no puede dar fe de la autenticidad, es decir, que el texto sea efectivamente de Pérez, ha difundido algunos conceptos que se dice son parte de su contenido, cosa repetida luego por El Observador, otro matutino montevideano. Éste, sin dar más detalles, afirmó que el texto deja mal parado a Eleuterio Fernández Huidobro, actual ministro de Defensa, cofundador del MLN-T junto con Julio Marenales, Raúl Sendic y el propio Pérez.  Los dos últimos diarios, El País y El Observador, expresan a la oligarquía terrateniente y financiera y a las capas medias altas que componen el principal polo opositor al gobierno frenteamplista que encabeza Mujica, otro de aquellos cofundadores.



Entre 1972 y 1973, como en la consabida secuencia de la inevitable caída de las fichas de dominó tras un golpe inicial cuando se las pone de canto, se desarticuló la estructura de dirección y el aparato organizativo de Tupamaros, hubo torturas, muertes y largas prisiones en las que, dijo por radio Pepe Mujica pidiendo disculpas a su par argentina Cristina Fernández, se adquiere el lenguaje “canero”, de presidio, y que, agregamos ahora, en no pocos provoca “canas verdes” –preocupaciones, disgustos y continuos contratiempos– con sus “[en]tuertos”.



Según históricamente se dijo y sentenció (pena de muerte para el Pérez del caso), Héctor Amodio traicionó al movimiento del que fue cofundador y parte, dando nombres e indicando domicilios al Ejército a cambio de algunos buenos pesos y salvoconductos para emigrar él y su pareja. Eso que se dijo, la traición, ahora se reafirma entre viejos militantes, y en los mismos ámbitos se niega la posibilidad de que hubiera sido un agente represor infiltrado. ¿Se negaría entonces y también ahora por soberbia, por consagrada fe de infalibilidad orgánica? ¿O lo que se quiere ahora, con la aparición de la mentada carta atribuida a Pérez, es inducir el pensamiento de que la viabilidad de la sociedad contemporánea no tiene otra teoría valedera que no sea la del neoliberalismo económico capitalista?



En la edición del miércoles 10 de abril de 2013 El País publica (http://www.elpais.com.uy/informacion/la-presunta-reaparicion-de-amodio-en-una-carta.html):



Sobre el porqué de su aparición, explica en el primer párrafo [de su carta Héctor Amodio Pérez]: “La psicología y la sociología han sido para mí, en los últimos 40 años, no solo dos herramientas que me han valido para ganarme la vida; han sido también las que me han permitido, al principio desde la distancia y luego, a partir de 1998 de manera directa, conocer la evolución, estancamiento e incluso involución del pensamiento de gente que como yo, en aquel Uruguay de 1960, creímos que era posible cambiar el mundo y nos pusimos a ello, cegados por la luz del faro cubano que hoy, cincuenta y pico de años después, sigue emitiendo luz, aunque sea mortecina y casi siempre a destellos”. Dice que no pretende hacer un “análisis del porqué ni del cómo lo hicimos” y que rompió el silencio porque durante años su padre y sus amigos le pidieron que se mantuviera “alejado del proceso político” pero ahora su padre ya no vive y una entrevista a Jorge Zabalza, que se conoció en febrero, lo motivó a escribir.



En su carta alude a conductas personales de Zabalza, Sendic, María Elía Topolansky (hermana de Lucía), Fernández Huidobro y José Mujica, aunque también ofrece una versión histórica diferente sobre la caída de la Cárcel del Pueblo y una interpretación personal de los mismos hechos que llevaron al MLN a tildarlo de traidor. Dice haber sido “elegido para cumplir el papel de cabeza de turco” y utilizado por el MLN para explicar la derrota militar.



Me ha movido a esta lenta reflexión, que espero compartir, sin apuros –como un adagio, diría Alfredo– la publicación en la misma edición del 10 de abril de El País de cinco comentarios de lectores referidos a otra noticia, la que informa sobre el desmesurado operativo policial en oportunidad de la comparecencia de Jorge Zabalza en la Jefatura de ese cuerpo. Zabalza concurrió citado para explicar las razones “de pero grullo” del acto de resistencia en la sede de la Suprema Corte de Justicia en Montevideo en oposición al traslado de la jueza Mariana Mota, que fue intempestivamente alejada de las causas penales que tramitaba referidas a crímenes de lesa humanidad cometidos “en mi país”.



Los lectores del diario escribieron:

—“Goyo, cómo te extraño [...]”

—“Debería ir preso este viejo na abo (sic) por alterar el orden público… a ver si aprende algún día que la convivencia en democracia debe basarse en el respeto a los demás, a las instituciones y a las normas, te gusten o no, y que si no te gustan hay mecanismos democráticos para cambiarlas y que no es entrar a «pechar» así nomás en cualquier lado… viejo pa avo… (sic) le vendría bien lo guarden un rato…”

—“¡Habría que aprovechar ahora!, que están todos juntitos y meter un par de granadas de fragmentación!... Vamos recogiendo suave la basura y contribuimos con la IMM [Intendencia Municipal de Montevideo].”

—“Esta escoria debería haber sido pasto de los gusanos... hace décadas... ¡DÉCADAS!”



(Aclaración: quien “extraña a Goyo” extraña a Gregorio Conrado Álvarez Armelino, alias Goyo, nacido en Lavalleja el 26 de noviembre de 1925, de profesión oficial de ejército y represor que usurpó el cargo de presidente de gobierno de Uruguay entre 1981 y 1985, hoy condenado y preso.)




En mi país, qué tristeza,
la pobreza y el rencor.
Dice mi padre que ya llegará
desde el fondo del tiempo otro tiempo
y me dice que el sol brillará
sobre un pueblo que él sueña
labrando su verde solar.
En mi país, qué tristeza,
la pobreza y el rencor.


sábado, 6 de abril de 2013

Fingimos tener paciencia, por Adriana Cabrera Esteve



Adriana es uruguaya y tiene, ella lo escribe, cincuenta y siete años. A los veinte, en 1976, siendo una muchacha, sufrió la desaparición forzada de su padre, Ary Cabrera, carpintero y trabajador bancario, secuestrado en Argentina por la cordinadora dictatorial. Yo podría ser hermano de las hijas de Ary, y lo soy en sentimiento popular y rioplatense. No me desaparecieron padres ni parientes directos aunque sí entrañables compañeros y la madre de una sobrina ahora de cercana edad a la de Adriana. Aquí este texto publicado inicialmente en su blog http://adrianacabreraesteve.wordpress.com/

Acabemos con la paciencia y sus ficciones…





Fingimos tener paciencia

Por Adriana Cabrera Esteve


La verdad es que esta situación en la que nos encontramos luego de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 nos hace acordar a la canción de Lenine, Paciencia, en la que afirma “la vida no para/ la vida es tan rara” y bastante antes,



Cuando todo el mundo
espera la cura del mal
Y la locura finge
que todo esto es normal
Yo finjo tener paciencia



Mi padre fue secuestrado en 1976, en ese entonces tenía 20 años, hoy tengo 57. Pasaron 37 años y, como Lenine, fingimos tener paciencia. Lo mismo ha sucedido con otros hijos, niños recién nacidos o pequeños cuando secuestraron a sus padres, ahora comienzan a ver pequeñas canas en el espejo, sólo para recordarles que la vida no para. El tiempo corre a favor de los criminales. Nosotros perdemos el tiempo que ellos ganan. Nuestros años pasan y seguimos lideando con diferentes formas de impunidad. Y lo más terrible, los años de los culpables de crímenes de lesa humanidad, también pasan y salvo un pequeño número de condenados, la gran mayoría están en libertad. También han pasado los años de Luz Ibarburu, Tota Quinteros, Violeta Malugani, María Salvia de Errandonea, Guillermo Sobrino y la lista es larga. Los vimos y nos vimos denunciar ante los organismos internacionales o coordinar con las madres argentinas, los vimos y nos vimos llevar las fotos de nuestros familiares a la Plaza Libertad, los vimos y nos vimos cargar la presencia de nuestros familiares a las concentraciones de los primeros de mayo o a las marchas de los 20 de mayo. ¿Qué queríamos? Lo que quiere cualquier ser humano al que le roban un ser querido: tenerlo de vuelta. Y cuando resultó que no era posible, denunciar sus secuestros, exigir justicia. Pero también vimos otras cosas. Vimos, más recientemente, hombres y mujeres que luego de años de silencio se animaron a contar y a denunciar lo sucedido en las cárceles de la dictadura. Durante décadas no habían podido hacerlo; cuando les fue posible, el plazo, según la SCJ, insólitamente había prescripto. ¿Qué sucedió con aquello de que al impedido no le corre término? ¿Qué tiene todo esto que ver con la obligación del Poder Judicial de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas?



La sentencia de la SCJ va en contra de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero más aún, va en contra del concepto mismo de crimen de lesa humanidad. Lo desconoce como si Uruguay no hubiera suscripto los tratados internacionales que lo obligan a tratar los crímenes cometidos desde el Estado como tales. Y se opone, sin duda a la Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que obliga al Estado uruguayo a reparar los crímenes de la dictadura y a actualizar su actuación y su legislación interna acorde a las normas internacionales de derecho.



El 23 de febrero, a través de un comunicado de prensa, Hijos Uruguay decía: “Debemos además expresar que no logramos salir de la sorpresa y el estupor que nos generan estos hechos, cuando creíamos que en nuestro país se comenzaban a avizorar ciertos avances respecto a nuestros históricos e insoslayables reclamos.



Avances que se traducían en un lento pero palpable aggiornamiento de nuestra jurisprudencia con el derecho internacional o en el paulatino cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, los resultados en los trabajos de excavaciones en los predios militares y la investigación histórica con el correspondiente acceso y difusión de parte de los archivos de la dictadura.



Cuando comenzaba a insinuarse un cambio cultural que buscaba desembarazarse de la impunidad como regla de juego y condición inalterable en el perverso juego de las relaciones sociales tuteladas por la memoria del horror.”



Entre los defensores de la teoría de los dos demonios y los defensores del terrorismo de Estado, quizá no debió sorprendernos que sigan existiendo en nuestro país quienes se inclinan a favor de los victimarios en lugar de defender a las víctimas. Quizá tampoco debió sorprendernos que haya quienes desconocen todos los avances de la humanidad en materia de derechos desde el Holocausto a la fecha. Por eso, creemos necesario apoyar la Declaración de la Institución de Derechos Humanos sobre administración de justicia y derechos humanos y exhortar al Poder Legislativo a comprometerse en la democratización del Poder Judicial, legislando para establecer un sistema claro y transparente de ingresos, nombramientos y ascensos de los magistrados y funcionarios, así como la creación de un Consejo Superior de la Magistratura. También exhortar a jueces y fiscales a cumplir con la Sentencia de la CIDDHH sin ceder a las presiones y amenazas implícitas en el traslado a un Juzgado Civil de la Jueza Mariana Mota. Por último, se hace imprescindible que el Presidente y sus ministros tengan una actitud enérgica, proactiva e inequívoca de compromiso con los derechos humanos tal cual lo establece el programa elegido por la ciudadanía al que se deben.

viernes, 5 de abril de 2013

El Pepe y sus amores contrariados con una vieja terca



La historia, imaginándola contada bajo el quinchado del boliche “El Resorte” por don Verídico a la Eduviges, en un atardecer pomposo y magnífico pleno de murmullos camperos, o en las voces de dos tan urbanos como dubitativos guapos otrora interpretados por Julio César Castro, Juceca, y Horacio Buscaglia, en la AM 1410 de Montevideo, nos resultaría pintoresca y desopilante.

Pero no nos resulta pintoresco ni desopilante el venteo de los dichos oficiosos de José Pepe Mujica ante micrófonos que parecían apagados pero no lo habrían estado, multiplicado en las portadas de los rioplatenses El Observador, El País, La Nación, Ámbito Financiero, Clarín, Perfil y otros medios repetidores, más en Nuevatribuna y el también “madrileño” Diario de Cuba, ambos de España, o la CNN de Estados Unidos y muchísimos otros medios del mundo.

El Pepe, llamado así con cordial respeto y lejísimos del también abrupto y extemporáneo comentario de un “notero” de radio porteña, quien le enrostró al presidente oriental “manejar su país desde una chacra”, probablemente metió la pata (o abrió la boca inadecuadamente). Es decir, “pisó el palito”, cayó en la trampa de deslenguarse delante de micrófonos de manejo subrepticio y tendencioso.

Intenté ayer, jueves 4 de abril, descifrar lo que se dijo en presidencial castilla uruguaya entre el fenomenal barullo y ruido electrónico registrado en una grabación ofrecida en los sitios en Internet por diarios y otros medios. En el del noticiero Subrayado del Canal 10 de Montevideo se reconoce la voz de Mujica, y con incierta claridad los dichos que se le adjudican. Se ven en la imagen de vídeo al presidente Mujica, pero no coinciden los movimientos de su boca con las palabras que se escuchan; también se ven con claridad el rostro y los gestos de Carlos Enciso, el jefe gubernamental del Departamento de Florida, anfitrión del Presidente esperando ambos y otras personas más la finalización de un acto oficial de firma de convenios educativos.

Enciso apenas sonríe, parece afirmar, y habría dicho nada más que “es peor, sí”, según la transcripción que ofrece el sitio del noticiero televisivo. En ningún momento al Intendente se lo ve hacer seña alguna para advertir a su huésped del riesgo de que los micrófonos estuvieran abiertos. Mujica está cercano a los ochenta años y Enciso cuenta apenas con cuarenta y seis, y si por los gestos el primero parece despreocupado por el entorno circunstancial de ese momento no es lo mismo lo que se observa en el más joven que, además, es un dirigente político del Partido Nacional, o Blanco, declarado opositor del gobernante Frente Amplio.

El posterior enojo de José Mujica cuando esos dichos on the record tuvieron difusión internacional y el Gobierno argentino presentó su formal queja diplomática con seguridad que fue un enojo consigo mismo, y justificado está. Los partidos Blanco y Colorado, no hace mucho, en oportunidad de la inauguración en enero de este año y en ausencia de Hugo Chávez, muy enfermo, de su nuevo período presidencial, en Venezuela, acusó a Mujica, presente en Caracas, de haberse prestado a un virtual “golpe de Estado contra el estado de derecho latinoamericano”, cito apenas de memoria. Fue una canallada propia de la corporación de los partidos de la derecha mundial. Ahora podríamos estar en una situación similar en la que, inclusive, no pocos “compañeros” del propio Frente Amplio verían con satisfacción como se desvaloriza la figura de un dirigente menos flexible que aquellos ante las “sugerencias” del establischment.

Si el Pepe se zafó, soltó la lengua, y dijo lo que se escucha que dijo diciéndolo en su acostumbrado lenguaje florido y campechano, tendría que tras cartón haber levantado “el tubo” y “pegarle una telefoneada” urgente a la Presidenta argentina para expresarle sus disculpas, explicarle que si bien ella efectivamente es una “vieja terca” él mismo es bastante más viejo y encima chambón, pero honesto. Mujica no dijo nada que sea gravísimo, porque a Néstor Kirchner desde hace mucho e inclusive con cariño se le dijo tuerto, bizco, bizcocho, pingüino y hasta “Bifocal”, como solía ponerle de apelativo de pila este escribiente; y a Cristina Fernández, quien reconoce ser una señora de sesenta años, llamarla “vieja terca” no es para nada demeritorio. Las terquedades salvan vidas, países e inclusive continentes. Es bueno que el barbudo Fidel, por ejemplo, sea un viejo terco. Que Pepe siga durmiendo con la Lucía en su chacra de Rincón del Cerro, no use corbata, no tenga más de cuatro o cinco pilchas y su auto ya esté en camino de ser “cachila”, es un buen indicador. Lo que le falta, pareciera, es la muñeca política de El Tuerto y la rapidez de la Vieja Terca. Si hace un cruce rápido “del charco” y no llora sobre el hombro de Cristina como en su momento hizo Jorge Batlle sobre el de Duhalde, estaremos más tranquilos.

Más de cincuenta personas muertas II: “No hay políticas para regular el suelo”, sostiene el arquitecto y urbanista argentino Eduardo Reese



“Tanto Buenos Aires como La Plata fueron construidas sobre el curso de arroyos” señala Reese, y sostiene que es imperativo regular el uso del suelo y también al negocio inmobiliario.

El periodista Pedro Lipcovich, del diario Página/12, publica hoy, 5 de abril, un muy oportuno reportaje al urbanista Eduardo Reese, investigador y docente en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, sita en Los Polvorines, en el noroeste del Gran Buenos Aires y a treinta y pico de kilómetros del centro porteño. A unos cinco kilómetros del emplazamiento de esta Universidad relativamente reciente transcurrió hace treinta y un años aquel episodio de autodefensa popular relatado en este blog con el título de “Malvinas: una microhistoria más para…”.

Eduardo Reese, en la conversación con Lipcovich, también se refiere a la modificación topográfica en perjuicio de barrios y pobladores del Municipio de Tigre que implicó la construcción de una urbanización privada y de lujo que lleva el nombre de Nordelta –con chalets, caminería, laguna propia, lofts y aparts– y a la que se accede aprovechando una autopista y autovías costeadas por el Estado.

El artículo de Wikipedia sobre Eduardo Constantini, cuyo contenido sin ninguna duda ha sido incorporado por sus propios responsables de relaciones públicas, explica que el “desarrollador” de Nordelta tiene ahora sesenta y seis años de edad, es “empresario inmobiliario, millonario y coleccionista de arte”, que su “fortuna es superior a los 300 millones de dólares” y que en agosto de 2010 “anunció que donaría el 20 %” de ésta. También se informa en Wikipedia que Constantini, en 1971, “se licenció en Economía en la [Pontificia] Universidad Católica Argentina. Realizó un máster en Economía en la Universidad de East Anglia (Inglaterra), recibiéndose en 1975. Se desempeñó en varias empresas como Penta S. A. y Huancayo S. A. y como agente de bolsa durante la década de 1980. Entre 1991 y 1993 fue vicepresidente del Banco Francés. En 1991 funda Consultatio Asset Management, empresa dedicada a la administración de fondos de inversión. Preside la fundación que lleva su nombre”.

En el mismo artículo también se destaca que además de ser propietario del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MALBA), cuyo moderno edificio está situado en el lujoso Barrio Parque, en Palermo, también es “dueño del barrio privado de lujo Nordelta y las torres Grand Bourg, Oro, Catalinas Plaza y Alem Plaza” a través de Consultatio, empresa que “según un informe enviado a la Bolsa de Buenos Aires, dejó en el primer semestre del 2009 32,5 millones de pesos de ganancia. También es dueño de otros proyectos inmobiliarios, como […] el country club Las Garzas en Rocha, Uruguay”. Este “desarrollo” ha generado controversias en el país oriental tanto por la significativa alteración que implicaría para el ecosistema de la laguna Garzón, en el deslinde de los departamentos de Rocha y de Maldonado, como para el erario público. Un puente sobre dicha laguna propuesto por el empresario y “necesario” para que su negocio prospere costaría entre ocho y nueve millones de dólares, de los cuales Constantini solamente aportaría dos y medio.

El que sigue es el reportaje de Pedro Lipcovich



“Los 57 muertos en la última tormenta muestran la falta de políticas públicas sobre la regulación del suelo”, sostiene Eduardo Reese, profesor en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Por esa ausencia, toda el área metropolitana, incluso La Plata, “tuvo un crecimiento irrespetuoso: se ocuparon cuencas de ríos, de arroyos, no se dejaron espacios verdes para drenaje de aguas”, y los sectores populares tuvieron que ir a vivir “en la mierda del borde de los arroyos, como en El Gato, donde hubo esta vez varios muertos”. Al mismo tiempo, “el mercado inmobiliario obtiene ganancias del mil por ciento, aprovechándose de las inversiones públicas”. En Tigre, “la urbanización Nordelta alteró el bañado de Rincón de Milberg, acarreando inundaciones. En la Ciudad de Buenos Aires, “si siguen construyendo torres en la avenida Juan B. Justo, las obras que se hicieron ya no darán abasto”. Por eso, concluye, “son necesarias, sí, nuevas obras de infraestructura, pero sin políticas que intervengan en el mercado inmobiliario, todo será inútil”.

“Es cierto que la última catástrofe respondió a un evento excepcional, pero la región metropolitana de Buenos Aires, incluida La Plata, casi desde su fundación tuvo un crecimiento irrespetuoso de las condiciones naturales del territorio. El área metropolitana y muchas ciudades argentinas crecieron a merced del mercado, con muy bajo nivel de políticas públicas y regulación del suelo, y las consecuencias las sufrimos cada vez que llueve. Esta tormenta ha sido particularmente grave pero ya el año pasado hubo inundaciones, tornados, y los efectos se sienten en cuanto un evento meteorológico supera los parámetros normales, que además han cambiado a partir del cambio climático global”, explicó Reese, quien también enseña en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata.

–¿Qué políticas públicas centrales han faltado?

–No hubo políticas públicas que impidieran la ocupación de cuencas de ríos, de arroyos –contestó Reese–; no hubo la previsión de dejar espacios abiertos verdes, necesarios para el drenaje del agua y la contención de las crecidas. Eso se paga muy caro. Varios de los muertos del último evento vivían al borde del arroyo El Gato, donde predominan barrios populares, villas, asentamientos. En toda la historia de nuestras ciudades el mercado mandó a vivir en esos lugares a los sectores más pobres, que también fueron los que sufrieron más este evento, como también lo muestra el caso del barrio Mitre en la capital. Casi la totalidad de las villas del área metropolitana, con la excepción de la Villa 31, están en cuencas inundables. Y la idea más clara de la falta de políticas públicas está dada por los 50 muertos en este evento.
“Todo el borde del Río de la Plata es inundable –advirtió Reese–. La ciudad de Buenos Aires está construida encima de cinco arroyos; los han entubado, la Ciudad les pasó por arriba, pero están ahí. Siempre se pensó que todo se arreglaba con un par de obras, pero las obras necesarias son cada vez más grandes, caras y difíciles. Claro que es necesario hacer obras de infraestructura, todo presupuesto volcado en ello está bien invertido, y más si se trata de salvar vidas: pero si, junto con las obras, no se controla el proceso de urbanización, la situación tenderá a agravarse, aun cuando se metan más caños, más aliviadores, más diques.”

–¿Cómo se controla el proceso de urbanización?

–Hay que hacer planificación urbana e intervenir en el mercado inmobiliario. El año pasado, desde el Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento y organizaciones sociales populares discutimos el proyecto de ley, que se aprobó, por el cual los nuevos countries tienen que destinar el diez por ciento del terreno a oferta de suelo equipado y con infraestructura para los sectores populares; esos sectores que, si no, tienen como única salida ir a vivir en la mierda de los bordes de los arroyos. La planificación urbana y la gestión territorial deben ser políticas de Estado. No hay que olvidar que gran parte de la valorización inmobiliaria proviene de decisiones públicas. Por ejemplo, ahora se construye la continuación del Camino del Buen Ayre; es con dinero público, lo pagamos todos, pero ¿quién se llevará la valorización del suelo en los bordes de esa autopista?: los desarrolladores inmobiliarios que compraron antes esos terrenos.

–¿Cómo evitarlo?

–A los desarrolladores debe cobrárseles un plusvalor por el alza de precio del suelo proveniente de las obras públicas. Esa valorización inmobiliaria debe ser capturada por el Estado para hacer loteos, infraestructura y préstamos para viviendas populares. Pensemos que un terreno se compra a dos o tres dólares el metro cuadrado pero, cuando le aprueban la ordenanza para construir, su valor pasa a 20 o 30 dólares el metro cuadrado: una ganancia del mil por ciento. Esas son las tasas que se manejan en el mercado inmobiliario, a partir de inversiones del Estado que van a parar a manos de especuladores, mientras cientos de miles de familias no tienen dónde ir a vivir.
“Otras medidas complementarias –agregó Reese– son las de protección de los bordes de los arroyos y apertura de espacios verdes. Si en estos días el agua no terminaba de bajar, fue porque los suelos no la pueden absorber, porque no hay espacios abiertos. Y hay que prohibir la alteración de la topografía y de las cuencas inundables. Nordelta, por ejemplo, ocupó una cuenca inundable, cambió totalmente lo que era el bañado de Rincón de Milberg, alteró la topografía natural del lugar, y ahora se quejan porque se inunda.”

Otro ejemplo claro, para Reese, está en la Ciudad de Buenos Aires: “Siguen construyendo torres sobre la avenida Juan B. Justo, lo cual implica mayor impermeabilización, mayor concentración de población, más basura y más riesgo de daño ante eventos climáticos. Esas torres están en el curso del arroyo Maldonado. Por eso es necesario incluir medidas de regulación del suelo, medidas urbanísticas. Las obras del Maldonado funcionaron esta vez, pero si siguen metiendo torres hasta que no funcionen más, de nuevo van a decir: faltan más obras. Y esto se propicia porque el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad designa como zonas inundables sólo a La Boca y el Bajo Belgrano. Atrasa cien años: hoy se inundan muchos más lugares, pero el código no fue cambiado”.

Drama: más de cincuenta personas muertas en Buenos Aires



Algo más de cincuenta personas muertas, la mayoría de ellas, se presume –todavía no se ha confirmado–, ahogadas por los anegamientos consecuentes a la lluvia. No hemos escrito que esos anegamientos han sido consecuencia de una precipitación pluvial, es cierto que extraordinaria, sino que han sido consecuentes a ella: es decir, que los anegamientos que provocaron las muertes por asfixia por sumersión sucedieron después de la lluvia, no “por” la lluvia. No fueron consecuencia de un fenómeno estrictamente natural o de la fatalidad las causas del anegamiento que mató por asfixia a la mayoría de las más de cincuenta personas muertas. En otros factores hay que enfocar la atención y especialmente en conductas humanas. Mientras ocurrían las muertes los máximos responsables de las ciudades de donde los muertos eran “ciudadanos” se encontraban de vacaciones en las playas de Brasil: el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y Pablo Bruera, Intendente de la Ciudad de La Plata, capital de la más poblada provincia argentina. Los auxiliares de este intendente pretendieron disimular su ausencia poniendo en las mentadas “redes sociales” imágenes de él “asistiendo” a damnificados; el propio Bruera desmintió la autenticidad de esas imágenes. Macri, más brutal, reivindicó su derecho a descansar.

Ambas ciudades están dirigidas por equipos de destacados miembros de la clase media, y en su mayoría pertenecen a esta “capa” social los electores que los ungieron en sus puestos de gobierno. Entre las víctimas fatales, las más de ellas, con seguridad, podrán ser calificadas como pertenecientes a los sectores sociales menos beneficiados y “vulnerables”, más extensos pero menos decisorios en cuestiones políticas. ¿Por qué se dice menos decisorios siendo que en número podrían ser más? Porque en las burocracias pesan más algunas “cualidades” que las cantidades: muchos bienintencionados y hasta voluntariosos en un plato de la balanza pesan menos que en el otro plato unos pocos con habilidades en las “técnicas de gestión” y que además son muy pillos o al menos bastante.  

En la Ciudad de Buenos Aires, el Barrio Mitre, un enclave de menos de media docena de hectáreas dentro del más extenso barrio Saavedra y cerca del de Núñez, sobre la comercial avenida Cabildo que lleva hacia Belgrano, en el límite norte de la ciudad, tiene una historia de tristezas y de olvidos. Tristezas de sus pobladores y olvidos de “los ricos” ya desde 1940 cuando allí se constituyó una de las primeras villas “de emergencia”, “miseria”, “morro” o “cantegril” de familias trabajadoras rurales atraídas por la gran capital (o, más precisamente, por el gran capital). En 1957 un incendio destrozó el asentamiento y sus pobladores fueron trasladados al gran monumento a la inequidad luego demolido en marzo de 1991: el “Albergue Warnes”, una enorme mole de hormigón en el centro geográfico de Buenos Aires que se había comenzado a construir con destino a un hospital pediátrico nacional y que caído el Gobierno de Juan Perón quedó abandonado.

Un año después, en 1958, el gobierno surgido del golpe cívico militar que había derrocado a Perón inauguró el “Barrio Mitre” con casitas muy modestas destinadas a los damnificados de aquel incendio. Desde aquel momento hasta ahora transcurrieron cincuenta y cinco años. Quizá son tres las generaciones de pobladores que en este lapso, y sin solución de continuidad, continuaron tanto sumando habitaciones y mejorando sus viviendas sin dejar de ser “olvidados” y “discriminados” cada vez que el “progreso” se acercaba a su geografía habitacional. En estos cincuenta y cinco años en la proximidad del Barrio Mitre se construyó la primera autopista argentina, el llamado Acceso Norte o Ruta Panamericana, edificios torre para industrias y oficinas de lujo, se reconstruyó integralmente la avenida General Paz y se instaló un “súper shopping”, el “Dot Baires”. Y oscura, no clara, el agua no pudo escurrir y salir de la ciudad.

Pasó otro tanto en las barriadas periféricas de la otrora “modernísima ciudad de las diagonales”, La Plata, fundada, diseñada y construida inicialmente a fines del siglo XIX tras el exitoso implante de estancias agropecuarias en el sur de “la provincia de” Buenos Aires –de allí viene el escribir provincia con inicial minúscula– en la fértil pradera donde con “las armas de la patria” (marca Rémington) se aniquilaron decenas de miles de pobladores originarios para inaugurar un selecto núcleo de “terratenientes” familias oligárquicas.

Administrar tanta producción y acumulación de riqueza en pocas manos discriminando a multitudes del progreso requirió de “especialistas”, de “gestores”, de “vigilantes”. Requirió de una clase intermedia, intermediaria, de la clase media, a la que se pudo ingresar libremente con sólo adoptar convicción de pertenencia y obediencia (de conveniencia).

Así estamos, así anegados. Pero así todo se puede renunciar a ser “clase intermediaria” en la sumisión y explotación de los más. Para acometer con tal renuncia solamente es necesario pensar, pensar y practicar otras convicciones, no las de conveniencia personalísima.

martes, 2 de abril de 2013

Malvinas. Una microhistoria más para mejor interpretar la historia



Entre abril y los primeros días de junio de 1982, durante la Guerra de Malvinas, nos tocó a un reducido grupo de compañeros organizar la Defensa Civil en una asociación vecinal de un barrio del conurbano noroeste de la Provincia de Buenos Aires cercano a Campo de Mayo, entonces la mayor concentración del aparato militar terrestre (y ocultas en éste prisiones clandestinas donde se torturaba a trabajadores y militantes populares, y a las muchachas embarazadas se obligaba a parir con los ojos tapados para que no reconocieran el hospital y robarles sus bebés; nosotros, los militantes, eso lo sabíamos).

Dada la veda al quehacer político popular impuesta por la dictadura iniciada en 1976, y sobrevivientes de las persecuciones, un reducido grupo de muchachas y muchachos (para quienes yo con apenas cuarenta años era “el nono”) hacía un año que habíamos ingresado a aquella Sociedad de Fomento. El propósito inmediato había sido revivir la actividad recreativa y cultural del barrio, reestablecer lazos sociales, vencer al miedo.

Tres días después de la huelga general y de la concentración en oposición a la dictadura, el 30 de marzo en la Plaza de Mayo de la capital, cuando cada uno del grupo participó según sus filiaciones, ocurrió el desembarco en Malvinas. No habrían pasado más de dos semanas cuando fuimos convocados presidentes y secretarios de una treintena de asociaciones de vecinos a una reunión con el intendente municipal. El cargo lo ocupaba un viejo referente del partido radical heredero de Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen que había sido elegido para el cargo por voto popular en 1973, en minoría, es cierto, cuando el peronismo por disidencias entre facciones no presentó candidatos y decenas de miles votaron en blanco (había sido ungido, como se dijo, en minoría; luego los militares lo habían defenestrado y más tarde reincorporado, porque no tenían a quien poner en su lugar).

Lombardo, el intendente, nos pidió que organizáramos la Defensa Civil en cada uno de los barrios. Nos dijo que él era consciente que la mayoría de nosotros rechazaba al gobierno dictatorial, pero que nos lo solicitaba ante el grave riesgo que corría la población. En conversaciones más reservadas con otros jerarcas municipales nos dijeron que se habían enterado oficiosamente que en las altas esferas militares se presumía la posibilidad de un bombardeo británico. Nuestra “misión”, declarado un alerta de bombardeo, era movilizar de cualquier manera y mediante propios medios, sin ninguna ayuda, a los pobladores más vulnerables a través de más de diez kilómetros hacia fuera del área de riesgo.

Esa noche el grupo peronista, socialista y comunista se reunió en casa (casa que ya no existe porque cinco años y medio después, en enero de 1988, fue incendiada ex profeso en significativa coincidencia con el alzamiento del “carapintada” Aldo Rico en Monte Caseros, Corrientes). En esa reunión volvimos a caracterizar y analizar la situación. Consecuentemente resolvimos organizar la Defensa Civil en una extensión de sesenta manzanas en las que residían más de mil quinientas familias trabajadoras, la mayoría entre modestas y pobres. A esas familias pertenecían unos cuatro mil niños y adolescentes. Se decidió por dos razones: si se concretaba el bombardeo garantizar la autoprotección de la mayor cantidad de vecinos y, también en primer lugar, producir una movilización de organización y autodefensa de esencial experiencia incluso si aquella amenaza aérea no se concretara. 

Fue una tarea ardua, con relevamientos casa por casa, de personas y sus edades, de reservas de agua y de camiones, coches, motos, carros, bicicletas y hasta carretillas, la incorporación de colaboradores efectivos y potenciales (responsables de manzanas, conductores de vehículos, paramédicas, electricistas, mecánicos, etc.). En el lapso de la guerra se realizaron con los vecinos tres reuniones de análisis de la situación que tuvieron carácter masivo. En ellas entre todos se habló de política, de rescatar a los partidos populares y a los sindicatos como expresiones de los intereses de la base social, y se saludó a la solidaridad latinoamericana.

En el ámbito más reducido de los “militantes” y algunos allegados que se iban sumando, a partir de información periodística de la época reflexionamos entonces sobre la intención del imperialismo, en el marco del calentamiento de la “guerra fría”, de conformar por entonces una Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS), una suerte de “filial” de la norteña OTAN, y que en tal advenimiento había un gran interés anticomunista mutuo, pero a la vez en rivalidad, de la Sudáfrica del entonces apartheid  y de la dictadura argentina, con Massera a la cabeza. Ahora el Gobierno de Estados Unidos reflota el proyecto, refiere Raúl Zibechi en un artículo que en enero de este año publicó ALAI (http://alainet.org/active/61117&lang=pt).

En los inicios de la década de 1980 Estados Unidos e Inglaterra observaban. Estados Unidos vigilaba con atención su patio trasero haciendo guiños al egocéntrico y alcohólico Galtieri, a quien engolosinaba llamándolo “majestuoso general”. El mayor afán de “nuestros” dictadores era componer las cortes de los amos imperiales, y en esa febril ambición, cuando ya aquellos amos torcían sus pulgares hacia abajo concluida la tarea “reorganizadora” de diezmar la voluntad de los mejores, no se les ocurrió mejor idea que producir un hecho de fuerza que los reposicionara. Pero no que los reposicionara ante nosotros mismos, los pueblos sufridos del sur americano, sino que los reposicionara en la materialización del sueño de la OTAS.

La todavía Unión Soviética, Cuba, y otros gobiernos latinoamericanos sin duda que no desconocían ese general cuadro de situación. Simplemente actuaron con estrategias y tácticas de la política, como nosotros muy modestamente en aquella asociación vecinal de algo más de mil quinientas familias trabajadoras, la mayoría entre modestas y pobres.

Sobre esta caracterización de aquella “recuperación histórica” hay otros materiales de análisis, entre ellos un artículo de 1985 de Alberto Justo Sosa, y los por él citados (http://www.amersur.org.ar/PolInt/OTAS.htm). Aquí solamente recurrimos a la memoria personal.